La reforma de pensiones alimentará el fondo de reserva después de una década

El Gobierno ha aprobado este jueves en un Consejo de Ministros extraordinario el real decreto ley que recoge la segunda parte de la reforma de las pensiones. La primera parte ya creo el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que sustituía al Factor de Sostenibilidad implementado en la reforma de 2013, llevada a cabo por el Gobierno 'popular' de Mariano Rajoy. Esta herramienta busca alimentar el fondo de reserva de la Seguridad Social, que lleva más de una década sin recibir aportaciones debido al descuadre de las cuentas del sistema. 

En 2022, se acordó que el MEI ascendiera al 0,6% y con la segunda parte de la reforma este se elevará al 1,2%, lo que el ministro de Seguridad Social entiende que dejará unos ingresos superiores a los 6.000 millones de euros para 2029. José Luis Escrivá ha destacado que en los años comprendidos entre 2032 y 2040 -cuando se comenzara usar el fondo- los ingresos excederán a los gastos, ya que el ritmo de entrada será superior al de salida. El responsable de la cartera de Seguridad Social también ha recordado que este cambio se trata de un hito recopilado en el plan de Recuperación y Resiliencia, que se comprometió a compensar el recorte de pensiones de la anterior reforma a través del refuerzo de los ingresos.

El texto, que es fruto del acuerdo con los sindicatos y que cuenta con el "rechazo frontal" de las patronales, deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados en un periodo máximo de 30 días, según establece la Constitución. Para ello deberá reunir los apoyos de algunos de los socios de investidura, por lo que el Escrivá no descarta tramitar el texto como proyecto de ley en sede parlamentaria, para que las formaciones políticas puedan introducir cambios vía enmienda. EH Bildu y ERC ya mostraron su conformidad con los cambios introducidos en materia de pensiones mínimas, cobertura de lagunas y merma de la brecha de género, tras lo que calificaron como un "cambio de enfoque en la norma". 

Desde la cartera de Seguridad Social no descartan la introducción de modificaciones durante la tramitación parlamentaria, ya que estaban abiertos a recoger aportaciones que mejorasen el texto. Si bien, no quieren entrar a detallar que cambios estarían dispuestos a aplicar y recuerdan que la norma deja espacio a revisiones posteriores de acuerdo a los informes de sostenibilidad que elabore la Airef cada tres años. Y que entonces, en caso de que no cuadrasen los números, ya se valoraría la posibilidad de aumentar los ingresos a través de la aprobación de impuestos u otras medidas alternativas. 

Este decreto supone la culminación de una extensa negociación a tres bandas por parte del ministro Escrivá, que también ha buscado la aprobación de la Comisión Europea y las formaciones políticas progresistas en el Congreso. La segunda pata de la reforma de las pensiones tenía el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema a futuro, por lo que se ha centrado principalmente en garantizar los ingresos, como ha reprochado la CEOE. Para ello, los sindicatos y el Ministerio han acordado elevar las cotizaciones. Por un lado, han elevado la base máxima de cotización, que crecerá un 38% hasta situarse en los 6.203,79 euros en 2050 (sin tener en cuenta la inflación). Además, se establece una nueva cuota de solidaridad que afectará a la parte del salario que exceda a este límite, que será del 1% en 2025 y aumentará en 0,25 puntos cada 12 meses hasta alcanzar el 6% en 2045.

El problema de la ampliación del cómputo para el cálculo de las pensiones que el ministro tenía comprometido con Bruselas también ha quedado resuelto, a través de la combinación del sistema actual que tiene en cuenta los últimos 25 años cotizados y el nuevo, que en lugar de los 30 años a los que aspiraba el ministro, queda acotado en 29 con la posibilidad de excluir los dos peores. Si bien, este segundo no será de plena aplicación hasta 2038. Escrivá ha acordado con Unidas Podemos que este mecanismo mixto se mantenga hasta 2040, cuando se iniciará un periodo de transición hasta 2043. Hasta entonces, cuando el trabajador solicite la jubilación, la Seguridad Social calculará cuál es el mecanismo más beneficioso para ese trabajador, es decir, el que se traduzca en una mayor cuantía y se lo aplicará de forma automática.