Las asociaciones empresariales y los sindicatos iniciaron una negociación hace dos meses para estudiar cuál sería el impacto de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales y llegar a un acuerdo sobre la forma de llevarla a cabo. Las conversaciones se desarrollan con la máxima discreción, sin embargo, CCOO y UGT urgen a cerrar el pacto antes del verano para que el primer recorte hasta las 38,5 horas programado para este 2024 pueda entrar en vigor antes del último trimestre del año. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está dispuesta a aprobar la reforma sin el apoyo de CEOE y Cepyme, pero desde los sindicatos se persigue un acuerdo tripartito para facilitar la negociación colectiva y también, para atraer el voto a favor del PNV y Junts a la ley.
El Gobierno, que impulsó este debate en el marco de la campaña electoral para las elecciones gallegas, ha decidido dar un paso al lado para que sean los agentes sociales los que acuerden como trasladar a cada sector económico el compromiso incluido en el pacto de coalición entre PSOE y Sumar. Apenas se han producido dos reuniones para tratar la reducción de la jornada máxima legal por ley desde que se inició el debate, ya que el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, lleva a cabo una función de seguimiento de los avances alcanzados entre empresarios y sindicatos. El diálogo social bipartito se ha citado en varias ocasiones, pero las dos partes rechazan hacer comentarios sobre el estado de la negociación para proteger el futuro acuerdo.
No obstante, la plataforma que dirige la titular de Trabajo sí que ha tratado de agitar el debate en el plano político. El Congreso de los Diputados debatió en febrero una proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario de Sumar en la que se recogía el objetivo de alcanzar las 37,5 horas semanales y que solo contó con el voto en contra de Vox. Sin embargo, la mayoría de las fuerzas políticas recriminaron que Díaz impulsara un documento que tiene como fin instar al Gobierno a legislar sobre una materia o conocer la posición de la Cámara Baja sobre un asunto, en lugar de promover un proyecto de ley que sí tuviera carácter legislativo y que instara a crear una mesa de negociación cuando esta estaba convocada desde hace casi un mes.
En contra, el debate sí fue útil para conocer la postura de los diferentes grupos sobre esta reforma del Estatuto de los Trabajadores. Todos los socios nacionalistas (ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y CC) eran partidarios de abrir este debate, pero con diferencias Desde el banquillo de los nacionalistas de izquierdas se reclamó al Gobierno que fuera más ambicioso para reducir la jornada laboral hasta las 32 horas semanales y se instó a incluir a los sindicatos propios de País Vasco y Galicia (ELA, LAB, CIG) en la mesa convocada por el Ministerio de Trabajo. Mientras que, desde la bancada de la derecha, se pidió tener en cuenta el impacto en los diferentes sectores económicos y no dar su voto a favor por sentado.
Son estas posiciones ambiguas las que llevan a los sindicatos a querer llevar la ley al Congreso de los Diputados con los deberes hechos, es decir, con un pacto con CEOE. "Creo que el marco de diálogo tripartito puede jugar un papel muy importante, creo que no es lo mismo que esta cuestión se lleve negociada a que se lleve acordada y evidentemente, de cara a la posible posición de partidos como Junts o como el PNV pues a lo mejor es distinto si esto viene producto de un acuerdo o no" resumía esta semana el secretario general de CCOO, Unai Sordo, al ser preguntado por el margen para sacar adelante la reforma normativa con el adelanto de elecciones en Cataluña.
En el mismo sentido se pronunció el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, unos días antes, quien interpretaba el parón político propiciado por el Gobierno con la renuncia a los Presupuestos Generales del Estado de 2024 concedía cierto margen al diálogo social para avanzar en la negociación de la reducción de jornada. "Creo que las negociaciones con el Gobierno van a ir más lentas de lo que sería previsible en otras circunstancias, porque aquí no estamos hablando solo de un acuerdo con ellos, sino de la necesidad de que haya una mayoría parlamentaria que le dé soporte" explicó hace una semana, mostrándose partidario de acercar posturas con CEOE, dado que la mayoría de convenios colectivos ya recogen la reducción a 38,5 horas.
Si bien esta es la parte en discusión que más titulares colma, patronal y sindicatos también tratan de cerrar una propuesta para mejorar el control horario, que está en vigor desde 2019, pero del que ni el Gobierno ni los negociadores sociales hacen un balance positivo. El Ministerio de Trabajo ya les ha trasladado su intención de obligar a las empresas de más de 50 trabajadores a llevar a cabo este conteo de forma digital y eliminar la vía en vigor de hacerlo a mano, para evitar que se manipule antes de las actuaciones de la Inspección de Trabajo. Asimismo, quieren introducir la inteligencia artificial para que el organismo pueda tener acceso en remoto a las jornadas, horas extraordinarias y descansos que realizan los trabajadores de estas compañías.
