La convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña ha cambiado el marco político a nivel nacional, que desde las elecciones del pasado 23 de julio está fuertemente condicionado por cuál sea la posición que fijen los grupos de Junts y ERC. Tanto es así que Moncloa decidió renunciar a tener unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 horas después de que los catalanes advirtieran que iba a ser preciso avanzar en la financiación singular para que contasen con su voto a favor. La cita electoral se suma a la ya programada en el País Vasco (21 de abril) y los comicios al Parlamento Europeo (6 al 9 de junio), lo que lleva a los agentes sociales a pensar que el freno en la actividad legislativa esperado para antes de verano, se ha adelantado.
Algo que afecta directamente a las negociaciones que tienen abiertas la patronal y los sindicatos con diferentes equipos del Gobierno, tal y como reconocía el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, el pasado jueves en una rueda de prensa. "Creo que las negociaciones con el Gobierno van a ir más lentas de lo que sería previsible en otras circunstancias, porque aquí no estamos hablando solo de un acuerdo con ellos, sino de la necesidad de que haya una mayoría parlamentaria que le dé soporte". El líder sindical defiende que esto no tiene por qué ser negativo, dado que concede margen para que los representantes de los trabajadores y las asociaciones de empresarios intercambien posiciones sobre una de las cuestiones en discusión: la jornada laboral.
Se trata de la apuesta estrella de la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que se ha marcado el objetivo de fijar la jornada máxima legal en 38,5 horas en 2024 y en 37,5 horas en 2025. El Ministerio de Trabajo y Economía Social inició las conversaciones con CEOE, Cepyme, CCOO y UGT en enero, pero los agentes sociales solicitaron avanzar en el acuerdo en una mesa bipartita, por lo que el papel del Gobierno se limita a hacer un seguimiento periódico de las reuniones sobre las que ambas partes guardan silencio. La idea inicial era aprobar la reforma antes del verano, pero las fuentes de la negociación alejan esta posibilidad, visto que también será necesario acercar posturas en materia de control horario.
A pesar de que esta mesa cuenta con la ventaja de que puede ejercer de reclamo para la plataforma de Yolanda Díaz en los próximos comicios, Trabajo tiene abiertas otras mesas menos 'sexys' como la que se refiere a la actualización de la ley de prevención de riesgos o el desarrollo del reglamento para la elaboración de protocolos contra el acoso al colectivo LGTBI en los espacios de trabajo, para las que no hay convocadas reuniones en las próximas semanas. Esta cartera tampoco ha cerrado un texto final sobre la reforma del subsidio por desempleo, si bien se espera que esta no se quede atrancada por estar vinculada al cuarto pago de los fondos europeos, ahora cuentan con dos meses más de margen, como anunció el titular de Economía, Carlos Cuerpo.
Los agentes sociales también llevan varios meses intercambiando papeles con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que capitanea la socialista Elma Saiz sobre tres temas: los coeficientes de reducción para acceder a la jubilación anticipada, los convenios de colaboración con las mutuas para tratar bajas por causa traumatológica y el nuevo marco para la jubilación parcial. Los trabajos avanzan en las dos primeras áreas, pero el Gobierno no ha elaborado aún una propuesta sobre la salida flexible del trabajo y el cobro de una parte proporcional de la pensión, que iría ligada a un contrato de relevo. Por ello, los sindicatos ya han lanzado la advertencia de que no llegarán a acuerdos parciales en los que se prometa abordar la jubilación parcial a futuro, conscientes de la dificultad que entraña en materia de gasto público.
Esta cartera se comprometió a configurar diferentes grupos de trabajo, para evaluar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) cuyos datos mensuales hizo públicos por primera vez a comienzos de mes y que el Gobierno se ha marcado el reto de mejorar, una vez ha comprobado que el 41% de los potenciales beneficiarios desconoce la existencia de esta ayuda, según las conclusiones de que la Red Europea de Lucha contra la Pobreza presentó este viernes. Saiz también ha citado una vez a los representantes de los colectivos de autónomos para evaluar el funcionamiento del cese por actividad, el 'paro' al que tienen derecho los trabajadores por cuenta propia por el cierre de su negocio u otras circunstancias derivadas de la temporalidad de su sector.
Esta era una obligación recogida en una de las disposiciones adicionales de la Ley General de la Seguridad Social, en la que se fijaba el límite del 1 de abril de 2023 para constituir dicho observatorio, por lo que su puesta en marcha llegó con diez meses de retraso. Algunas de las asociaciones más representativas como ATA -integrada en CEOE- o UATAE -asociada a CCOO- ven en esta mesa la oportunidad de conseguir un 'subsidio por desempleo' dirigido a los autónomos. Es decir, una ayuda a la que tener acceso una vez agotada la prestación contributiva, como ocurre con los trabajadores asalariados. Esto ya fue planteado en la negociación del subsidio por desempleo, pero ni el equipo de Díaz ni el de Saiz llegaron a estudiarlo en profundidad.
Asimismo, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública también tiene varios frentes a abordar con los sindicatos que fueron recogidos en el Acuerdo Marco para una Administración del SXXI, firmado en 2022. El Gobierno aseguró a CCOO y UGT que llevaría la extensión de la jubilación parcial a todos los funcionarios -que implica derogar un punto del Estatuto Básico del Empleado Público incluido en 2012- en los Presupuestos Generales o en su norma de acompañamiento, así como el fijar periodos mínimos de vacaciones y permisos, por lo que los sindicatos han reclamado a Escrivá que los convoque.
