Las telecos reclaman a Bruselas que las 'big tech' contribuyan a financiar la red

Las grandes compañías de tecnología que eclipsan más del 5% del total del tráfico de Internet por las redes deberían contribuir a financiar el despliegue de 5G y banda ancha en toda Europa. Así se recoge en un borrador de propuesta de la industria de las teleco a la Comisión Europea, al que ha tenido acceso a Reuters. En esta línea, las gigantes como Google, Apple, Meta, Netflix, Amazon y Microsoft, que representan en su conjunto más de la mitad del tráfico, se verían afectadas por la medida que tanto tiempo ha reivindicado el sector.

Durante años, los operadores de telecomunicaciones han presionado para que las grandes compañías tecnológicas ayuden a financiar el despliegue de 5G y banda ancha, ya que estas poseen un fuerte peso sobre el tráfico que se genera en las redes desplegadas por las operadoras. Por ello cobra más importancia esta propuesta, que supone la primera vez que la industria trata de establecer un umbral para fijar que compañías están obligadas a pagar.

"Proponemos un umbral claro para garantizar que sólo los grandes generadores de tráfico, que impactan sustancialmente en las redes de los operadores, entren dentro del alcance. Los grandes generadores de tráfico serían solo aquellas empresas que representan más del 5% del tráfico promedio anual en horas pico de un operador medido a nivel de red individual", recoge el borrador de la propuesta, que la propia Comisión se ha negado a comentar en primera instancia. 

Tras años de reclamo de las teleco

En este contexto, el sector refleja una medida que las principales compañías de telecomunicaciones llevan reclamando mucho tiempo. Es el caso del presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, quien aprovechó su discurso durante el pasado Mobile World Congress (MWC) para exigir que las tecnológicas pasen por caja para financiar las redes en las que las operadoras han invertido decenas de miles de millones de euros en los últimos años. Así, el ejecutivo español insistió en la necesidad de establecer la cuota para cuya puesta en marcha se ha iniciado en la Comisión Europea una consulta pública.