Lo dijo este lunes alto y claro el director general del Grupo IFA y presidente de la patronal europea del comercio EuroCommerce, el español Juan Manual Morales: "El sector no aguantará muchos más costes regulatorios". De forma taxativa añadió que la distribución alimentaria apenas "gana dos céntimos de lo que vende" y que "es un sector acuciado por una sobrerregulación injusta", informa EP. Pero, ¿cuál es el origen de este cansancio? El mismo Morales estimó que tuvieron que aplicar "más de 1.000 regulaciones" el año pasado y, desde la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS) cifraron en 1.140 las normas aprobadas o modificadas que afectan al comercio en los ámbitos local, autonómico, nacional y europeo. Esto supone 2,7 normativas al día. Solo en el ámbito autonómico, esta patronal calcula que se generaron 485 normas seguidas de las 344 de Bruselas y de las 284 regulaciones provenientes del gobierno central.
Del plástico a los puntos de recarga eléctricos
La lista es muy larga: nuevo impuesto al plástico, puntos de recarga eléctrica, recargos en el IVA de las bebidas azucaradas, limitaciones a la logística en el entorno urbano... Desde la Asociación nacional de grandes empresas de distribución (ANGED) apuntan que, en los dos últimos años, han coincidido tres hechos: "Un aumento de la presión fiscal", la necesidad de incurrir en "nuevas inversiones en materia ambiental" y "nuevos costes de gestión". Solo en materia fiscal mencionan el nuevo impuesto sobre los envases de plástico de un solo uso, que entró en vigor en enero de 2023; así como el alza del IVA a las bebidas azucaradas (del 10 al 21%), la subida del impuesto sobre los gases fluorados usados para la refrigeración de los alimentos y la tasa de grandes establecimientos comerciales, que se encuentra vigente en 5 comunidades autónomas.
Fuentes de Anged no dudan en hablar de "un problema de costes" y critican que "no ha habido sensibilidad alguna por parte del legislador". Como ejemplo, mencionan los casos del citado impuesto sobre los envases de plástico de un solo uso que aseguran agravó el repunte de precios del año pasado y el aumento del tributo sobre los gases fluorados. "Rompe la unidad de mercado y penalizan a las empresas españolas", apuntan desde esta organización empresarial donde añade a todo lo anterior la compleja aplicación de estas disposiciones. "Crean inseguridad jurídica y nos obligana a dedicar más recursos. No se nos hizo caso", lamentan desde esta patronal.
La situación no es diferente si nos centramos solo en materia medioambiental. La obligación de instalación de puntos de recarga eléctrica para vehículos en los parking de los establecimientos, con dos años de anticipación sobre la normativa europea; junto a la reserva del 20% de la tienda para la venta a granel o reutilizables para tiendas de más de 400 metros cuadrados. Además de otras normativas como el precio diferenciado en ticket para envases de plástico de un solo uso, y la fijación de objetivos de reutilización de envases y medidas más exigentes que las contempladas en la Directiva Europea correspondiente. Sumemos a lo anterior los requisitos de etiquetado desarmonizados con la Unión Europea y el uso obligatorio de las lenguas cooficiales en etiquetados y en las instrucciones de los productos.
España, segundo país con más restricciones
Entonces, ¿es tan prolija la regulación en otros países europeos? En el 'Retail Restrictiveness Indicator', que elabora la Comisión Europea y cuya última edición corresponde a 2022, España aparecía como el segundo país con más restricciones para el ejercicio comercial. Este índice valora aspectos como los horarios comerciales, donde solo Alemania y Austria tenían más limitaciones. En 11 países europeos ya hay libertad total de horarios y en otros cinco, el margen de maniobra es casi total. En lo referente a impuestos dirigidos a la actividad comercial, solo exhiben una regulación más dura nuestros vecinos franceses y portugueses. España saca idéntica puntuación que Polonia y Hungría. Solo se detecta una mejora en la menor lentitud de los procedimientos. Por su parte, CEOE estima que los costes derivados por nuevas regulaciones durante la pandemia aumentaron en 1.774 millones de euros mientras que, desde think tanks como el Instituto de Estudios Económicos (IEE), sostenían que una mejora en el marco regulatorio del comercio supondría ahorros de costes de hasta 8.840 millones.
Las patronales ANGED y ASEDAS coinciden en pedir "mayor racionalidad" y "un diálogo fluido" en la aplicación de estas normativas
Para ANGED hace falta "una mayor racionalidad que garantice la unidad de mercado y evite que nos hagamos daño" en la aplicación de estas normas. En esta línea, apuesta por realizar análisis de impacto y coordinar los plazos de aplicación. Por su parte, fuentes de ASEDAS, coinciden en que "comparten el objetivo medioambiental de estas regulaciones" pero lamentan la "ausencia de un diálogo fluido" en el aterrizaje de estas medidas. En este sentido, apuestan por la elaboración de análisis de ciclo de vida para medir su impacto.
