El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está decidido a dar la puntilla a la energía nuclear cumpliendo de forma rigurosa con el calendario previsto de cierre de plantas, que contempla el cese de actividad de la última -Trillo- en mayo de 2035. Sánchez se ha reafirmado en su 'no' a las nucleares pese a las demandas del Partido Popular y Ciudadanos de prorrogar la vida útil de las plantas en un contexto en el que los precios de la electricidad están disparados e incontrolados a causa del conflicto bélico en Ucrania, que no tiene visos de concluir en breve plazo. La apuesta por esta energía facilitaría la contención de los precios eléctricos en un momento crítico y estaría en línea con la decisión que ya ha tomado Francia, que dispone de 56 reactores que producen el 70% de su electricidad.
Sin embargo, la tarea de cierre no será fácil, ni barata, y el Gobierno se ha visto obligado a formalizar a principios de septiembre un contrato, al que ha tenido acceso La Información, valorado en 218 millones de euros y adjudicado por 144 millones, para diseñar y construir un sistema individualizado de almacenamiento en seco de combustible gastado en las centrales de Ascó, Almaraz, Cofrentes y Vandellós II, al estar suspendido el Almacén Temporal Centralizado (ATC), que tiene aprobada su ubicación en la localidad conquense de Villar de Cañas desde hace 11 años. Si el ATC finalmente no sale adelante, la alternativa sería la construcción de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD), uno en cada planta nuclear, que supondría un sobrecoste importante.
El actual sistema de almacenamiento cubre las necesidades de Ascó (con dos unidades), Vandellós II y Cofrentes para seguir operando hasta finales del año 2026, pero sus fechas de cierre son 2032, 2035 y 2030, respectivamente. En el caso de la central de Almaraz, con dos unidades, el actual ATI permite la operación hasta su parada definitiva, pero no tiene capacidad para el vaciado de sus piscinas. Mientras, la central de Trillo no forma parte de esta licitación pues su ATI, el único existente con edificio, tiene capacidad para la totalidad del combustible gastado. Reconoce el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que el objetivo sigue siendo disponer de un ATC que permita almacenar no solo el combustible gastado sino también parte de los residuos que se generen en las tareas de desmantelamiento de las centrales hasta liberar completamente sus emplazamientos.
Los riesgos de no disponer de almacenamiento extra supone la paralización de las centrales, el corte de suministro y sobrecostes
Según destaca el pliego, Enresa, la compañía que tiene encomendada la gestión de los residuos radiactivos, se ha visto "obligada a acometer de forma inmediata las actuaciones que aseguren la gestión del combustible gastado y la continuidad de la operación de las centrales a partir del año 2026, dotándolas de nuevos ATI que cuenten con soluciones de almacenamiento que permitan realizar las recargas necesarias a partir de 2026, así como el vaciado de sus piscinas tras el cese de su actividad". El riesgo, reconoce, es que si en las fechas indicadas las centrales no disponen de capacidad de almacenamiento en seco del combustible gastado adicional a la existente en la actualidad, se produciría un parón o colapso en el funcionamiento que pondría en riesgo la operación de las instalaciones afectadas, con las consiguientes consecuencias sobre la producción eléctrica. Además señala que se ocasionarían unos costes por lucro cesante en torno a 1,2 millones de euros al día por cada central de 1.000 MWe de potencia -todas-.
El sistema basado en cápsulas soldadas con blindaje de hormigón (CS) ha sido el elegido por Enresa, ya que su modalidad de almacenamiento aporta una mayor protección radiológica y permite almacenar gran número de contenedores en un mismo emplazamiento sin requerir de un edificio blindado, que dispararía de forma importante los costes. Además, permitirá, si finalmente se construye el ATC, trasladar desde cada central el combustible gastado y los residuos de desmantelamiento. El periodo de ejecución del proyecto es de 60 meses como máximo -cuatro años- desde la formalización del contrato y ha sido adjudicado a la UTE Holtec-Ensa, que hizo una oferta un 34,66% inferior al importe del presupuesto base de licitación previsto y solo competía con otra compañía.
La versión inicial del 7º Plan General Residuos Radiactivos, publicada en abril, prevé el cese de la explotación de las centrales entre 2027 y 2035, en coherencia con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) y con el Protocolo de cese ordenado de explotación de las plantas firmado entre Enresa y los propietarios de las infraestructuras en marzo de 2019. También contempla el "desmantelamiento total inmediato" de las centrales de tipo agua ligera, iniciando las labores previas entre tres y, preferentemente, cinco años antes de la fecha de cese definitivo, de modo que la transferencia de titularidad e inicio de las obras de desmantelamiento pueda llevarse a cabo en un plazo no superior a tres años después del cierre definitivo.
España cuenta con siete reactores operativos, que generan el 30% de la electricidad. Los puestos de trabajo que facilita esta energía superan los 27.500
Durante esos se llevarán a cabo las actividades de vaciado de piscinas, las tareas preparatorias del desmantelamiento y la obtención de la autorización de desmantelamiento y transferencia de titularidad a Enresa. En el caso de Vandellós I se ejecutará la última fase de su desmantelamiento a partir de 2030, con una duración de 15 años. España cuenta con siete reactores nucleares operativos, que generan el 30% de la electricidad libre de emisiones. Los puestos de trabajo que facilita la energía nuclear superan los 27.500 y una de cada cinco veces que encendemos la luz es gracias a la energía nuclear, según destaca el Foro Nuclear, que integra a empresas y organizaciones entre las que se encuentran compañías eléctricas, centrales nucleares, empresas de ingeniería, de servicios, suministradores de sistemas y grandes componentes nucleares, así como asociaciones sectoriales, fundaciones y universidades.
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