Hacienda rechazó ampliar las bajas por hijos a cambio de más fondos para Díaz

La negociación presupuestaria acabó convirtiéndose en una especie de intercambio de cromos entre el PSOE y Unidas Podemos, según la describen fuentes conocedoras de las conversaciones mantenidas entre los socios del Gobierno de coalición en las horas previas a la celebración del Consejo de Ministros que dio el visto bueno este martes al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023. Y en ese canje el ministerio de Hacienda acabó volviendo a tumbar la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad a seis meses, pero accedió a cambio a asignar más fondos para cumplir con demandas de UP como la subida del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), referencia para multitud de ayudas sociales, o la mejora de las prestaciones por desempleo que ha exigido Yolanda Díaz.

Este tipo de trueques son habituales en estas negociaciones entre los socios del Gobierno. Hace ahora exactamente un año, los socialistas dejaron fuera de los Presupuestos de 2022 medidas como el 'cheque bebé' de 1.200 euros anuales -la prestación por crianza de 100 euros al mes por hijos de entre 0 y 3 años que ahora se han comprometido a incorporar en la futura Ley de Familias- y los permisos de maternidad y paternidad de seis meses. Ambas medidas las reclamaba Unidas Podemos y fueron rechazadas por el PSOE por motivos presupuestarios, según justificaron entonces desde el Ministerio de Hacienda. A cambio, el socio mayoritario de la coalición se comprometió a aprobar la Ley de Vivienda con límites a los alquileres de los grandes propietarios y el tipo mínimo del 15% en Sociedades.

La historia se repite. En esta ocasión, los morados han vuelto a insistir en el incremento del tiempo de los permisos para madres y padres hasta las 24 semanas, desde las 16 actuales, y en la ampliación de la prestación por crianza de 100 euros mensuales para hacerla universal, ya que ahora solo la disfrutan las madres trabajadoras. En el primer caso, sin éxito, ya que Hacienda ha vuelto a tumbar la ampliación de las bajas por motivos presupuestarios, ya que supondría un coste de unos 1.400 millones de euros. Y en el segundo, que implica una partida de menos de 400 millones, según los cálculos del Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra, han conseguido acordar con el PSOE que se incorporará en la Ley de Familias próximamente -UP exige que vaya al Consejo de Ministros en octubre y Hacienda evita poner una fecha y pide margen para negociarla-.

En contrapartida, el PSOE ha accedido a dos de las principales demandas de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cabeza del flanco morado de la coalición. Por un lado, a subir el IPREM hasta los 600 euros mensuales. Este indicador se utiliza como referencia para la concesión de multitud de ayudas sociales, subsidios por desempleo, acceso a viviendas de protección oficial y ayudas para el alquiler, becas de estudio, servicios de asistencia jurídica gratuita, rentas mínimas de inserción... o el propio Ingreso Mínimo Vital (IMV). Como adelantó La Información, esta era una de las exigencias irrenunciables de Unidas Podemos y el PSOE ha accedido a incorporarla en los Presupuestos del próximo año para paliar el impacto de la inflación sobre los colectivos más vulnerables.

Y por otro lado, Díaz ha conseguido una mejora de los fondos de su departamento para incrementar la base reguladora de la prestación de desempleo que se cobra a partir del sexto mes en paro hasta el 60%. Hay que recordar que el Gobierno de Mariano Rajoy recortó esta cobertura hasta el 50% para incentivar la búsqueda de empleo, pero la actual ministra de Trabajo no comparte esta teoría y ha peleado en la negociación presupuestaria para revertir este recorte del PP. "Dejamos atrás el último recorte del PP en materia de desempleo y recuperamos el 60% de la base reguladora desde los 6 meses de prestación. Esta medida beneficiará a 300.000 personas, un gran avance que llegará a miles de hogares", destacó Yolanda Díaz en un comunicado en su cuenta de Twitter.

Nuevos permisos, con condiciones

La vicepresidenta también avanzaba a primera hora de la mañana de este martes, antes incluso de la reunión del Consejo de Ministros, que los socios habían constatado en estos Presupuestos "el compromiso de tramitar urgentemente una Ley de familias que, entre otros avances, incluirá nuevos permisos de conciliación: permiso para cuidadores, permiso para atender circunstancias familiares imprevistas o un nuevo permiso parental de 8 semanas". En este sentido, fuentes del área socialista del Gobierno aclaran que estos permisos a los que hacía referencia Díaz se enmarcan en la transposición de una directiva europea que ya estaba prevista y que se incorporará en la redacción de la bautizada como Ley de Familias.

Díaz también avanzaba que el Gobierno va a impulsar "una prestación de crianza de 100 euros al mes para familias con menores de 0 a 3 años". Evitaba así emplear el término "universal", ya que el PSOE intentó hasta el último momento que la nueva prestación que hasta ahora disfrutaban las madres trabajadoras estuviera condicionada a requisitos. Según explican fuentes de las negociaciones, los socialistas plantearon que la 'renta crianza' se extendiera a quienes tengan hijos menores de 3 años que estén o hayan estado dados de alta en la Seguridad Social o mutualidad durante al menos 30 días o hayan recibido una prestación, ya sea de carácter contributiva o asistencial, del sistema público de protección por desempleo. Pero finalmente UP logró que se contemple su universalidad (incluyendo a los núcleos familiares que en el momento del alumbramiento no tengan trabajo) pero limitada por ahora a las familias con hijos de 0 a 3 años, cuando el planteamiento inicial de Unidas Podemos era un arco de edad más amplio.