La formación del nuevo Gobierno calienta todavía más la batalla fiscal autonómica

La reforma de la fiscalidad autonómica vuelve a la agenda pública. La investidura de un nuevo Gobierno —ahora en manos de PSOE y Sumar después de que PNV y Coalición Canaria hayan mostrado su rechazo a Feijóo— pasa inevitablemente por cumplir con las exigencias de las formaciones nacionalistas y regionalistas. Estas consideran caducado el modelo de financiación de las comunidades autónomas del régimen común vigente desde 2009, una reclamación a la que también se han ido sumando los distintos gobiernos autonómicos independientemente de su color político: desde el valenciano de Ximo Puig al andaluz de Juanma Moreno. 

Esta actualización volverá a ser uno de los grandes retos de la nueva legislatura después de que en los últimos años, ni siquiera en los de mayorías absolutas del PP, haya podido salir adelante por la falta de acuerdo entre autonomías. El actual Ejecutivo de Pedro Sánchez incluyó en su programa electoral la promesa de reformar el sistema en un plazo máximo de un año. Los socialistas, que han tenido cuatro años para abordarlo, alegan que circunstancias excepcionales "lo han impedido". 

El modelo propuesto por el PSOE se basaría en la corresponsabilidad fiscal y estaría sujeto a los principios de equidad, solidaridad, autonomía financiera, suficiencia financiera y lealtad institucional, "para garantizar la igualdad de acceso de la ciudadanía a los servicios públicos". Su idea pasa por que la inversión total de las administraciones españolas alcance el 7% del PIB en inversiones, 5% para Educación y el 2% para Servicios Sociales. Determinadas voces dentro del PSOE ya se mostraron favorables a cambiar el reparto de fondos, como el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, o el asturiano Adrián Barbón. 

Las exigencias de Junts y ERC

Tanto Junts como ERC reclaman una nueva financiación para Cataluña que acabe con lo que denominan "la arbitrariedad del actual sistema". Ambas formaciones cifran en 20.000 millones de euros el déficit fiscal anual, derivado "no sólo de un trato injusto, sino del incumplimiento de la normativa vigente o de los principios más básicos de lealtad institucional", según ERC, quien exige al Estado los fondos correspondientes a infraestructuras presupuestadas y no ejecutadas. 

De su lado, los de Puigdemont consideran "discriminatorio" el modelo de financiación autonómica actual, alegando que Cataluña "es la tercera en capacidad tributaria y la décima en recursos recibidos". Sus reclamaciones pasan por compensar la infrafinanciación de la última década y la condonación de 75.000 millones de euros de deuda correspondiente al Fondo de Liquidez Autonómica. 

Presiones desde dentro del futuro Gobierno

La cuestión de la financiación no sólo está en manos de los nacionalistas. También forma parte de las exigencias de varias formaciones regionalistas que integran la coalición Sumar. Es el caso, por ejemplo, de Compromís, que ha hecho bandera de esta reclamación durante sus ocho años de coalición en el gobierno valenciano y que volvieron a incluirlas en su programa electoral para el pasado 23-J. 

La Comunidad Valenciana ha librado en los últimos años su particular batalla fiscal pese a ser, hasta el pasado mes de mayo, del mismo color que el Gobierno central. El Ejecutivo de Ximo Puig viene criticando que la región aporta más de lo que recibe y que la media de financiación por habitante, 1.997 euros, está por debajo de lo fijado por la Comisión de Expertos que trabajó la revisión del modelo a instancias del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro (PP), que situó este valor en 2.175 euros. 

Los de Joan Baldoví han reiterado la necesidad de reformar "inmediatamente" el sistema para así atender a nuevos criterios como la población, la prestación de servicios públicos o cubrir nuevas competencias. Las exigencias de los nacionalistas valencianos también pasan por que el Estado condone lo que consideran la "deuda histórica" de la Generalitat Valenciana fruto de una infrafinanciación "cronificada"; llevar a cabo nuevas inversiones en el territorio e implantar un "fondo de nivelación" que compense este déficit de financiación.

Coalición Canaria reclama su parte del pastel

También En Comú Podem, pieza clave del resultado electoral de los de Yolanda Díaz con siete escaños en Cataluña, tiene sus exigencias al respecto. Su propuesta aboga por "detener la competencia desleal" mediante fórmulas como un suelo fiscal para todas las autonomías, aumentar la cesión de tributos o que sean gestionados por la Agencia Tributaria de Catalunya. En los últimos días también han pedido una segunda reforma que afecte a la financiación local, exigiendo una segunda reforma a la propia Generalitat, cuyo modelo ha criticado por basarse en "generar dependencias". 

Coalición Canaria, uno de los últimos actores disponibles de cara a constituir al nuevo Gobierno, también ha dejado entrever su abstención en la votación de investidura en caso de que el candidato a presidente se comprometa a revisar los fondos anuales que se destinan a las Islas Canarias. Su diputada electa, Cristina Valida, se ha mostrado abierta a negociar tanto con Sánchez como con Feijóo  siempre que no firmen acuerdos de gobierno con "la extrema derecha o la extrema izquierda". El programa de la formación insular también incluía la revisión del régimen económico y fiscal canario, ajeno a la financiación autonómica. 

Las regiones del PP se suman a las reformas

Pero la batalla no sólo se dirime en la izquierda. Un hipotético gobierno de PSOE y Sumar tendrá que blandirse con las autonomías gobernadas por el Partido Popular, algunas de las cuales también se han subido a la petición de más recursos estatales. Es el caso del nuevo gobierno valenciano de Carlos Mazón, que, en línea con el PSOE y Compromís, ha reclamado una reforma "inmediata y urgente" del sistema de financiación autonómico y la "compensación correspondiente" por la deuda histórica acumulada por esta infrafinanciación. "Es una prioridad y vamos a aumentar la presión", ha dicho tras un primer análisis de las cuentas regionales.

El líder de este debate en el seno del PP ha sido el presidente andaluz Juanma Moreno, quien en varias ocasiones ha reclamado "repensar" la fiscalidad de las regiones. En septiembre de 2021, y en alianza con el socialista Ximo Puig puso en marcha una 'Declaración institucional por un nuevo modelo de financiación' en la que pedía al Gobierno de Sánchez poner en marcha un 'fondo transitorio compensatorio de nivelación'. 

Una semana después repitió la foto y la firma con el presidente murciano López Miras, y un mes después lo hizo con el ahora presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando todavía era presidente de la Xunta de Galicia. A estas reclamaciones también se sumó el PP de Baleares durante la campaña electoral. Su candidato al Congreso, José Vicente Marí Bosó, criticó el sistema vigente por "perjudicar a Baleares, la segunda comunidad que más aporta y, sin embargo, la décima que sale después del reparto".