La quita de deuda a las CCAA no empeora la calificación soberana de España

Una vez superada la batalla por el control de la Mesa del Congreso del PSOE en la que el PSOE salió airoso, los representantes políticos dan paso a las conversaciones para negociar los apoyos de una eventual investidura de Pedro Sánchez. Todavía está por ver si el rey Felipe VI elegirá al líder socialista como candidato a la investidura o si, por el contrario, preferirá que Alberto Núñez Feijóo se someta primero a esta votación. Pero, en cualquier caso, la aritmética parlamentaria apunta a que es el 'bloque progresista' encabezado por Sumar y PSOE quien tendrá que esforzarse por reunir los votos que les permitan superar la mayoría absoluta, incluso si esto implica hacer concesiones a los partidos independentistas. 

La ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, que también ha formado parte del equipo negociador del PSOE, ya puso sobre la mesa la posibilidad de abordar el debate de la financiación autonómica para terciar el apoyo de ERC y PNV. Sin embargo, esta oferta fue considerada insuficiente por los eventuales socios, que reclamaron una condonación de la deuda catalana correspondiente a los créditos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que asciende a 60.000 millones de euros. Por el momento, ni el Gobierno en funciones ni su socio mayoritario ha hecho público si estaría dispuesto a entrar en estos derroteros, pero sí parece claro que no afectaría al endeudamiento de España de cara a Bruselas, ni tampoco a la calificación soberana otorgada por las agencias de rating.  

"Al evaluar los resultados fiscales de los prestatarios soberanos, incluida España, nos fijamos en la posición deudora neta de las Administraciones Públicas, que incluye la deuda del Gobierno central, las Administraciones locales y el sistema de seguridad social", explica el analista de S&P Global Ratings, Frank Gill, a La Información. "Dado que la línea de crédito de 3.000 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómico es del Gobierno central a las administraciones de las comunidades autónomas que forman parte de la Administración Pública, no modifica la estimación global de la deuda", valora. 

Esto implica que la asunción por parte del Estado de parte de la deuda acumulada por un territorio en concepto de estos créditos, no sería relevante en términos de saldo y netos para la calificación soberana de España. Sin embargo, este movimiento sí que tendría un efecto de ahorro fiscal. "Lo que hace el mecanismo del FLA es reducir los costes de financiación de varias comunidades autónomas y, por tanto, de las Administraciones Públicas en su conjunto, ya que el coste de financiación del Estado español es inferior al de casi todas las administraciones territoriales". Asimismo, el experto entiende que la condicionalidad aplicada a las comunidades autónomas que se endeudan con cargo al FLA beneficia su gestión fiscal. 

Aumentaría el peso de la deuda estatal

A efectos contables, los préstamos del FLA se registran como un activo financiero para la Administración Central, y como un pasivo financiero de las autonomías, por lo que de llevarse a cabo condonaciones de estas deudas a Cataluña -o el resto de territorios que también lo han solicitado como la Comunitat Valenciana- no se traduciría en un engrosamiento de la deuda total, sino que reduciría el peso de la deuda regional sobre la estatal, lo que a su vez, les permitiría ganar capacidad de financiación en los mercados. Por el contrario, el aumento de este peso lastraría a una deuda estatal que ya de por sí evoluciona al alza y ha alcanzado los 1.568.791,49 millones de euros en el mes de junio, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Banco de España.

Este puede ser uno de los pilares en las conversaciones de los socialistas con el partido dirigido de facto por Carles Puigdemont, pero también con los republicanos, encabezados en el Congreso de los Diputados por Gabriel Rufián. Y el motivo escapa al plano exclusivamente político, dado que la política monetaria llevada a cabo por el Banco Central Europeo (BCE) y las reiteradas subidas de los tipos de interés hacen que la amortización de estos sea especialmente complicada en este punto para los territorios, aunque también para el Estado. Según los cálculos elaborados por Fedea - el think tank asociadoa a CEOE- Cataluña pasará de pagar 1.029 millones en intereses por su deuda a gastar 2.412 millones en 2026, lo que supone un 134% más.