Terremoto político en Cataluña con réplica en Madrid. El Gobierno de Pedro Sánchez renuncia a aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024 y permanecerá con las cuentas de 2023, que fueron prorrogadas el pasado 1 de enero, hasta poder dar luz verde a las del año que viene. Así lo han confirmado fuentes próximas al Gobierno a este diario. El movimiento se ha producido después de que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, haya anunciado esta misma tarde la convocatoria de elecciones anticipadas el próximo 12 de mayo.
El Ejecutivo Central quiere aprovechar los trabajos y preacuerdos que ha ido sellando los últimos meses con los grupos parlamentarios para trabajar directamente en los Presupuestos de 2025. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconocía esta misma tarde en declaraciones a los medios que la cita catalana alteraba "el tablero político" en un acto de celebración del 20 aniversario de Thinking Heads, en el Espacio Fundación Telefónica.
Horas después, la propia Montero ha recordado en declaraciones a la Cadena SER que las cuentas ya están prorrogadas y que la realidad indica que hay que "aprovechar todo un trabajo técnico impresionante y las conversaciones fluidas y de preacuerdos con la mayoría de formaciones". Estas son un punto de partida importante para el proyecto del 2025 y para "tener los mejores Presupuestos de nuestra historia", ha afirmado la 'número dos' del Gobierno.
El anuncio de Aragonès se ha producido después de que el Parlament haya rechazado esta mañana la tramitación de los presupuestos autonómicos por un único voto. El proyecto de cuentas regionales sólo ha logrado el apoyo de ERC y PSC, mientras que Junts, Vox, CUP, Comuns, Cs y PP se han opuesto al mismo.
Las elecciones catalanas retrasarían aún más las negociaciones presupuestarias con los dos socios de investidura, Junts y ERC, cuyos votos son necesarios en el Congreso de los Diputados para poder sacarlos adelante. Esta misma mañana, en el marco de la sesión de control (y antes de conocerse el adelanto electoral), la diputada de Esquerra, Teresa Jordà i Roura, avisaba de que su formación no apoyaría las cuentas del Estado si el Gobierno no aceleraba antes en la financiación singular para su autonomía a la que los socialistas se comprometieron en el pacto de investidura.
Un camino plagado de obstáculos
El ministerio de Hacienda había venido trabajando hasta la fecha con el objetivo de aprobar las cuentas públicas a lo largo del primer semestre, puesto que a finales de junio suelen empezar los trabajos para elaborar las del siguiente ejercicio. Sin embargo, el camino no ha estado exento de dificultades por la complejidad que supone fraguar mayorías parlamentarias suficientes con un Congreso tan fragmentado y un Senado donde el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta y capacidad de veto.
De hecho, la Cámara Alta tumbó la pasada semana la nueva senda de estabilidad con la que el Gobierno pretendía confeccionar el proyecto de ley más importante de la legislatura, al menos en lo económico. El límite de déficit del conjunto de administraciones permanecía en el 3% que exige Bruselas con la recuperación de las reglas fiscales, pero el reparto por subsectores daba algo más de oxígeno a las comunidades autónomas y entidades locales.
Hacienda hizo público entonces un informe de la Abogacía del Estado que le permitía seguir adelante con la tramitación de los Presupuestos pese a ese revés, utilizando como referencia los límites de déficit incluidos en el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas el pasado mes de abril y que recibieron el aval de la Comisión Europea.
Antes, Junts condicionó el visto bueno al proyecto a que el Ejecutivo modificase el texto de la ley de amnistía, que rechazó en el Congreso, y sobre la que finalmente hubo un acuerdo con el partido de Carles Puigdemont y con ERC el 6 de marzo. Entonces se consideró que ese pacto era clave para la continuidad de la legislatura, dado que garantizaba el apoyo de ambas formaciones a las cuentas de 2024.
Las cuentas de 2025 y el "ligero ajuste" que reclama el Eurogrupo
De cara al año que viene el escenario cambia para España y para el resto de socios comunitarios. El Eurogrupo ha recordado esta misma semana que los presupuestos de los distintos socios deberán incluir un "ligero ajuste", dado que serán los primeros afectados por las nuevas reglas fiscales. Tocará, por tanto, contener el gasto público tras los años marcados por la pandemia, la guerra en Ucrania, las crisis energética e inflacionaria y las medidas anticrisis o 'escudos sociales' aprobados por los distintos ejecutivos para hacerles frente.
En un documento fechado el pasado 11 de marzo, la Comisión Europea exigía al Gobierno una estrategia "creíble" de reducción de las tasas de deuda (despidió el año pasado en el 107,7% del PIB) y déficit públicos frente a los "limitados" esfuerzos que se han realizado en materia de consolidación fiscal a lo largo de los últimos años. No es el único organismo que ha recordado a España que, hasta ahora ha basado un parte de su ajuste en el ciclo económico, que deberá hacer esfuerzos adicionales para poder cumplir las nuevas metas fiscales.
