El ingreso mínimo vital no llega a todos los hogares para los que fue diseñado. Tras más de dos años en vigor, la prestación rozaba el medio millón de hogares en junio de este año. Hasta entonces, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones había ejecutado el 40% del presupuesto destinado a esta ayuda. Es decir, en el primer semestre los pagos no alcanzaban a la mitad de lo presupuestado. Según los datos de la ejecución presupuestaria de la Seguridad Social, los pagos realizados en materia del ingreso mínimo fueron de 1.198 millones de euros, frente a los 2.966 millones presupuestados para todo el año.
Cabe señalar que sí se ha producido un incremento de los pagos realizados con respecto a junio del pasado año, que se explica por el incremento de los beneficiarios a medida que avanzan los meses. Así, en el primer semestre de 2021, se habían pagado 882 millones, frente a los 1.198 de este ejercicio. Entonces, esa cuantía suponía el 29,52% del presupuesto total para esta prestación. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, marcó como objetivo proteger a 2,3 millones de españoles a través de 850.000 prestaciones. No obstante, después de casi dos años desde que se efectuó el primer pago, el número de ayudas apenas supera la mitad de lo que estimó el ministro, según los últimos datos disponibles. Y es que, a diferencia de otras prestaciones, los datos sobre beneficiarios no se actualizan de forma periódica.
Tanto la Comisión Europea como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) consideran insuficiente el despliegue de esta ayuda. Desde Bruselas consideran que la cobertura del IMV todavía es "incompleta" aunque aseguran que si operase a su máximo potencial "el ingreso mínimo vital y el beneficio por hijo pueden reducir la profundidad de la pobreza". También señalan a las comunidades autónomas y critican que no han hecho cambios para complementar el ingreso mínimo vital con sus rentas de inserción, tal como estaba previsto.
La Airef, por su parte, tomaba como referencia los datos a diciembre de 2021 y concluía en un reciente análisis de la prestación que no cubría al 60% de los beneficiarios potenciales. Si el objetivo se ampliaba a todos los hogares en riesgo de pobreza, el IMV apenas llegaba al 22% de los 1,3 millones que están en esta situación en nuestro país. El análisis de la Airef también destacaba que casi un millón de expedientes se habían rechazado. Los principales motivos corresponden a los requisitos establecidos en cuestión de renta y patrimonio.
Desde el punto de vista administrativo, el IMV también ha acumulado problemas. Los expedientes se gestionan en una de las administraciones donde más han mermado los recursos humanos en los últimos años. Tanto es así que en la última oferta pública de empleo, el Ministerio de Función Pública dio luz verde a una convocatoria extraordinaria para reforzar la plantilla de la Seguridad Social con 1.150 plazas. En un año, entre el segundo semestre de 2020 y el de 2021, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social han perdido casi 500 efectivos. Además, según un informe de Comisiones Obreras, de los 31.766 puestos de trabajo del organismo, solo 24.298 están ocupados.
El Ministerio de Escrivá es consciente de que el IMV se ha topado con uno de los problemas que tienen este tipo de ayudas públicas, conocido como non take-up. Este fenómeno se produce cuando incluso siendo un beneficiario potencial, los ciudadanos no acceden a la prestación, ya sea por falta de conocimiento o de voluntad. Para reducir la cifra de hogares a los que el IMV no ha llegado, se han puesto en marcha varias iniciativas: desde una encuesta telefónica hasta campañas de información. Además, durante el diseño de la prestación, y según reveló la Airef, se lanzó una encuesta a 90.000 hogares que cumplían con los requisitos, pero solo el 2% respondió a la administración. No solo eso, del 2% que contestó, menos de la mitad aceptó el acompañamiento para tramitar la solicitud.
A lo largo de este ejercicio, también se ha reforzado el registro de mediadores sociales, un sistema para permitir que trabajadores sociales de entidades del Tercer Sector de Acción Social puedan acreditar algunas de las condiciones necesarias para poder recibir el IMV. Una vez inscritas, las organizaciones pueden acreditar situaciones como el riesgo de exclusión social, la residencia de personas sin hogar, el domicilio real cuando no coincida con el padrón, la independencia para los jóvenes o que no existan vínculos familiares entre personas o familias que conviven en un mismo domicilio. En la actualidad, una decena de entidades están ya registradas.
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