Salir a la calle, hablar con las empresas y conocer de forma más directa las necesidades del mercado laboral. El Ministerio de Empleo acaba de dar un paso decisivo en la muy esperada modernización de los Servicios Públicos de Empleo y a partir de este año condicionará parte de los recursos que reciben todos los años las comunidades autónomas para financiar sus oficinas de empleo a la capacidad que tengan éstas de captar un volumen mayor de ofertas de empleo.
El incentivo es claro. En unos meses, Empleo evaluará a partir de la información estadística disponible qué servicios regionales de empleo han tenido un mejor desempeño. Los que alcancen los resultados de incremento de su oferta de puestos de trabajo a desempleados previstos recibirán la totalidad de la financiación prevista y los que no lo hagan verán recortados los recursos disponibles de cara al ejercicio siguiente. Según el Plan Anual de Políticas de Empleo para 2018 se trata de evaluar "la capacidad que tienen los Servicios Públicos de Empleo para poder cubrir con demandantes los puestos de trabajo vacantes ofertados por los empleadores".
El departamento que dirige Fátima Báñez ha dejado bien claro a las comunidades autónomas lo que espera de ellas y éstas han aceptado el reto. Se trata de cambiar el paradigma. Pasar de que los Servicios Públicos de Empleo estén orientados casi en exclusiva a la gestión de la situación de los desempleados a crear unidades específicas dentro de su estructura para dar servicio a las empresas. El modelo es la Oficina del Empleador creada por la Comunidad de Madrid, que otras comunidades autónomas como Galicia está implantando y cuya razón de ser es abrir un cauce de relación permanente con las grandes empresas de la región al objeto de conocer de primera mano sus demandas de mano de obra y poder cubrirlas con madrileños que estén en situación de desempleo.
Desde febrero de 2017, la Oficina del Empleador de la Comunidad de Madrid se ha puesto en contacto con más de un millar de empresas (1.153), ha conseguido incorporar a su cartera de clientes a empleadores tan potentes como Alcampo, Carrefour, el Parque Warner o las Jugueterías Poly y ha cubierto 4.621 puestos de trabajo.
El Ministerio de Empleo medirá el desempeño de los gobiernos regionales a este respecto a partir de cuatro indicadores: la tasa de crecimiento de las vacantes ofertadas por cada servicio regional de empleo respecto a las registradas en el año base de 2017, la capacidad de cubrir los puestos ofertados por las empresas con desempleados inscritos en las oficinas, la creación de unidades especializadas en la atención de empleadores y captación de vacantes y las relaciones creadas con empresas, entidades territoriales y otros agentes del mercado de trabajo.
Es decir, que lo que se va a exigir a las Oficinas de Empleo de las comunidades autónomas es que compitan con otros agentes como las agencias de colocación (ETT) por la oferta de empleo generada por las empresas y que, si eso no es posible, tiendan puentes con otros agentes como las propias agencias de colocación para incrementar su eficacia ala hora de'colocar' a los desempleados inscritos en sus oficinas. Una vía que se abrió hace ya casi un lustro, que se reservó en exclusiva para la colocación de perfiles con singulares dificultades de inserción laboral y que este año estará dotada presupuestariamente con 180 millones de euros.
La insoportable ineficacia de los servicios públicos de empleo
Fátima Báñez quiere poner de este modo fin a un problema endémico de los Servicios Públicos de Empleo: su escasa capacidad para cumplir con la función que justifica su existencia, buscar un empleo a las personas en situación de paro. Los datos que maneja el Ministerio de Empleo dicen que las personas que declaran haber encontrado un empleo a través de los Servicios Públicos suponen el 7,6% del total de personas que transitan desde el desempleo hacia un contrato de trabajo.
Las estadísticas de colocación de los Servicios Públicos de Empleo son menos generosas. El último dato disponible, de marzo de 2018, refleja que de las 1.644.870 colocaciones registradas por las oficinas de los servicios públicos en ese mes apenas 35.000 se concretaron tras una oferta previa gestionada por éstos, mientras que las más de 1,6 millones de ofertas restantes se sustanciaron en el mercado 'libre'. La tasa de intermediación del 2% que denuncian los organismos internacionales y que constituye la cruz que arrastran los servicios públicos de empleo desde hace años
La comparación es particularmente dura cuando se mira a los países de nuestro entorno. Un pequeño informe realizado por el Caixabank Research a partir de datos de Eurostat situaba las oficinas públicas de empleo de España a la cola de Europa respecto a su capacidad de intermediación frente a las agencias privadas de empleo, siendo el único país junto a Portugal y Holanda - aunque en este caso por motivos bien diferentes- en el que los desempleados confían más en los agentes privados que en las oficinas públicas a la hora de buscar empleo.
Empleo entiende que este dato es manifiestamente mejorable a la luz de otra información interna que maneja y que asegura que el 70% de las personas en desempleo buscan una colocación con cierta frecuencia a través de los Servicios Públicos de Empleo. Lo que pretende corregir la estrategia de Báñez es otra cifra, la que señala que solo un tercio de las empresas y profesionales de recursos humanos utilizan con frecuencia los Servicios Públicos de Empleo para encontrar candidatos.
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