Sumar, el socio de Gobierno del PSOE, ha solicitado partido socialista que avance "más allá de la ley de vivienda" y saque adelante una moratoria de 36 meses que impida que los fondos de inversión y la población no residente en España compren viviendas. Esta medida tiene como objetivo detener la especulación, especialmente en las ciudades más turísticas.
El socio minoritario del Gobierno sugiere poner en marcha un observatorio estatal de la vivienda similar al de Barcelona, dado que en el partido capitaneado por Yolanda Díaz consideran que "podría ayudar muchísimo" a conocer la realidad del parque inmobiliario en España.
Ese observatorio ha servido, entre otros ejemplos, para descubrir que prácticamente la mitad de los pisos de alquiler en Barcelona son de grandes propietarios con más de cinco inmuebles. "Nos ha resultado muy útil y tremendamente pragmático para poder hacer un dibujo eficaz de qué es lo que tenemos y, por tanto, hacer propuestas políticas mucho más dirigidas", ha comentado la portavoz adjunta de Sumar en el Congreso de los Diputados y dirigente de En Comú Podem, Aina Vidal, en rueda de prensa en la Cámara Baja.
Uno de los puntos en los que podría actuar dicho observatorio, ha dicho la portavoz, sería en los alquileres de temporada y turísticos, que a su juicio son una especie de "agujero negro" de la Ley de Vivienda. En una comparecencia celebrada el lunes, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha asegurado en una comparecencia de prensa en el Congreso, que la "suspensión temporal de venta de vivienda a fondos buitre y personas no residentes es una medida que se aplica ya en Canadá, Nueva Zelanda y Andorra, mientras se encuentran herramientas regulatorias y fiscales que desincentiven esta práctica".
En España, el año pasado, según la Estadística Notarial del Consejo General del Notariado, un 56% de la compraventa de viviendas se hicieron a "tocateja", porcentaje que se dispara hasta el 70% en el caso valenciano, ha destacado el diputado. Éste ha subrayado también que la compraventa por parte de fondos y población no residente representa ya en ciudades como Alicante un 40% de las transacciones, un 38% en Santa Cruz de Tenerife, un 32% en Málaga, Gerona un 30,8% y un 31% en Baleares.
Por ello, ha argumentado que para garantizar el derecho a la vivienda no basta con regular los precios del alquiler y ampliar el parque de vivienda público, sino que también hay que "frenar de raíz la voracidad especulativa", con ese tipo de medidas que no necesitan de inversión pública, sino de "valentía política", señala en su iniciativa.
La propuesta de Sumar, que se debatirá el martes en la Comisión Vivienda del Congreso, incluye prohibir de forma expresa la venta de patrimonio público de suelo y vivienda de la Administración General del Estado (específicamente el correspondiente a la Sareb, Adif y Defensa), salvo su transmisión gratuita a otras entidades públicas para su transformación en parque público de alquiler.
