Las grandes empresas -Ibex 35 en pleno, incluido- tendrán que informar a sus accionistas y a la sociedad en general de las subvenciones públicas que reciban como consecuencia de su actividad en los informes de gestión y en las cuentas consolidadas que publiquen referentes al ejercicio de 2018. El Gobierno ha incluido este nuevo requisito de transparencia dentro de la reforma de las obligaciones de información de las grandes empresas impulsada para ajustarse a las directivas europeas sobre el particular y sustanciada a través de una reforma del Código de Comercio de 1885.
El nuevo marco regulatorio entró en vigor a principios de año e introduce también otras obligaciones relacionadas con la responsabilidad corporativa de la empresa en temas ambientales o laborales, si bien ésta no será efectiva hasta la publicación de los reportes correspondientes al ejercicio de 2018. La iniciativa del Ejecutivo obligará principalmente a las grandes empresas, entendiendo como tales las que tengan una plantilla superior a los 500 trabajadores y presenten una facturación superior a los 40 millones de euros, lo que reduce ese universo a las 2.000 mayores corporaciones empresariales españolas.
La determinación del monto total de las subvenciones públicas que recibe una empresa es casi imposible de determinar a día de hoy. El Gobierno de Mariano Rajoy, a instancias del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro, impulsó en 2016 una Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) que ha conseguido aglutinar a golpe de obligación legal casi todas las convocatorias de subvenciones públicas lanzadas desde el Estado (en total 1,5 millones de convocatorias), pero todavía dispone solo de información parcial de las convocadas por las Administraciones Territoriales: comunidades autónomas y corporaciones locales.
La factura fiscal de las grandes empresas país por país
No es la única nueva obligación que ha introducido el Gobierno. El Ministerio de Hacienda no se ha conformado con disponer en sus bases de datos de la información declarada por las grandes empresas con sede en España sobre su facturación y sus pagos de impuestos en los países donde tienen actividad a través de los reportes país a país (CbC, según sus siglas en inglés), impuestos por la OCDE desde el 1 de enero de 2018. El departamento dirigido por María Jesús Montero ha maniobrado para conseguir que éstas no solo informen a las autoridades tributarias, como es su obligación, sino que también den cuenta de su actividad en otros países y del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los mismos a la opinión pública dentro de sus informes de gestión.
Según la modificación normativa impulsada por Hacienda, las cuentas anuales consolidadas y los informes de gestión consolidados de las grandes empresas correspondientes al ejercicio de 2018 deberán empezar a incluir dentro del apartado de información fiscal "los beneficios obtenidos país por país; los impuestos sobre beneficios pagados y las subvenciones públicas recibidas", lo que pondrá a disposición de los accionistas, de los investigadores y de la ciudadanía en general una información hasta ahora nunca revelada por la mayoría de las grandes empresas del país.
"La información que deben proporcionar las empresas es todavía muy limitada, ya que solo deben precisar los beneficios obtenidos en los países y los impuestos que pagan por esos beneficios", precisó el inspector de Hacienda del Estado, José Manuel Martín Ayala. "Pero es un primer paso, ahora queda por desarrollar qué les pasará a las empresas si no reflejan esa información y qué información de detalle deben dar".
Las fuentes consultadas no terminan de aclararse, a la luz de la redacción de la norma, sobre si las empresas deberán informar del volumen total de impuestos que pagan sobre sus beneficios en el extranjero o el que abonan en cada uno de los países, lo que proporcionaría una información mucho más rica sobre eventuales estrategias de elusión fiscal por parte de las grandes multinacionales españolas.
Lo que sí está claro es que las empresas no tendrán que publicar el reporte país por país que desde hace un año están obligadas a remitir a la Agencia Tributaria y que detalla, ése sí, los beneficios y los impuestos que se pagan en cada territorio donde opera la compañía y cuya información tiene el sello de confidencial.
Al margen de la acción de Gobierno, desde la sociedad civil se están impulsando también nuevas iniciativas para tratar de incrementar la transparencia sobre el desempeño fiscal de las grandes empresas. Este pasado jueves se presentó en la sede de Esade, y con la presencia de un puñado de asesores fiscales de grandes empresas españolas, un nuevo Termómetro de Responsabilidad Fiscal, impulsado por la consultora de innovación social Sustentia y diseñado al alimón por investigadoras de Esade, expertos de Oxfam Intermon y un equipo de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que pretende evaluar a partir de una docena de indicadores basados en la contribución tributaria por países de las empresas, la localización de sus beneficios, la gestión económica de las mismas y su compromiso con la transparencia el grado de responsabilidad fiscal de las mayores empresas del país.
Según Miguel Alba, de Oxfam Intermon, el objetivo final es publicar un informe que ponga en comparación el grado de responsabilidad fiscal de las grandes empresas, si bien en un primer momento el reto es que sea utilizada por estas como herramienta de autodiagnóstico para evaluar su mejor o peor desempeño en este campo.
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