Sánchez y May acercan posturas sobre el futuro de las relaciones en un Brexit duro

  • Celaá el Gobierno trabajan en el real decreto ley que incluirá medidas urgentes para amortiguar un posible divorcio 'fuerte'. 
Pedro Sánchez y Theresa May
Pedro Sánchez y Theresa May
OTAN - Archivo

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha confirmado que el presidente Sánchez ha mantenido este viernes una conversación telefónica con la primera ministra británica, Theresa May, en la que intercambiaron información y distintos escenarios ante la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá ha indicado que el presidente del Gobierno "trabaja denodadamente" para que se produzca un acuerdo para una salida ordenada de Reino Unido antes de la fecha límite del 30 marzo. En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo socialista continúa trabajando en un real decreto ley para hacer frente a las posibles contingencias fruto de esa salida.

Preguntada sobre si en esa conversación hablaron de Gibraltar, Celaá ha reconocido que el presidente no le ha dado tanto detalle, pero ha recordado que los intereses de España al respecto están "completamente garantizados".  En este sentido, ha recordado que en lo relacionado con Gibraltar, la Unión Europea deberá contar "siempre con el visto bueno" de España, tanto si el 'divorcio' llega con acuerdo como sin él.

La portavoz ha insistido en que a la espera de que finalice este mes de marzo, y teniendo en cuenta "la línea de May en el Parlamento británico", desde el Gobierno trabajan en el real decreto ley que incluirá medidas urgentes para amortiguar un posible Brexit duro.

Este jueves, el ministro de Finanzas británico, Philip Hammond, aseguró que el Parlamento británico podría someter la próxima semana a votación un acuerdo revisado del Brexit, el proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea.

Dublín quiere aprobar una batería de leyes 

Por su parte, el Gobierno irlandés ha intensificado este viernes sus planes para hacer frente a un divorcio sin acuerdo con una batería de leyes "históricas" encaminadas a proteger a sus ciudadanos y sectores económicos clave, aunque confía en que Londres y Bruselas pacten un divorcio ordenado.

El llamado proyecto de ley general del Brexit incluye 15 "mini-leyes" elaboradas por nueve ministerios, en las que se identifican las áreas que más sufrirán el impacto de una salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) a las bravas.

El Ejecutivo de Dublín tramitará estas medidas en las dos cámaras del Parlamento durante las próximas tres semanas, antes de que se consume esta separación en la fecha prevista del 29 de marzo "con o sin pacto", indicó hoy el primer ministro irlandés, el democristiano Leo Varadkar.

El viceprimer ministro irlandés y titular de Exteriores, Simon Coveney, espera que ésta no sea necesaria y, en consecuencia, que acabe en "las estanterías". Entre otras cuestiones, Dublín quiere asegurar que, en un escenario de Brexit brutal, se mantengan, por ejemplo, los acuerdos de extradición entre los dos bloques o que los ciudadanos irlandeses sigan teniendo acceso a servicios sanitarios en el Reino Unido.

El Gobierno también aspira a que sus ciudadanos puedan cobrar sus pensiones y otros subsidios sociales en el país vecino, mientras que considera clave que la red eléctrica de toda la isla de Irlanda siga unificada, tal y como se acordó en 2007 en una reforma transfronteriza del sector energético.

Asimismo, la nueva ley busca dar continuidad al transporte de personas en autobuses y trenes entre las dos jurisdicciones, aún si el Reino Unido se convierte en un "país tercero de la noche a la mañana", recordó Coveney. Unos los sectores que más preocupa al Ejecutivo de Varadkar es el agroalimentario, que se juega más de 4.800 millones de euros anuales si Londres optara por un "brexit" sin acuerdo y asumiera la reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La Federación Irlandesa de Agricultores (IFA) ha recordado que más de la mitad de la carne de este país se exporta al país vecino, una actividad que podría dejar de ser rentable si se imponen nuevas tarifas y aranceles de la OMC o si el Reino Unido firma acuerdos con otros proveedores más baratos, como Brasil.

A este respecto, Coveney celebró este viernes que la Comisión Europea (CE) haya aceptado excepciones para Irlanda, permitiendo a su Gobierno elevar el nivel de ayuda económica estatal para este sector, con vistas a que las empresas puedan reformar su modelo de negocio y reduzcan su dependencia del mercado británico.

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