El crecimiento económico más moderado previsto para este año y un menor dinamismo de los ingresos tributarios harán que España pise el freno en el proceso para reducir su déficit y su deuda en relación a los últimos ejercicios. A estas premisas, que la Comisión Europea ponía sobre la mesa en sus últimas perspectivas económicas, habría que añadir el hecho de que el Gobierno haya optado por eliminar de forma paulatina las medidas aprobadas para hacer frente a la crisis económica, mientras persisten las incertidumbres a nivel geopolítico y siguen existiendo presiones en los precios, sobre todo de los alimentos.
La Autoridad Fiscal (AIReF) situó el coste del conocido como 'escudo social' en 15.000 millones de euros. Tanto las previsiones de Bruselas como las de otros organismos nacionales e internacionales suponían que este plan de choque iba a decaer prácticamente por completo el pasado 1 de enero, lo que suponía un ahorro cuantioso para las arcas públicas. La prórroga parcial anunciada por el Ejecutivo a finales de diciembre dificulta la consecución de la meta de déficit del 3% a la que obliga la vuelta de las reglas fiscales.
En su último informe mensual, CaixaBank Research calcula que la ampliación de las medidas anticrisis tendrá un coste de unos 5.000 millones de euros, alrededor del 0,3% del PIB. Implicará, por tanto, una presión al alza del déficit fiscal este año en relación a lo previsto en el Plan Presupuestario. De acuerdo con las estimaciones de la Comisión Europea, que tomaban como referencia ese plan, sin una prórroga de las medidas el desequilibrio de las cuentas públicas españolas se situaría a cierre de este año entre el 3,3% y el 3,5% del PIB.
Desde el servicio de estudios de la entidad explican que ese impacto al alza sobre el déficit de tres décimas se verá parcialmente compensado en una o dos décimas por un crecimiento de la economía mayor de lo esperado hace unos meses. Finalmente el avance del PIB nominal ha sido del 8,6%, superior a las previsiones (la Comisión Europea preveía un crecimiento del 7,7% y el Plan Presupuestario, del 8,3%) y el dinamismo registrado en el cuarto trimestre tendrá un efecto arrastre sobre el crecimiento de 2024.
Así, en la firma explican que, teniendo en cuenta el coste fiscal de la extensión y la incorporación de los últimos datos macro, el déficit en 2024 se situaría en un rango entre el 3,1% y el 3,4% del PIB. Si lo hace en la parte alta o baja de esa horquilla dependerá, entre otras cosas, de cuál sea la cifra con que cierre el déficit en 2023 y de si los presupuestos para este año acaban incorporando medidas adicionales.
Coste por medida: de la rebaja de la energía a la de los alimentos
Por tipo de medidas, en CaixaBank Research calculan que la extensión parcial de las rebajas fiscales a la energía detraerá cerca de 1.800 millones de euros de ingresos en relación con una vuelta a los tipos normales desde el mes pasado. Mientras, la del IVA de los alimentos -que se mantendrá durante el primer semestre- se traducirá en 1.200 millones menos en ingresos.
Por el lado del gasto, la financiación en la primera mitad del año de los límites aplicados al crecimiento de la tarifa de último recurso de gas (TUR) podría tener un coste fiscal de 500 millones. Y en transporte público, la extensión de las medidas de 2023 a todo 2024 implican, entre otras cosas, un coste de 1.400 millones de euros por la gratuidad de Cercanías, Rodalies y Media Distancia para usuarios frecuentes, y por el 30% de descuento para el transporte público autonómico y local.
Esta visión coincide con la advertencia lanzada por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) el pasado jueves, que también apuntaba a lo "complicado" de que España se ciña este año a la senda fiscal pactada con la ampliación de unas medidas que, según el 'think tank' próximo a CEOE, son "cuestionables". Sus investigadores consideran que las subvenciones directas o implícitas a los combustibles y la electricidad desincentivan el ahorro energético. A la vez, lamentan que las ayudas se apliquen de forma universal, en lugar de limitarse a los colectivos que realmente las necesitan, lo que eleva "innecesariamente el gasto".
Sin embargo, la prórroga del 'escudo social' también tendrá otro tipo de efectos sobre el bolsillo de los consumidores. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que la inflación se modere más de lo que había previsto. El organismo fiscalizador revisó recientemente a la baja su cálculo de IPC para este año hasta una tasa media del 3,3%, dos décimas por debajo del 3,5% al que despidió el pasado ejercicio y más de medio punto por debajo de lo que había estimado previamente.
