Hay inversores internacionales que están en modo escucha permanente de la actualidad política. Para ser capaces de discernir lo importante de lo trivial entre el ruido del debate en redes sociales y medios de comunicación, solo tienen que poner anzuelos digitales a determinadas palabras clave hasta que se les activa una bandera roja. A veces, no tiene mucho sentido o requiere del contexto necesario. Entonces, van y preguntan: ¿de qué va esto de la condonación y quitas a la deuda? Está pasando estos días a cuenta del intercambio de propuestas en el mercadillo en que se ha convertido la investidura tras las elecciones del 23 de julio.
En la subasta de escaños, ERC y Junts han puesto un alto precio al PSOE para que se lleve sus 14 escaños al verde del 'Sí' en una hipotética investidura de Pedro Sánchez. Lo que primero iba de amnistía -para el fugado Puigdemont- y referéndums -para votar la independencia pero de forma legal- se ha tornado en una peligrosa misión imposible: quitas a la deuda autonómica o en la jerga financiera 'haircuts' (literal, cortes de pelo). Lo que a veces ignoran a sabiendas los políticos es que lo que está en juego, en realidad, es el dinero de los inversores que se lo prestaron al estado. La financiación autonómica ha vuelto a la primera línea.
A ojos de la Generalitat de Pere Aragonés, Cataluña tiene una deuda autonómica de 71.000 millones de euros de los que su acreedor es el Estado central a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Quiere un descuento. Sería el equivalente a los fondos europeos (NextGen) que España recibe como ayuda sin reembolso y que están aportando varias décimas de crecimiento al PIB cada trimestre. El interlocutor, por tanto, es el Gobierno de Pedro Sánchez. Lo mismo ocurre para Andalucía (Juanma Moreno) o Comunidad Valenciana (Carlos Mazón) que con 45.900 y 26.100 millones, respectivamente, son las siguientes autonomías con mayor deuda con el Estado.
El problema es que el Gobierno central tiene sus propios acreedores para la deuda pública y debe rendir cuentas ante ellos sobre el uso que le da. El debe asciende hoy a 1,37 billones de euros (casi el 90% del total de la deuda de las Administraciones de 1,5 billones) a devolver al Banco Central Europeo (BCE) -el mayor inversor desde 2020-, bancos privados, vehículos soberanos, fondos de inversión y de pensiones, aseguradoras, particulares... Para la opinión pública son entes desconocidos e intangibles pero tienen nombre y apellidos como el fondo de los pensionistas de Japón que tiene 18.000 millones de euros invertidos en bonos soberanos en España. ¿Quién y cómo les explica que si el Gobierno decide condonar deudas en realidad está asumiendo pérdidas indirectas en su nombre?
La olvidada prima de riesgo y una deuda más cara
Según la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, la cuestión de condonar deuda "es ahora mismo anticiparse a un debate que todavía no está encima de la mesa". Lo que parece probable es que lo estará en algún momento pero ojalá no sea esa la solución porque lo acabaremos pagando todos y muy caro. El FLA se creó en 2012 precisamente cuando ni Cataluña, Andalucía o C. Valenciana, entre otras, podían salir al mercado en solitario para captar recursos vendiendo deuda. Ni siquiera el Estado y los bancos hasta que recibieron el salvavidas europeo. Los inversores cerraron el paso o exigían intereses insostenibles. La fragilidad de la memoria con la historia económica más reciente resulta alarmante. Los recortes unilaterales a la deuda encarecen de forma inexorable la futura financiación.
La deuda no es gratis aunque a alguno se lo parezca. La prima de riesgo país es un índice olvidado como lo estuvo el Euríbor durante los más de diez años que ha cotizado en cero o, incluso, en negativo. Ahora vuelve a ser una pesadilla como en 2007 y 2008 para familias con hipoteca y empresas. Por eso, el debate sobre 'haircuts' y condonaciones de deuda puede ser un trampolín para que aumente el riesgo financiero de España y sus autonomías. Su evolución sigue aún estable en un rango cercano a los 100 puntos básicos. Para el Estado, la financiación comienza a ser cada vez más costosa. La rentabilidad del bono a 10 años del Tesoro cotizó este viernes cerca del 3,7%, cerca de sus máximos anuales y niveles de 2014.
Las subastas de lo que resta de 2023 seguirán encareciendo el tipo medio que para el Estado por sus emisiones. Solo desde 2022 se ha encarecido un 30% y en julio superará el 2% en cuanto se conozca la estadística. En dinero contante y sonante, la factura anual en intereses de la deuda va camino de los 40.000 millones de euros. Cada punto porcentual que suba el tipo medio supondrán unos 15.000 millones de euros adicionales al año que hay incorporar a los Presupuestos Generales. Se nutren de impuestos, pero como acaban incurriendo en déficit, este se acaba transformando en deuda pública y, a su vez, en más intereses.
España no es ajena a estas dinámicas, ni siquiera Estados Unidos cómo hemos visto esta semana. La agencia Fitch ha degradado su rating triple A poniendo el dedo en la llaga: la falta de confianza en la gestión fiscal del gobierno, la deuda creciente y el impacto que tendrá el ciclo de subida de tipos. EEUU paga cerca de 1 billón solo en intereses por su deuda con un tipo medio del total de sus emisiones que apenas está en el 3%. El rating marca el coste de referencia pero el impacto de bajar de matrícula de honor (AAA) a sobresaliente (AA+) se presume limitado. Sin embargo, España está a pocos escalones (Moody's con Baa1, S&P con A y Fitch con A-) de la línea roja del grado de inversión que marca problemas graves para el estado y sus ciudadanos.
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