La subida de los precios en el mes de agosto, tras la que se encuentra en buena medida el incremento récord de la factura de la luz de empresas y hogares y de los carburantes, ha generado nuevos focos de incertidumbre en la economía, que tímidamente empezaba a levantar cabeza tras la dura crisis provocada por la pandemia del coronavirus y las restricciones que generó, que han propiciado un frenazo. Además del efecto en el poder de compra en los hogares, que frena la ansiada recuperación, también supondrá una mala noticia para la contención del déficit, debido al aumento de las nóminas de los pensionistas y de los 3,4 millones de asalariados públicos que destaca la Encuesta de Población Activa (EPA), forzado por los acuerdos con los agentes sociales.
La desviación de la inflación complicará de forma importante la elaboración de los próximos presupuestos de las administraciones para 2022, que deberán tener en cuenta las concesiones a los sindicatos para que las pensiones suban de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC) todos los años y las reivindicaciones de los funcionarios para que sus sueldos aumenten lo mismo que la inflación, incorporando además un plus para recuperar de manera progresiva el poder adquisitivo perdido durante la última década.
Los representantes de los empleados públicos han comenzado ya los contactos con el Ejecutivo central para consensuar el alza de las retribuciones del próximo año y el punto de partida es una subida superior al 3%, que incorporaría la subida del IPC en 2021, que los analistas estiman en como mínimo el 2,5%, y unas décimas e incluso puntos adicionales para compensar el poder de compra perdido durante la crisis económica y que calculan que supera el 8%. En estas circunstancias y teniendo en cuenta las previsiones casi coincidentes de distintos servicios de estudios, la Administración del Estado deberá destinar un mínimo de 675 millones de euros extra a la nómina de sus empleados y a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad por la desviación de los precios.
Esta partida, calculada a partir de la masa salarial de estos trabajadores, que ronda los 25.700 millones de euros, podría verse incrementada incluso más si finalmente se decide pactar el plus para poner al día sus nóminas tras los 'tijeratazos' salariales propiciados por la crisis, que los sindicatos quieren que se compensen durante los próximos tres años. Algunas centrales minoritarias ya apuntan que la subida debería ser del 4% como mínimo para el próximo ejercicio. Por su parte, la nómina de los funcionarios en las administraciones autonómicas subiría al menos en 2.175 millones -su masa salarial ronda los 87.000 millones- y la de los ayuntamientos, otros 625 millones. En total, 3.475 millones de euros.
Mientras, más de 10,1 millones de pensiones -contributivas y no contributivas- recibirán en febrero del próximo año una compensación equivalente a la diferencia al 0,9% -en el caso de las no contributivas del 1,8%- ya pagado en 2021 y el 2,5% de desviación de inflación media durante todo este año, según diversas estimaciones. Los pensionistas con derecho a una pensión contributiva percibirán una extra global de 2.175 millones de euros, que de media supone 220 euros. Además, sus 14 pagas subirán en otros 26 euros. Por su parte, las pensiones no contributivas -263.000- aumentarán en total en tres millones de euros y las de Clases Pasivas, que todavía reciben 666.500 funcionarios y militares, lo harán en 1.100 millones.
Los analistas estimaban antes de agosto que la media anual del IPC sería del 2,5%. Tras conocerse el dato de agosto, ni los más optimistas prevén menos del 3%
El IPC adelantado de agosto, que repuntó al 3,3% interanual impulsado por la subida exponencial del recibo de la luz y de las gasolinas, ha obligado a los servicios de estudios de diversas entidades y a los analistas a revisar sus previsiones de inflación realizadas antes de este mes. Así, la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) señalaba en julio que podría situarse en el 2,5%, considera que podría ser mayor, a la espera del dato definitivo de IPC. Mientras, el Consejo General de Economistas (CGE) ha corregido su previsión del IPC para la media anual de 2021 y la ha situado en el 3%, frente al 2% anterior. Por su parte, Bankinter, en su estimación de junio preveía un 2,4% de media en 2021.
Mientras, las estimaciones de la Comisión Europea y del Banco de España, realizadas antes de agosto, avanzaban un IPC del 2%, un porcentaje que ahora parece haberse quedado pequeño, aunque los economistas estiman, a la vista de la inflación subyacente, que los aumentos, como el de agosto, serán temporales y duraran hasta finales de año o comienzos de 2022.
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