"Estamos decepcionados. Lo importante para Castilla-La Mancha era tener un compromiso del Gobierno de que se iban a pagar esas cantidades. Lejos de hacerlas efectivas, lo que se nos propone es darnos un préstamo que elevaría nuevamente nuestro endeudamiento. Por lo tanto, no puedo estar satisfecho con la propuesta que ha hecho el Ministerio". El tono que utilizó el consejero manchego de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, a la salida de la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera dejaba claro que la solución ideada por el Ministerio de Hacienda para sustanciar la situación creada por el impago de los 2.500 millones de euros que los gobiernos autonómicos debían repartirse a cuenta del IVA no cobrado del año 2017 no les convencía. Luego deslizó que el Ejecutivo manchego no cerraba la puerta a acudir a los tribunales para reclamar la cantidad que le correspondía de ese principal. Aún no han tomado la decisión.
Algo que sí han hecho otros gobiernos autonómicos como la Generalitat de Cataluña o el de la Comunidad de Madrid, que otras regiones gobernadas por el Partido Popular como Galicia, Andalucía y Murcia están en vías de concretar y que tanto Castilla y León (PP) como un grupo de regiones con gobierno socialista, entre las que se cuentan la Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha o incluso Baleares han abierto la puerta a hacer.
Fuentes del PP aseguran que los gobiernos autonómicos controlados por el partido van a acudir en bloque a los tribunales para reclamar unos recursos que entienden que les corresponden y señalan también que se están manteniendo contactos a nivel local en las regiones gobernadas por el PSOE para configurar un frente común que dé fuerza a la ofensiva judicial y de alguna manera 'fuerce' a Hacienda a transferir estos fondos.
No es ni mucho menos la intención del Gobierno, como dejó claro la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la salida de la maratoniana reunión de cerca de cinco horas del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Desde el Gobierno argumentan que a la vista de los datos de avance de ejecución presupuestaria de 2019 los gobiernos de las comunidades autónomas de Régimen Común -las que están sujetas al sistema de financiación- ya han hecho uso 'de facto' de esos fondos, porque en todos los casos se han desviado de su objetivo de déficit en una cuantía superior a los recursos que les correspondía ingresar por el IVA.
Constatada esa realidad, lo que Hacienda propuso a las comunidades autónomas es dar esos fondos por efectivamente recibidos, detraerlos a la hora de calcular su cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal de 2019 y financiar su cobertura con un préstamo a tipo cero. Es decir, ese gasto extra se consolidaría como deuda autonómica, pero sin coste alguno. La solución no gustó a casi nadie. De forma más explícita o más tenue, los consejeros de Hacienda de las diferentes comunidades autónomas rechazaron uno detrás de otro el 'apaño' propuesto por Hacienda y plantearon como solución la única que ven aceptable: la transferencia efectiva de los recursos dejados de cobrar.
Un embrollo que viene de 2017
Todo viene del año 2017. Ese año el Ministerio de Hacienda entonces dirigido por Cristóbal Montoro puso en marcha un esquema revolucionario de gestión en el IVA, el Suministro Inmediato de Información (SII), que le empezó a proporcionar casi en tiempo real un volumen de información sobre la facturación de las grandes empresas nunca antes visto...pero que generó un desajuste en origen por la flexibilidad que se quiso proporcionar para su puesta en marcha. Ese año 2017 el Gobierno permitió liquidar el IVA correspondiente en noviembre -que normalmente se abonaba en diciembre- en el mes de enero de 2018 para facilitar la adaptación de todas las empresas concernidas al sistema. La decisión no afectó a la financiación autonómica de 2017 que se sustancia a golpe de entregas a cuenta, pero generó un potencial desajuste de cara a 2019 ya que la liquidación definitiva de los ingresos por IVA de 2017 se hizo sin contabilizar los ingresos de noviembre, que ese año excepcionalmente se ingresaron en enero. Es decir, la liquidación del sistema contabilizó un mes menos de lo que era habitual, lo que según las comunidades autónomas supuso un desfase de 2.500 millones.
El asunto se habría resuelto si 2019 no se hubiera desarrollado como un ejercicio casi completo con un Gobierno en funciones. Hacienda, que sí encontró margen para transferir a las comunidades autónomas los anticipos a cuenta cobrados de menos en 2019, no encontró el momento o el cauce para liquidar esos 2.500 millones de euros de la mensualidad pendiente de la liquidación definitiva del IVA de 2017 y abrió la puerta a un encontronazo con las comunidades autónomas que puede terminar resolviéndose en los tribunales.
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