La pugna que mantiene el independentismo catalán con el PSOE para investir presidente a Pedro Sánchez parece que pretende resolverse con la cancelación de los préstamos que el Estado concedió a las autonomías a partir del año 2012. Junts y ERC han incluido entre sus peticiones la condonación total de esta deuda, cuyo valor sólo en Cataluña rondaría los 60.000 millones de euros, a lo que se habría que sumar los importes de otras autonomías que se sienten agraviadas, como la Comunidad Valenciana. Los socialistas, que ya se han abierto a reformar el sistema de reparto, cuentan a su favor con que esa deuda podría salirle 'gratis' a la economía española: la quita no afectaría al déficit, al formar parte del total de pasivos del Estado de acuerdo con la normas de cálculo de la deuda de Bruselas, que son las adaptadas al Protocolo de Déficit Excesivo (PDE).
Del total de 1,542 billones de euros de deuda contabilizada hasta mayo, último dato disponible según el Banco de España, el 21,1% del pasivo público corresponde a las comunidades autónomas hasta sumar 325.407 millones. El Estado ostenta otro 91,7%, mientras que lo restante se distribuye entre las corporaciones locales (1,5%) y la Seguridad Social (6,9%).
A estos pesos porcentuales, que superan el 100%, hay que restar 21,2 puntos correspondientes a deudas que han contraído las distintas administraciones entre sí. Ascienden a 326.518 millones y entre ellas se encuentran los créditos del Fondo de Liquidez Autonómica que diseñó el Gobierno de Mariano Rajoy para facilitar la financiación a las regiones y que no tuvieran que acudir a los mercados.
Balón de oxígeno para las autonomías
Estos préstamos fueron financiados con emisiones de valores del Tesoro que se anotaron como deuda del Estado. Por tanto, ya están incluidos en el cálculo total que España presenta ante las instituciones financieras supranacionales, como el Banco Central Europeo. Según explican fuentes del Banco de España a La Información, "cuando se calcula al deuda del total del sector de las administraciones públicas y se suman todos los pasivos, se deben deducir los pasivos de unas administraciones que son activos de otras". Es un proceso denominado consolidación.
En términos contables, los préstamos del FLA se registran como un activo financiero para la Administración Central, y como un pasivo financiero de las autonomías. La cancelación de estos préstamos supondría la deducción de los mismos del total de deuda del Estado. Por tanto, condonar la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica a las autonomías no tendría efectos en el endeudamiento general del país teniendo en cuenta el cálculo que se aplica
Estas quitas se observarían, en términos numéricos, en el peso proporcional de la deuda regional sobre la estatal, algo que permitiría mejorar su capacidad de financiación en los mercados. Por el contrario, el peso de la financiación de la deuda recaería sobre un Estado central cuyo endeudamiento va al alza, y que prevé pagar intereses a sus prestamistas a un tipo medio estimado del 2,5% a cierre del 2023.
Discrepancias entre gobiernos regionales
Este debate ha vuelto a reabrir las discusiones entre los distintos gobiernos regionales. La semana pasada, la ministra de Hacienda en funciones y 'número dos' del PSOE, María Jesús Montero, reconoció que existía la posibilidad de que el independentismo plantease la quita de deudas durante la negociación de la investidura, aunque veía "precipitado" hablar de ese escenario.
"Es anticiparse a un debate que todavía no está encima de la mesa", expresó. Compañeros de su bancada, como el hasta hace unos días presidente de Aragón, Javier Lambán, se mostró partidario de que el Gobierno asumiera una quita de deuda autonómica "sin más agravios entre comunidades" y sobre el total de deuda, no sólo la del FLA, "con el mismo porcentaje".
Las mayores críticas han llegado desde las comunidades presididas por el Partido Popular. La Xunta de Galicia ha calificado de "inequitativa" la condonación; mientras el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha reclamado una "compensación" para su región por ser "la peor tratada" por el sistema de financiación actual. Desde Madrid, el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso ha señalado que "sería lanzar una señal muy grave al mercado sobre la solvencia que una determinada administración española puede tener en el cumplimiento de sus obligaciones, especialmente en materia de deuda".
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