La avalancha sin precedentes de solicitudes de prestaciones por desempleo que provocó el estallido de la crisis del coronavirus en marzo de 2020 llevó al límite al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), hasta el punto de que el organismo se vio obligado a aprobar pagos de manera casi automatizada para priorizar el abono de las nóminas a los trabajadores que quedaron hibernados en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y evitar así el colapso social. El problema es que, en plena vorágine, cientos de miles de esas prestaciones se abonaron de manera errónea, lo que ha provocado que se tripliquen las reclamaciones de cobros indebidos.
El SEPE empezó a reclamar el dinero de los ERTE pagados en exceso por error en el verano de 2020. Tras el colapso administrativo inicial de los servicios públicos de empleo por el alud de expedientes, los funcionarios comenzaron a revisar las prestaciones y a notificar la reclamación del dinero a todas aquellas personas que, por diversos errores, habían percibido cuantías superiores a las que les correspondían. Hasta ahora se desconocía tanto la cantidad total reclamada como el número de beneficiarios afectados por estos pagos indebidos. Sin embargo, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022 que acaba de aprobar el Gobierno despeja al menos una de las incógnitas: la de las reclamaciones efectuadas.
En concreto, el presupuesto del Ministerio de Trabajo refleja que en el conjunto de 2021 se van a realizar 1.220.038 reclamaciones de cobros indebidos, frente a las 400.000 previstas, lo que significa que la cifra va a triplicar de largo el volumen inicialmente presupuestado. Pero es que además a esta cantidad hay que sumarle las 579.127 reclamaciones que se realizaron en 2020, lo que da un total de 1,8 millones de procesos abiertos para la exigencia de reintegros de pagos indebidos por parte del SEPE. Llama la atención cómo se ha acelerado el ritmo de reclamaciones según han ido saliendo trabajadores de los ERTE con la mejora de la situación sanitaria y se ha ido reduciendo la carga de trabajo en el servicio público de empleo.
Pese a este aparente acelerón en las reclamaciones, fuentes del organismo aseguran que se siguen produciendo retrasos a la hora de tramitar los expedientes y de resolver estas incidencias y que previsiblemente esta situación se va a prolongar durante los próximos meses, porque el exceso de trabajo continúa desbordando su capacidad de actuación en un contexto de pérdida del personal de refuerzo que se incorporó con motivo de la pandemia. Hay que recordar que de los 1.500 empleados interinos contratados en 2020 para desatascar la tramitación de los ERTE solo quedan 500 que serán cesados el 31 de diciembre, tras haber cesado los primeros 500 el 30 de junio y otro medio millar el 30 de septiembre, en virtud del acuerdo alcanzado entre los ministerios de Hacienda y Trabajo.
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que las reclamaciones efectuadas por el SEPE no se refieren exclusivamente a las nóminas de los ERTE sino al conjunto de prestaciones por desempleo. En 2020 se registraron de media mensual más de 2 millones de beneficiarios de prestaciones contributivas y otro millón de beneficiarios de subsidios; y en 2021 la cifra de beneficiarios de prestaciones se reduce al millón largo y los subsidios se mantienen ligeramente por debajo de ese nivel; pero no hay que olvidar que en el pico de la pandemia llegó a haber 3,6 millones de trabajadores en ERTE a la vez.
Según los datos que aparecen en los Presupuestos, el SEPE realizó casi 8 millones de renovaciones de paro e inscripciones de demandantes el año pasado y otros 5,4 millones en 2021. Cantidades ingentes de tramitaciones que se reflejan también en el total de controles de gestión y reclamaciones efectuadas respecto a distintas prestaciones: 3,2 millones en 2020 y 2,9 millones en 2021. Los reconocimientos de prestaciones online se dispararon hasta los 5,5 millones con el confinamiento pero incluso se elevarán por encima de los 7 millones este año, según las previsiones de Trabajo.
La 'factura fantasma'
Precisamente, el Ministerio de Trabajo se apoya en estas desorbitadas cifras para evitar aportar la factura total exigida a los beneficiarios de prestaciones por pagos indebidos en este año y medio de pandemia. Es la segunda incógnita por resolver: ¿Cuánto dinero se ha reclamado y qué cantidad han recuperado las arcas públicas? Es un absoluto misterio a día de hoy. En el departamento que dirige Yolanda Díaz llevan meses asegurando que se trata de datos difíciles de extraer, dado que en muchos casos han sido tratados por procedimientos automáticos. Consultados al respecto del total de reclamaciones que reflejan los PGE, argumentan que "la mayoría de las cantidades reclamadas son mínimas, de nóminas que se refieren al enorme volumen de subsidios y de prestaciones que el SEPE tramita mensualmente".
Los sindicatos tampoco conocen a cuánto asciende el monto total de cantidades reclamadas. "El Ministerio de Trabajo guarda esos datos bajo siete llaves", afirman fuentes sindicales. El sindicato USO, presente en el SEPE, los ha solicitado por varias vías, sin éxito hasta la fecha. La central sindical de funcionarios CSIF tampoco dispone de esa información. Los intentos de este medio por conocer el detalle de esa factura a través del propio departamento de Yolanda Díaz no han fructificado hasta ahora. Y el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022 tampoco recoge ninguna información al respecto. Seguirá siendo una 'factura fantasma'.
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