Las viviendas de nueva construcción de la Sareb no estarán disponibles hasta 2025

La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha detallado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el plan trazado por el Gobierno para movilizar el terreno y las viviendas que están bajo el dominio de la Sareb, la gestora de activos conocida como "el banco malo". La promesa de las 50.000 viviendas para alquiler social fue anunciada por el presidente del Gobierno el pasado fin de semana durante un acto de campaña, sin embargo, esa cifra está plagada de matices. Desde el departamento de la responsable económica se muestran cautos y hacen alusión a la dificultad de anticipar fechas, dado que el reparto de estas viviendas depende en gran parte de la implicación que tengan las comunidades autónomas y los municipios en su movilización. Sin embargo, señalan que en el mejor de los escenarios, la política podría estar desarrollada en 2025. 

Las 50.000 viviendas prometidas por Pedro Sánchez se concretan en 14.000 casas que actualmente están habitadas por personas "con una casuística muy variada", entre las que el Gobierno está tratando de identificar a las familias vulnerables, para a través del Ministerio de Seguridad Social, poner en marcha un programa de acompañamiento social para que puedan acceder a un empleo y a la vez, a un alquiler social. Otras 21.000 viviendas ya terminadas, de las que 9.000 estarían listas para la venta, mientras que otras 12.000 estarían pendientes de algún tipo de trámite o arreglos menores. Desde la cartera económica calculan que si hay una buena disposición por parte de las administraciones implicadas, estas viviendas destinadas a alquiler asequible podrían estar en circulación en un plazo de entre seis y nueve meses, es decir, al final de la legislatura. 

De las 15.000 restantes, por ahora no se cuenta ni con un ladrillo. Los planes del Gobierno son que estas residencias se construyan en los terrenos que pertenecen a la Sareb como parte del objetivo de reducción de deuda pública y recuperación del máximo de activos. En consecuencia, los plazos para su puesta en marcha serán más dilatados. Fuentes gubernamentales apuntan a que los trámites podrían estar finalizados para finales de 2023, lo que permitiría iniciar el proceso de construcción, por lo que las viviendas podrían estar disponibles para que los ciudadanos accedan a un alquiler asequible en un plazo aproximado de tres años, idealmente en 2025. 

Nadia Calviño ha destacado que esta medida forma parte de la política de vivienda que ha seguido el Ejecutivo desde el inicio de la legislatura, que ha tratado de situar esta cuestión en el centro de su política económica, con el bono alquiler joven y las ayudas para la eficiencia energética, según ha defendido en el Senado, en un cara a cara con el número dos de Alberto Núñez Feijóo en la Cámara Alta. En concreto, la ministra ha detallado que la iniciativa forma parte del Plan Estatal de acceso a la vivienda 2022-2025, que se fijó como objetivo incrementar el parque público de vivienda en 100.000 unidades. Esta última medida sumaría la mitad de ellas. 

Distribución territorial de las viviendas

El paquete de viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) no está distribuido de forma homogénea a lo largo y ancho del territorio. La gran mayoría de las residencias disponibles están concentradas en la Comunidad Valenciana (4.950), Cataluña (3.539), Castilla y León (2.288), Murcia (2.093) y Andalucía (2.040), mientras que en Madrid apenas hay 455 viviendas disponibles. Fuentes gubernamentales recuerdan, ante las críticas de algunos dirigentes del Partido Popular a este respecto, que ellos no han elegido su distribución, sino que fue el último gobierno popular el que asumió el control de estos activos para liberar deuda a diferentes entidades bancarios, con la promesa de que no costaría ni un euro a los españoles.  

Además de esta cesión de terreno para la construcción de vivienda, Sareb ofrecerá a las administraciones públicas otras superficies para su compra, lo que permitirá el desarrollo de otras obras con fin social, como la construcción de aparcamientos públicos, hospitales, escuelas u otro tipo de espacios públicos. Estos tampoco tienen una distribución simétrica en la península y poseen una alta concentración en el arco mediterráneo. 

El Gobierno espera que esta movilización contribuya a la reducción de la deuda, después de haber tomado el control de la Sareb e incorporarla al circuito público en 2022, lo que conllevó cambios importantes en la directiva y en su funcionamiento, según ha destacado la ministra. Para este propósito también se ha designado a un consejo asesor de carácter consultivo que no percibe remuneración por estos servicios, del que forman parte expertos en sostenibilidad social. Economía también confía en que esta estrategia contribuya a fijar a la población joven en los espacios rurales, ofrecer una alternativa de habitabilidad a los trabajadores temporeros del campo y contribuir a la recogida de refugiados.