Parecía una cifra más, otro dato de contexto para ilustrar las tensiones financieras que presionan el sistema público de pensiones, pero esa cifra escondía algo más. Mediado su discurso en el Congreso sobre la situación del sistema de pensiones, y cuando todavía no había anunciado la intención del Gobierno de subir las pensiones mínimas y las de viudedad si la Cámara se avenía a tramitar los Presupuestos Generales del Estado, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, abordó el peliagudo asunto de la presión de la demografía sobre las finanzas de la Seguridad Social. "Solo la incorporación de nuevos pensionistas supondrá un gasto extra de 3.800 millones de euros para el sistema en 2018". ¿Cómo? ¿3.800 millones de euros?
Porque resulta que las proyecciones que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social trasladó a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) poco antes del verano del 2017 para que ésta emitiera su preceptivo informe sobre la aplicación del Índice de Revalorización de las Pensiones estimaban que la factura extra en 2018 por la incorporación de nuevos pensionistas sería de 3.554 millones de euros, 250 millones de euros menos que la cifra proporcionada este miércoles por el presidente del Gobierno en sede parlamentaria.
Desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social explican esta discrepancia por el paso del tiempo. La que se envió a la Airef era una previsión elaborada para los Presupuestos de 2017 y la proporcionada por el presidente Rajoy correspondía a las cifras que sostendrán el proyecto presupuestario de 2018. La explicación genera casi más incertidumbre. O los cálculos del Gobierno son poco fiables, algo que sugirió la Airef en su informe al asegurar que las proyecciones para 2017 y 2018 les parecían demasiado optimistas, o lo que es peor, la evolución del gasto en pensiones está desbordando todos los cálculos oficiales.
¿Se ha equivocado el Gobierno en sus proyecciones? Así lo cree la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. En un informe fechado en julio, es decir, tres meses después de las proyecciones realizadas por la Seguridad Social, el organismo ya decía que las previsiones del Gobierno eran optimistas y adolecían de determinados "inconsistencias". Una de esas inconsistencias se refería a la dinámica de evolución de las pensiones contributivas durante los próximos años. Las proyecciones del Gobierno apuntaban a un incremento anual medio del 1% en el número de prestaciones del tramo contributivo lo que supondría que entre diciembre de 2016 y diciembre de 2022 el número de pensiones pagadas por la Seguridad Social pasaría de 9.473.482 a 10.056.289, es decir, que el sistema tendría que hacer frente al pago de 582.807 nuevas pensiones.
AIReF consideraba esta estimación "muy improbable" si se tiene en cuenta que la población mayor de 65 años se incrementará en un 1,6% en ese mismo periodo. Las estimaciones de la Autoridad Fiscal apuntaban, por el contrario, a un incremento medio del 1,25%, lo que traducido a cifras a través de un cálculo somero implicaría que las proyecciones gubernamentales estarían infraestimando en más de 130.000 el número de pensiones que deberá financiar el sistema a la altura de 2022. El supervisor público también aseguraba en su informe que entre 2017 y 2018 el gasto derivado por la incorporación de nuevos pensionistas sería de 3.998 millones de euros, muy por encima de los 3.554 millones estimados por el Ministerio de Empleo y bastante cerca de los 3.800 millones mencionados este miércoles por Rajoy.
El efecto 'factor de sostenibilidad'
Y luego está el posible efecto derivado de la entrada en vigor el próximo 1 de enero del factor de sostenibilidad, cuyo impacto más inmediato será la reducción de la pensión inicial que reciban los pensionistas a partir del próximo año. En la Administración Pública este efecto ya ha provocado que cientos de funcionarios hayan decidido adelantar su jubilación para evitar ser penalizados por el nuevo factor de sostenibilidad.
Las estadísticas oficiales publicadas hasta el momento no permiten determinar si ese fenómeno se está dando también en el sector privado, aunque desde los sindicatos se desliza que sí está influyendo y que probablemente el fenómeno se perciba con más claridad según vaya avanzando el año. En el sector privado el acceso a la jubilación anticipada está mucho más restringido, pero también hay trabajadores que decidieron en su día prolongar su vida laboral más allá de los 65 años y que ahora, ante la eventualidad de que el factor de sostenibilidad les penalice la pensión, podrían plantearse su jubilación.
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