El presidente del Gobierno ha tratado de reforzar el perfil político del Gobierno con los cambios efectuados en el Consejo de Ministros, pero el peso económico está lejos de ocupar un papel secundario. Un total de 10 carteras vertebrarán la actuación del nuevo Ejecutivo integrado por PSOE y Sumar en este área, al frente de las que hay algunos rostros nuevos como el que será el nuevo ministro de Industria, Jordi Hereu, actual presidente de Hispasat y exalcalde de Barcelona, en el periodo 2006-2011. El catalán pasa a ser el único representante del PSC en La Moncloa, lo que supone una pérdida de poder en términos cuantitativos -antes tutelaban Transportes y Cultura- pero representa un salto estratégico para buscar alianzas en el sector industrial y el de las energéticas, frente a las discrepancias de estas empresas con Teresa Ribera.
Hereu regresará a la política más de una década después de haberla dicho adiós, en febrero de 2012 y con un perfil de calado, por su conexión con la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). El Consejo de Administración de la empresa pública propuso al catalán como consejero de Hispasat en septiembre de 2020 -en la que tiene una participación del 7,41%, lo que fue el paso previo a designarle como presidente de la entidad un mes más tarde. Ahora, casi tres años después tomará el relevo del canario Héctor Gómez al frente de un ministerio que será clave en la estrategia de Pedro Sánchez de reindustrializar España para lograr el pleno empleo.
Además, el catalán tiene por delante la tarea de canalizar más de 2.000 millones de euros de los fondos europeos a través de los PERTE, los proyectos estratégicos basados en la colaboración público-privada y destinados a modernizar la economía, entre los que destaca el del vehículo eléctrico. Hereu también deberá sacar adelante la Ley de Industria, comprometida con Bruselas dentro del componente 12 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y vinculado al sexto pago de los Next Generation. En el cronograma inicial España había acordado aprobar la reforma de la ley de 1992 antes de diciembre de 2023, sin embargo, cuando se convocaron las últimas elecciones generales la iniciativa ni siquiera se había remitido al Congreso de los Diputados.
Importante presencia de afines al PSC en la SEPI
El secretario general del PSOE concede así un asiento estratégico al PSC, con quien mantiene buena relación dado que actualmente está encabezado por el que fuese ministro de Sanidad en la pandemia, Salvador Illa. Sin embargo, Hereu no es el único afín al PSC con presencia en la SEPI, por lo que la influencia de este fichaje va más allá del cumplimiento de una 'cuota territorial', la que Sánchez ya ha demostrado que no sigue a la hora de tomar sus decisiones, a diferencia de sus predecesores. Compañías con participación de la empresa pública como Indra o Enagás, también están presididas por hombres del entorno del Partido Socialista de Cataluña (PSC), al igual que las grandes del sector transporte, Renfe y Aena, a pesar de que esta cartera vaya a pasar a Óscar Puente, exalcalde socialista de Valladolid.
El nuevo Gobierno puede encontrar en Marc Murtra, al frente de Indra desde 2021 y sobre todo, Antonio Llardén, presidente de Enagás desde 2007, dos vías para aliviar las tensiones generadas a lo largo de la anterior legislatura por la vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera con parte del sector. No obstante, Sánchez no ha perdido la confianza en la que concurrió a las elecciones generales como 'número dos' del PSOE por Madrid, ya que mantiene su puesto de vicepresidenta tercera y no ha llegado a valorase su sustitución. Si bien, parece que la nueva configuración del Ejecutivo también busca establecer algunos contrapesos que equilibren la agenda que reclama Bruselas y la estrategia de las compañías energéticas.
El Ministerio de Calviño es un guiño a las patronales
La coalición de izquierdas, integrada por PSOE y Sumar, no comienza la legislatura con la mejor relación con los empresarios, algo que Sánchez parece tener presente y que también ha tratado reparar. Los empresarios han cargado duramente contra los pactos cerrados por el PSOE con las diferentes formaciones independentistas (PNV, ERC y Junts) pero también con Sumar, por entrar en materias propias del diálogo social. Por lo que el cambio de nombre del rótulo de la cartera que recogerá Nadia Calviño parece ser un guiño al sector privado, al menos de cara a las patronales. La presidencia primera del Gobierno deja atrás el nombre de Asuntos Económicos y Transformación Digital para pasar a llamarse de Economía, Comercio y Empresa, según ha anunciado el presidente del Gobierno desde La Moncloa.
A pesar de que la patronal CEOE no ha reaccionado a esta noticia, la designación de la economista hasta que se resuelva la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI) sí parece perseguir el acercamiento de posturas tras los roces de Yolanda Díaz y José Luis Escrivá con los empresarios. Calviño destaca por su perfil técnico que ha servido de freno a muchas de las propuestas o reclamaciones de Unidas Podemos durante la última legislaturas y su contribución ha sido clave para tejer acuerdos en los que finalmente también han prestado su firma las patronales, como la reforma laboral o los ERTEs, elaborados para salvar empleos durante la pandemia.
La patronal catalana Foment del Treball sí ha emitido este lunes un comunicado en el que reclama al nuevo Gobierno una política industrial "con mayúsculas", así como una nueva perspectiva sobre la figura del empresario y su contribución en el plano social de forma que se eviten los ataques o descalificaciones vertidos por el ala 'morada' del anterior Consejo de Ministros. Los empresarios catalanes señalan los "amplios acuerdos" como vía para fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo, a la vez que reclaman propuestas "viables y realistas" sobre vivienda. Al tiempo que Pimec solicita que se legisle "pensando primero" en las empresas de menor tamaño y que se dé participación a las organizaciones empresariales más representativas de las comunidades autónomas en el diálogo social.
