Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, presentaron el eslogan para las movilizaciones de este 1 de mayo hace dos semanas en una rueda de prensa en la que advirtieron del "riesgo de parálisis" de la agenda de reformas que tiene pendiente el Gobierno, por no tener garantizados los apoyos parlamentarios. Sin embargo, al momento de llevar a cabo las protestas, la reflexión de cinco días llevada a cabo por el jefe del Ejecutivo ha alterado el escenario político y también ha rebajado el tono empleado por los líderes sindicales que han incorporado la defensa de la democracia en el listado de cuestiones que entienden que deben defender los trabajadores en las calles.
"Por el pleno empleo: menos jornada, mejores salarios" es la consigna que abrazarán este miércoles los representantes de los trabajadores con la que hacen un guiño a los objetivos fijados por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en la pasada campaña electoral. El secretario general del PSOE sitúa la primera meta en una tasa de paro del 8%, algo que para algunos expertos puede equivaler al pleno empleo para España, dado su desempleo estructural, mientras que otros lo alejan al 4% -en línea con EEUU-. No obstante, instituciones como el Fondo Monetario Internacional han 'pinchado' el optimismo del Gobierno al advertir que no bajará del 11% al menos hasta 2030, frente al Programa de Estabilidad 2023-2026 de Moncloa en el que esperaba menos del 10%.
La vicepresidenta segunda del Ejecutivo y ministra de Trabajo volvió a repetir este miércoles que el debate de la jornada laboral iba a ser el tema de la legislatura y en efecto es su gran apuesta para los próximos cuatro años. El acuerdo de coalición refleja el compromiso de reducir a 38,5 horas semanales el horario máximo legal en 2024 y hacerlo en otra hora más de cara al próximo año. La líder de Sumar dio el primer impulso a esta modificación del Estatuto de los Trabajadores en el mes de enero -a las puertas de las elecciones gallegas- y los agentes sociales mantienen abierta desde entonces una mesa de negociación bipartita en la que tratan de cerrar un acuerdo antes de verano, si bien no es una cuestión urgente para CEOE que cree que ya se ha conseguido en muchos sectores a través de la negociación colectiva.
Para los sindicatos, esta reducción supone el primer paso para alcanzar la jornada de 35 horas semanales o incluso de 32, la conocida como jornada de cuatro días, pero a los empresarios les parece un debate que no se corresponde con las nuevas formas del trabajo, sobre todo porque va ligada a una modificación del registro horario en las empresas que se quiere hacer más estricto para evitar fraudes. El Ministerio de Trabajo ha propuesto que todas las compañías de más de 50 trabajadores tengan que llevar a cabo el control de forma digital y que la Inspección de Trabajo pueda tener acceso de forma remota a este expediente, con el objetivo de facilitar su actuación.
Frente a la convocatoria del año pasado que llevaba por título "Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios", en esta ocasión los salarios ocupan un papel secundario a pesar de ser uno de los principales focos tradicionales de estos actores sociales. El pasado mayo CEOE, Cepyme, UGT y CCOO firmaron el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, apenas una semana después de la movilización por el Día Internacional de los Trabajadores. En él, ambos lados del diálogo social acordaron un marco para los años 2023, 2024 y 2025 que debería ejercer como umbral mínimo de cara al resto de negociaciones de convenios en todo el país en el que se fijaba un alza del 10%. El año 2022 quedó fuera de esta negociación pese a ser el momento en el que más presionaron los precios, sin embargo, en 2024 ya crecen por encima del IPC.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) -con gran presencia en el sector público- sí ha manifestado su preocupación por la "inestabilidad política y los problemas sociales" en un comunicado difundido este martes. El sindicato celebra la evolución del empleo en los últimos años, pero critica que "la reforma laboral sigue amparando situaciones de precariedad y maquilla la cifra de parados entre los contratos fijos", una alusión clara a los trabajadores fijos discontinuos inactivos que han suscitado un importante debate en los últimos meses, tanto académico como político, ya que ha sido alentado por el principal partido de la oposición. Además, ponen el foco en la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para 2024 que, entienden, va a comprometer la oferta de empleo público y extender la merma de poder adquisitivo que arrastran los trabajadores públicos.
