El Gobierno seguirá inflando la recaudación por IRPF pese a la anunciada rebaja fiscal a las rentas bajas. Así se extrae del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023 que acaba de presentar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados. En el tradicional 'libro amarillo' -el documento que sintetiza las cuentas públicas- el Ejecutivo admite que recaudará 8.000 millones extra por este impuesto el próximo año, principalmente, por las esperadas subidas de sueldos en plena ola inflacionista. Y ello pese a haber asegurado que la rebaja de impuestos beneficiaría a la mitad de los trabajadores de nuestro país.
En concreto, el libro amarillo recoge que el Gobierno espera recaudar 113.123 millones de euros por IRPF en 2033. La cantidad supone un 7,7% más que la cifra prevista para este año (105.040) y se materializará en 8.083 millones de euros extra contantes y sonantes. De este modo, los ingresos por IRPF crecerán en la misma línea que los procedentes del Impuesto de Sociedades (7,7%) y más que los procedentes del IVA (5,9%). En total, el Ejecutivo espera incrementar la recaudación tributaria en 18.710 millones de euros el próximo ejercicio, hasta alcanzar los 262.781 millones (244.072 en 2022).
En el apartado del IRPF el Ejecutivo explica que el crecimiento de los ingresos "será consecuencia del aumento en la renta bruta de los hogares, al elevarse salarios y pensiones". "Se prevé que la renta bruta de los hogares experimente un crecimiento de alrededor del 6% en 2023, unos dos puntos menos que en este año", explica. "En general todas las rentas mostrarán moderación respecto a 2022, aunque será mayor en las fuentes de renta que están teniendo ahora un comportamiento más dinámico (rentas del capital, rentas de actividades empresariales)", añade el documento.
En este contexto, el Gobierno prevé que "en las rentas del trabajo (básicamente salarios y pensiones) la desaceleración será menor (alrededor de un punto)". Y en base a estas previsiones, afirma que "la masa salarial acusará la menor creación de empleo, aunque se verá parcialmente compensada por las subidas salariales (el escenario prevé un aumento del 4,1 por ciento en la remuneración media, dos puntos por encima de 2022)". Para las pensiones se prevé una actualización por la desviación de precios en 2022, "por lo que la masa de pensiones todavía crecerá con intensidad", añade, para concluir que "las subidas de salarios y pensiones provocarán un incremento de los ingresos".
Este incremento de los ingresos, recoge el resumen presupuestario, "se verá limitado por el impacto de la nueva reducción por rendimientos del trabajo que afectará a los asalariados con menores rentas (a todos aquellos con salario bruto inferior a los 21.000 euros)". La nueva reducción operará desde el 1 de enero y tendrá, por lo tanto, efecto sobre las retenciones del trabajo de 2023, aunque una parte del impacto se desplazará a 2024 (principalmente el procedente de las retenciones devengadas en diciembre en el caso de los declarantes mensuales y en el cuarto trimestre en el de las PYME), añade.
De este modo, al evitar la deflactación de la tarifa -una opción que el Gobierno ha descartado desde el inicio de la crisis inflacionista- el Ejecutivo continuará viendo incrementados los ingresos por IRPF debido a las fuertes subidas salariales que se prevén en las negociaciones entre empresas y trabajadores como consecuencia de la elevada inflación y a pesar de esa rebaja fiscal anunciada para las rentas inferiores a 21.000 euros a través de la reducción por rendimientos del trabajo que, según Hacienda, beneficiará al 50% de los trabajadores.
Es más, en el cuadro del presupuesto de beneficios fiscales para el año 2023, la reducción por rendimientos del trabajo no solo no se incrementa, sino que se reduce de 934 a 906 millones de euros. Si bien desde el Ministerio de Hacienda han explicado que el impacto presupuestario de esta medida será de 1.565 millones de euros en 2023 y otros 316 millones en 2024 (1.881 millones de euros en total) pero que la cifra no está incorporada al 'libro amarillo' -esta medida se negoció a última hora entre los socios del Gobierno-. Desde el departamento que dirige Montero han incidido, en cualquier caso, en que esta reducción ha sido positivamente valorada por la Autoridad Fiscal, porque contribuye a la creación de empleo, y han adelantado que la Comisión Europea "no va a poner problemas".
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