La intención del Gobierno de elevar entre un 10% y un 12% la base máxima de cotización de las nóminas -el tope máximo del salario que se puede someter a cotización para financiar el sistema público de pensiones sin desequilibrar en demasía la relación entre lo que se aporta y lo que se recibirá en un futuro- para inyectar hasta 1.200 millones de euros extra a las castigadas arcas de la Seguridad Social y aproximar así un poco más el incierto cumplimiento de los objetivos de déficit marcados para 2019 tiene un obstáculo legal.
Un Real Decreto aprobado por el Gobierno del PP en diciembre de 2016 con motivo de la última subida de la base máxima de cotización adoptada hasta hoy -que fue del 3%- obliga a que los incrementos futuros del tope máximo y de las bases máximas de cotización en el sistema de la Seguridad Social se ajusten "a las recomendaciones efectuadas en tal sentido por la Comisión Parlamentaria Permanente de Evaluación y Seguimiento de los Acuerdos del Pacto de Toledo y los acuerdos en el marco del diálogo social".
La fórmula legal es similar a la que el Gobierno de Pedro Sánchez llegó a plantear en el seno de dicho Pacto para determinar las subidas futuras de las pensiones, cuando el debate interno entre ajustarlas estrictamente al IPC o buscar un indicador más complejo estaba más candente, y hace descansar en el consenso político y en el diálogo social la determinación de la subida concreta de las bases máximas de cotización, uno de los aspectos más críticos del sistema de pensiones pues es la vara de medir que utilizan los analistas y los organismos internacionales para ponderar el grado de contributividad del sistema.
El caso es que según se reconoce desde el propio Gobierno y confirman a La Información fuentes del Pacto de Toledo esa exigencia legal no se ha cumplido. Ya no es solo que ni la comisión parlamentaria ni los agentes sociales hayan formulado propuesta o recomendación alguna para la subida de las bases máximas de cotización de cara a 2019 es que ni siquiera han sido consultados sobre el particular. El Gobierno ya ha anunciado que corregirá esta situación y someterá su decisión al criterio tanto del Pacto de Toledo como del diálogo social.
La medida no es irrelevante. La maniobra del Gobierno pretende una subida sin precedentes de la base máxima de cotización, que sometería a cotización los salarios hasta 50.000 euros -cuando la pensión máxima se situaría en el entorno de los 37.000 euros anuales- y que tendría un coste significativo para las empresas y trabajadores situados en ese segmento, de unos 1.300 euros anuales por trabajador para las primeras y de más de 250 euros para los asalariados, según una estimación realizada por el diario económico 'Cinco Días'.
Fuentes del Gobierno admiten que no contaban con que el presidente de la Airef, José Luis Escrivá, revelara el asunto en su comparecencia parlamentaria, aunque ésta se celebraba precisamente para ponderar la mayor o menor adecuación a la realidad de las previsiones formuladas por el Gobierno en su Plan Presupuestario y a pesar de que ésa es precisamente la función del supervisor presupuestario independiente: valorar si la información trasladada desde el Gobierno es fiable.
No hay ninguna decisión definitiva al respecto
Fuentes del Ministerio de Trabajo han asegurado que el Gobierno no ha adoptado una decisión definitiva al respecto y que el asunto todavía se encuentra en fase de análisis, y añaden que en cualquier caso cualquier eventual subida se incluiría en el proyecto de Presupuestos por lo que entienden que "hay margen más que de sobra para efectuar las consultas y consideraciones que sean convenientes".
La cuestión aquí es si el Pacto de Toledo avanzará a la velocidad necesaria para formular una recomendación al respecto antes de que se plantee el proyecto presupuestario y si, además, esta recomendación se alineará con la propuesta gubernamental de subir las bases máximas de cotización entre un 10% y un 12%, un alza sin precedentes.
Según ha podido acreditar La Información hasta ahora dentro del Pacto de Toledo sí se ha debatido sobre la posibilidad de efectuar una subida del 10% en la base máxima de cotización, en efecto, pero en un periodo de cinco años, a razón de dos puntos anuales, para acompasar su subida a la de la pensión máxima y no cuestionar la contributividad del sistema.
Este aspecto no es menor. La subida de entre el 10% y el 12% de la base máxima de cotización planeada por el Ejecutivo para el año 2019 dinamitaría la contributividad del sistema público de pensiones, que no hay que olvidar que es de reparto y contributivo, es decir, que ajusta las aportaciones a las percepciones.
Según la información oficial trasladada por la Seguridad Social a los diputados del Pacto de Toledo para facilitar sus trabajos, en los últimos 35 años la relación entre la base máxima de cotización y la pensión máxima anual ha oscilado entre el 100% y el 80%, que se alcanzó precisamente en 2016. Esto significa que los trabajadores en el segmento de bases máxima de cotización aportan ya un 20% más de lo que van a percibir cuando se jubilen, un umbral que los expertos identifican como el suelo mínimo que se debería respetar.
La subida planteada por el Gobierno ensancharía esa brecha entre lo que se aporta al sistema y lo que se recibe hasta el 26%, estirando hasta límites cuestionables el principio de contributividad.
Hay otras consideraciones. CEOE ya advirtió que medidas como elevar de forma significativa la base máxima de cotización o destopar incluso la cotización de los salarios tendrían efectos nocivos sobre los salarios.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios