Con la aprobación por parte del Gobierno de la Ley de Vivienda para garantizar el acceso a una vivienda digna, el panorama de los inquilinos cambia. La normativa, que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, busca aliviar las dificultades de acceso a la vivienda de los colectivos más vulnerables con medidas como el límite al precio del alquiler y el fomento de las viviendas públicas. Es normal que muchos caseros tengan dudas sobre cuándo pueden echar a un inquilino con la nueva Ley de Vivienda.
Tras ser aprobada por el Consejo de Ministros en febrero de 2022, la Ley de Vivienda obtuvo la aprobación del Congreso el 27 de abril de 2023 y ahora está a la espera de su tramitación en el Senado. La normativa incluirá diferentes medidas para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles y prevenir situaciones de tensión en el mercado del alquiler. Además, la ley otorgará herramientas a las comunidades autónomas y los municipios para controlar o reducir el precio del alquiler y aumentar el número de viviendas disponibles en alquiler social, en apoyo a jóvenes y colectivos vulnerables en el acceso a la vivienda.
La nueva Ley de Vivienda incluye, entre su paquete de medidas, una serie de disposiciones para regular los procedimientos en caso de impago de alquileres por parte de inquilinos. Así, la nueva ley modifica la normativa existente, la Ley 1/2000 del 7 de enero, para establecer un marco regulatorio que proteja a las personas vulnerables ante un posible desalojo por impago de rentas.
El objetivo principal de esta nueva normativa es garantizar la protección de los derechos de los inquilinos en situación de vulnerabilidad, que podrían encontrarse en riesgo de desahucio.
Mañana miércoles, el Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda será sometido a votación en el Pleno del Senado y es probable que sea aprobado. Si no se presentan enmiendas adicionales que obliguen a devolver el texto al Congreso, este podría ser aprobado antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, siendo la última votación del texto.
Cuándo puedo desalojar al inquilino con la nueva Ley de Vivienda
La nueva Ley de Vivienda incluye mejoras para asegurar una comunicación fluida entre los servicios sociales y el órgano judicial, garantizando así una atención rápida a las personas en situación de vulnerabilidad. Además, la ley contempla soluciones habitacionales para aquellos afectados por desahucios, y amplía los plazos de suspensión mientras se buscan soluciones a su situación. Es decir, un tribunal podrá suspender el proceso durante dos meses para personas físicas y cuatro meses para jurídicas.
En casos donde el demandante sea un "gran tenedor" y la demanda de desahucio afecte a personas vulnerables, se requerirá la acreditación de la aplicación de un procedimiento de conciliación o intermediación.
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