La mayoría del futuro Pleno del Tribunal de Cuentas al que muy probablemente le tocará resolver sobre la legalidad de los avales ideados por la Generalitat de Cataluña para sufragar el coste de las fianzas por valor de 5,4 millones de euros impuestas a los encausados del procés estará constituido por consejeros designados a propuesta del Partido Socialista. El equipo de negociación encabezado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha maniobrado para garantizarse la mayoría en el principal órgano de fiscalización de las cuentas del Estado, en un contexto crítico en el que las sanciones impuestas a exaltos cargos de la Generalitat por los gastos en expansión exterior en los que incurrió la Administración catalana y las reservas mostradas por el Tribunal a la solución financiera ideada por el Govern han puesto a la institución en el punto de mira del nacionalismo.
El cambio de guardia en la institución alterará la actual relación de fuerzas, en la que había siete consejeros designados a propuesta del PP, solo tres nombrados a propuesta del PSOE y uno a propuesta de IU, para configurar un nuevo equilibro de fuerzas en el que habrá siete consejeros de designación socialista y cinco propuestos por el Partido Popular, que por cierto va a cambiar por completo su actual 'alineación' para el Tribunal de Cuentas.
La negociación entre Bolaños y Teodoro García Egea no ha sido sencilla. Descartado el equilibrio, el consenso parecía perfilarse en torno a una solución que daría seis puestos en el Consejo al PSOE, cinco al PP y uno a un independiente acordado por ambas partes. El acuerdo final, sin embargo, descartó esa opción y basculó hacia una mayoría socialista, que no se vivía en el organismo desde hace décadas.
En tanto aterrizan los nuevos consejeros, el equipo de la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas ha puesto toda la carne en el asador en los últimos días para rematar y si es posible aprobar los informes de fiscalización sobre los contratos de emergencia celebrados durante la pandemia antes de que el Pleno del Tribunal varíe casi al completo tras el acuerdo cerrado este jueves entre PSOE y PP para renovar los órganos constitucionales, según refieren fuentes internas del Tribunal. El asunto ya había sido identificado por el órgano fiscalizador como asunto prioritario en el programa de fiscalizaciones para el año 2021 pero en las últimos días, y al calor del acuerdo político para la renovación del Tribunal, se ha decidido darle un nuevo impulso para tratar de cumplir con el compromiso de cerrarlo antes de final de año e intentar dejarlo listo antes de que se produzca el relevo de consejeros en el Tribunal de Cuentas.
Las fuentes consultadas deslizan que el acuerdo PP-PSOE ha cogido con el pie cambiado a buena parte del Pleno del Tribunal que ya contaba con permanecer en sus puestos en funciones al menos hasta el año 2022. El repentino anuncio del pacto para renovar los órganos constitucionales y la rapidez en su resolución han actuado como acicate para que los departamentos implicados en la fiscalización de los gastos Covid redoblen sus esfuerzos con el objetivo de rematar la fiscalización estrella del Tribunal en este año 2021 lo antes posible.
El asunto tiene su morbo porque a día de hoy tanto en el Pleno del Tribunal como en las secciones de fiscalización hay una mayoría clara de consejeros designados en su día por el Partido Popular. En el Pleno la relación es de 7 a 4 y, de la misma manera, en cuatro de los siete departamentos que se están encargando de la fiscalización de los 'contratos Covid' los máximos responsables son consejeros designados en su día a propuesta del PP. El matiz, no irrelevante, es que en el Departamento del Área Político-Administrativa del Estado, que es la que en principio se ha encargado del análisis de la parte más controvertida, los contratos de emergencia cerrados por el Ministerio de Sanidad en lo peor de la pandemia, la consejera responsable es Enriqueta Chicano, nombrada a propuesta del Partido Socialista y que pasa por ser la consejera más cercana al Gobierno.
Chicano es junto a Dolores Lozano Moya, responsable del área de fiscalización de Seguridad Social y Laboral y también designada a propuesta del Partido Socialista, y el fiscal jefe del Tribunal, Miguel Ángel Torres Morato, los únicos tres miembros que continuarán en el nuevo Pleno del Tribunal de Cuentas, donde la relación de fuerzas se alterará y tendrá por primera vez en cerca de dos décadas una mayoría de consejeros designados por el Partido Socialista, en una relación de 7 a 5.
Un trabajo contra el reloj
Cerrar los informes de la contratación covid antes de los cambios en el Pleno no será tarea fácil. En gran medida, porque el Tribunal de Cuentas decidió en su día que no se hiciera una fiscalización integrada de los 'gastos Covid' sino que cada área se encargara de los contratos formalizados en su ámbito de competencia. Esto ha fragmentado el trabajo por secciones, de modo que las contrataciones realizadas por los ministerios económicos se analizarán en un informe, las de los ministerios del área administrativa en otra, los de las comunidades autónomas en otro informe diferente, los de la Seguridad Social por otro...y así hasta implicar a siete de los ocho departamentos que configuran la Sección de Fiscalización del Tribunal.
Esa disgregación abre la puerta a que los informes de fiscalización se cierren en momentos diferentes y que incluso sean finalmente aprobados por Plenos distintos. El tema es delicado. El informe de fiscalización de los contratos de emergencia rubricados en los primeros compases de la crisis sanitaria, especialmente desde el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa, reúne esos requisitos que lo convierten en una fiscalización de riesgo. La cuestión ha sido uno de los vectores de crítica política de la oposición en el Congreso a la gestión gubernamental de la crisis, afecta de forma directa a uno de los valores más sólidos del PSOE como es Salvador Illa y pone bajo el microscopio la solvencia misma del Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de gestionar los momentos más duros de la crisis del coronavirus.
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