El Gobierno tiene que reformar el subsidio por desempleo antes de que termine el año, una materia en la que hay hasta cuatro ministerios implicados y que Trabajo quiere aprobar cuanto antes, dentro de un paquete de medidas laborales en el que se revisará el permiso de lactancia y además, se traspondrá la directiva de condiciones de trabajo previsibles, como contó La Información. Fuentes del departamento que tutela la vicepresidenta segunda del Ejecutivo y líder de Sumar confiaban en cerrar el texto para este martes tras semanas de desencuentros con la cartera de Economía, pero otras partes de la negociación evitaban señalar una fecha concreta.
Finalmente, según ha adelantado la Cadena Ser y confirman desde el Ministerio de Trabajo a este medio, la reforma del subsidio por desempleo ha entrado en el orden del día del Consejo de Ministros de este martes, tras cerrar un acuerdo con la cartera de Economía. El texto definitivo, del que aún no se han hecho públicos los detalles, mantendría el grosso de la propuesta elaborada por el equipo de Yolanda Díaz de forma que la cuantía a percibir por los trabajadores que hayan agotado la prestación contributiva se incrementaría en los primeros meses de subsidio y después se mantendría en los 480 euros al mes actuales.
El texto contempla elevar la cuantía hasta los 570 euros durante los primeros seis meses y a 540 la siguiente mitad de año -la primera de ellas notablemente inferior a la propuesta por Trabajo de 660 euros- para mantenerse en 480 hasta agotar los 30 meses de ayuda, según recoge EFE, situándose en el 95%, el 90% y el 80% del IPREM. Además, la reforma contemplaría que el subsidio fuera compatible con tener un empleo durante 180 días, en lugar de los 45 que había planteado el departamento de Yolanda Díaz en primer lugar, para evitar que este sea un desincentivo a la búsqueda de empleo.
La modificación de las ayudas a las que acceden los trabajadores que han agotado su prestación de paro tras quedarse sin trabajo, era una cuestión urgente para el conjunto del Gobierno de coalición. Se trata de la décima reforma pactada dentro del compromiso 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas, bajo el rótulo de "simplificación y mejora del nivel asistencial de desempleo" y que tenía que haber sido culminada a finales de 2022, si bien, se amplió el plazo hasta el 31 de diciembre de 2023 en la negociación de España con la Comisión Europea con motivo de la adenda a este mismo plan.
¿Cómo se ha negociado la reforma del subsidio?
Los ministerios de Trabajo, Economía, Seguridad Social y Hacienda desarrollaron los trabajos técnicos para ultimar el texto que ha suscitado un fuerte enfrentamiento entre los departamentos dirigidos por Yolanda Díaz y Nadia Calviño. Las dos almas del Gobierno plantearon dos borradores completamente diferentes para introducir cambios en el nivel asistencial de desempleo, sin embargo, las fuentes de la cartera de Trabajo mantienen que son el ministerio responsable de dirigir esta reforma y que por ello, han sido los encargados de pactar con Bruselas el enfoque de la norma. En este sentido, insisten en que el foco está en ampliar la cobertura y no en recortar.
Todo ello hace de la negociación un proceso arduo, en el que las ministras socialistas buscan contener el gasto público destinado a estas políticas mientras a su izquierda, se escudan en el superávit de casi 4.800 millones de euros que ha reunido el SEPE gracias al impulso de las cotizaciones sociales para oponerse a esta senda. Fuentes de la negociación apuntan que hay puntos de consenso, como el que el subsidio pase a ser compatible con tener un empleo durante 45 días, con independencia del tipo de contrato que sea, para evitar que los desempleados rechacen puestos de trabajo por la incertidumbre de cuánto pueda durar o por ser para un periodo muy corto.
Sin embargo, en el momento de escribir estas líneas hay diferencias clave como las cuantías a percibir por los desempleados que perciben el subsidio, sobre las que no se han conseguido limar asperezas. El borrador preparado por el Ministerio de Trabajo y que estaba guardado en un cajón desde el verano de 2022, proponía ampliar hasta 660 euros la ayuda durante los primeros seis meses y después a 540 por otro medio año, para después mantenerlo en los 480 euros actuales hasta agotar los 30 meses. En cambio, Economía abogaba por concentrar el total del subsidio en 12 meses, de forma que lo ampliaba hasta 600 euros los primeros tres meses y reducirlo hasta la mitad para el último trimestre, de forma progresiva. Todo ello calculado en función del porcentajes del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
Saldrá sin acuerdo con los agentes sociales
Patronal y sindicatos mantuvieron una primera reunión con el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, el pasado 30 de noviembre en la que ambas partes calificaron como insuficientes las medidas recogidas en el borrador de Trabajo. Y ambas partes de la mesa de negociación remitieron a esta cartera sus propuestas hace más de una semana, comentarios sobre los que no han recibido respuesta tal y como trasladan los representantes a este periódico. En estas conversaciones no han participado el resto de los ministerios, por lo que los representantes del diálogo social solo han podido valorar la propuesta del equipo de Trabajo.
Las fuentes consultadas señalan que en otras ocasiones en las que había sucedido, todas las carteras tenían representación en su mesa. Estas discrepancias y el poco margen de tiempo para sacar la reforma adelante antes de fin de año llevaron a la patronal y los sindicatos a pensar que el Gobierno no buscará un acuerdo aunque sí pueda incluir alguna de sus aportaciones. La semana pasada CEOE ya descartaba que fuesen a convocarlos a una segunda cita, a pesar de que los sindicatos mantenían la esperanza de poder trabajar hasta el último momento. Si bien, fuentes próximas a la cartera de Yolanda Díaz apuntan a que la única negociación en vigor es la que se da entre carteras.
