Viernes, 22.03.2019 - 12:18 h
El debate de la financiación autonómica

Montoro 'cuela' en los PGE un cauce para perdonar parte de la deuda a las CCAA

La disposición abre la puerta a reducir los pagos pendientes de los Gobiernos autonómicos que se ajusten el objetivo de déficit y la regla de gasto

Fotografía Cristóbal Montoro
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro / EFE

Escondida en una disposición adicional del proyecto de Ley de Presupuestos del Estado para 2018, con una redacción indescifrable y el título de 'Incentivos a las Administraciones Territoriales'. Así es como el Ministerio de Hacienda ha sentado la base jurídica para perdonar a las comunidades autónomas parte de las deudas acumuladas con el Estado en los últimos años a cuenta de los mecanismos de liquidez puestos en marcha desde el Gobierno para compensar la falta de acceso de los gobiernos autonómicos a los mercados.

Ha tenido que venir el experto de cabecera del ministro de Hacienda en materia de financiación autonómica y director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, para revelar la existencia de una disposición dentro del proyecto presupuestario en la que, según sus propias palabras, citadas por la Agencia EFE, "se medio adivina" la intención del Ejecutivo de perdonar parte de las deudas pendientes a aquellos gobiernos autonómicos que, eso sí, cumplan con el objetivo de déficit que tienen asignado en la senda de consolidación fiscal y se ajustan a la regla de gasto establecida por las leyes de estabilidad presupuestaria.

En el curso de una jornada sobre financiación autonómica organizada por Fedea y el Instituto de Estudios Fiscales - el laboratorio de pensamiento del Ministerio de Hacienda -, De la Fuente ha admitido que la redacción del texto "es un prodigio de falta de claridad", pero que de ella parece desprenderse que el Gobierno permitirá reducciones en el pago de intereses y posiblemente en los reintegros de las liquidaciones pendientes a las comunidades autónomas cumplidoras. De la Fuente fue el coordinador del grupo de expertos designados por el Ministerio de Hacienda y los gobiernos autonómicos para consensuar una propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica. Este grupo de expertos rechazó de partida la posibilidad de una quita de deuda.

Lo que dice el literal de la disposición adicional 136 del proyecto de Ley de Presupuestos es que "se autoriza al Gobierno a aprobar incentivos a las Administraciones Territoriales en función del grado de cumplimiento de las reglas fiscales y los objetivos específicos asignados, con el fin de que los menores recursos consecuencia de la devolución de las cuotas de reembolso de deudas frente al Estado tengan un impacto menor sobre su ratio de deuda". Para luego añadir, en un segundo párrafo algo más revelador que "estos incentivos podrán afectar total o parcialmente al importe de los créditos que ostente el Estado así como a sus condiciones financieras", es decir, que esos incentivos podrán conducir a la reducción de los pagos pendientes de las comunidades autónomas con el Estado o bien a las condiciones en que estos pagos se realizan.

La deuda de las comunidades autónomas con el Estado supera los 190.000 millones de euros como consecuencia de la financiación extraordinaria recibida en los últimos años a través del Fondo de Liquidez Autonómica, conocido como FLA, el Mecanismo de Facilidad Financiera y el Fondo de Pago a Proveedores, que les ha permitido atender los compromisos de gasto adquiridos e infinanciables, y compensar la incapacidad de las comunidades autónomas para conseguir financiación en los mercados. 

La decisión a tomar se hace depender de lo que se determine en el ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera - el órgano en el que están representados el Estado y las comunidades autónomas - y del Consejo Nacional de Administración Local - lo mismo, pero con los municipios -, así que lo que ha hecho el Gobierno es poner negro sobre blanco su disposición a regular algún tipo de reestructuración de la deuda pendiente por las Administraciones Territoriales, vinculada al cumplimiento de los objetivos fiscales predeterminados y que se podría concretar bien en una reducción directa de los pagos pendientes o bien en una flexibilización de las condiciones de pago.

En el fondo, la disposición incluida en el proyecto presupuestario va en línea con lo manifestado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en relación a buscar algún mecanismo para reestructurar la deuda autonómica al fin de que los gastos financieros no comprometan ni su gestión ni el cumplimiento de sus objetivos fiscales.

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