Trabajo espera recaudar 114 millones con la detección de falsos autónomos

Los falsos autónomos están en el punto de mira de la Inspección de Trabajo. El conflicto laboral intensificado en el mes de mayo debido a los roces entre el ala socialista y la 'morada' del Gobierno que impidieron llevar a cabo la reestructuración del organismo no han supuesto un escollo para que la Inspección regularice a un total de 17.500 falsos autónomos que han forzado a pasar a trabajadores asalariados, según explicó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en la rueda de prensa para dar cuenta de los datos de empleo. Las actuaciones llevadas a cabo hasta el mes de julio podrían traducirse en unos ingresos cercanos a los 114 millones de euros, tal y como confirman fuentes del departamento. 

La Inspección de Trabajo ha propuesto sanciones por un importe superior a los 60 millones, mientras que las liquidaciones ascienden a otros 53,3 millones, un ingreso que todavía no se ha producido, según ha trasladado el Ministerio a este medio. La vicepresidenta segunda del Gobierno y titular de esa cartera, Yolanda Díaz, se comprometió a intensificar la actividad del organismo en 2022 con más de 13.000 investigaciones que afloraron a cerca de 40.000 trabajadores que estaban bajo esta figura a pesar de operar como asalariados. 

Los datos provisionales compartidos por el 'número dos' de Trabajo apuntan a que en 2023 se podría alcanzar una cifra similar, dado que se trata de una política prioritaria para el equipo de Díaz, como pone de relieve que fuese una de las campañas que los sindicatos amenazaron con parar en el contexto de la huelga. El Ministerio indica que esta cifra es una primera aproximación, por lo que aún no han identificado en que sectores se localiza el mayor porcentaje de fraude, si bien hacen alusión al peso del trabajo en plataformas digitales como uno de los principales focos al que el Ministerio buscó poner solución a través de la 'ley rider' que ahora se trataba de emular en Europa. 

A diferencia de la campaña de 2022, la Inspección se beneficiará este año de los cambios introducidos por la Ley de Empleo aprobada en el mes de marzo. La norma buscaba modernizar las políticas públicas de empleo y los servicios públicos implicados en ellas, sin embargo, también introdujo una disposición final por la que las resoluciones de la Inspección de Trabajo pasan a ser directamente ejecutables cuando sean firmes, sin necesidad de que estas sean ratificadas por un tribunal de lo Social. De esta manera, pasan a operar como otros actos administrativos, de manera que los sancionados pueden presentar un recurso a través de la vía contencioso-administrativa, un cambio que se esperaba que pudiera acelerar estos procesos. 

Cae el número de autónomos afiliados a la Seguridad Social

Pérez Rey ha valorado que el trasvase de falsos autónomos a asalariados podría explicar parte de la caída de afiliaciones en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) que es de más de 6.000 trabajadores por cuenta propia respecto al mes de junio, a pesar de que el balance es positivo en la comparativa interanual (+3.617). No obstante, las principales asociaciones de autónomos ATA -vinculada a CEOE- y UPTA -ligada a UGT- han rechazado esta lectura en otras ocasiones al identificar el principal problema en el cierre de pequeños comercios. En el mes de marzo esta diferencia era especialmente significativa, al contar con 20.000 trabajadores por cuenta propia menos que un año antes dentro de este sector. 

Según los datos compartidos este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de estas 6.000 bajas, más de 4.000 se focalizan en el sector de la Educación, algo que tanto el secretario de Estado de Trabajo como el de Empleo han considerado normal por el freno que se registra en esta actividad en los meses de verano. Desde el Gobierno destacan que estos contratos acostumbraban a ser parciales, por lo que el hecho de que se opte por figuras ordinarias, aunque sea por la del contrato fijo discontinuo es un signo positivo. Precisamente, el uso de esta tipología podría explicar gran parte de este recorte en las altas a la Seguridad Social del Régimen Común, dado que en los periodos de inactividad estos trabajadores son dados de baja.