La jornada laboral máxima legal lleva encallada en las 40 horas desde diciembre de 1982, algo que la ministra de Trabajo y Economía Social cree urgente cambiar y que ha situado como la prioridad de esta segunda legislatura al frente de la cartera. El equipo de Yolanda Díaz ha citado a los agentes sociales este jueves para iniciar las conversaciones respecto a esta materia, negociación a la que patronal y sindicatos llegan con posturas distanciadas, pese a que en la práctica ya han avanzado en esta dirección a través de los convenios sectoriales y de empresa. El Gobierno se fijó una meta a alcanzar en dos pasos, con una primera reducción hasta las 38,5 horas a la semana para 2024 y una segunda con la que se situaría en las 37,5 horas. Este es el punto de partida, aunque el Ministerio no llevará un papel al primer encuentro.
Sin embargo, se da la paradoja de que conseguir el primer objetivo, que supone una reducción de 1,5 horas semanales será mucho más sencillo que cerrar la siguiente rebaja de una hora adicional, por la que se pasarían a trabajar 1.712,5 horas al año, como máximo. ¿El motivo? El primero de estos avances ya está conseguido en la negociación colectiva, por lo que solo la intención de politizar el debate podría obstaculizar que pasara a reflejarse con rango de ley. Los convenios con efectos económicos en 2023 -pactados este mismo año o con anterioridad- recogen una jornada media de 1.748,57 horas anuales (1.699,2 horas en los de empresa y 1.751,6 horas en los de ámbito superior a esta).
Es decir, la jornada media pactada en 2023 es inferior a las 38,5 horas semanales, mientras que la acordada en la empresa equivale a trabajar menos de 37,5 horas a la semana, según los datos que publica Trabajo. Por lo que los principales beneficiarios de la primera bajada serán el conjunto de asalariados que no están amparados por uno de estos convenios, un número imposible de determinar según CCOO y que la líder de Sumar tampoco ha detallado. En cambio, sí han elevado a más de 12 millones el total de trabajadores del sector privado que trabajan más de 1.712,5 horas al año, ya que los funcionarios y empleados públicos ya cuentan con esta jornada laboral desde 2019 y ahora tratan de conseguir que José Luis Escrivá se abra a recortarlas a 35.
El propio Antonio Garamendi, presidente de CEOE, ha reconocido en diferentes intervenciones públicas que su organización no se opone a reducir el tiempo de trabajo, pero sí a hacerlo con la intervención del Gobierno. Los empresarios estiman que es un acuerdo que se debe alcanzar de la mano de los sindicatos como hicieran con la subida salarial en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Si bien, las patronales van a acudir a la reunión en el Ministerio de Trabajo, por lo que los sindicatos tienen esperanza de que haya cierta voluntad de consenso por su parte a pesar de reconocer que la forma en la que se desarrolló la negociación para subir el SMI no ha creado un contexto positivo de partida.
Como es habitual, fuentes de la cartera de Díaz confirman que la postura de la titular es abierta y flexible si es posible llegar a un acuerdo, no obstante, la vicepresidenta está determinada a reflejar la reducción de la jornada laboral máxima en una ley con el único beneplácito de los representantes de los trabajadores si la CEOE se cierra en banda o adopta una postura de oposición frontal que entienden solo responde a una escenificación política. El Ejecutivo de Felipe González ya lo hizo la última vez sin el apoyo de los empresarios que anunciaron un golpe para el empleo en un periodo en el que la tasa de paro era del 16,6%, pero también generó descontento entre los sindicatos al negarse a ir más allá de las 40 horas actuales. No obstante, CCOO y UGT desean que sea un acuerdo a tres bandas para facilitar su traducción a los convenios.
