El Gobierno de Pedro Sánchez no es el primero en poner en el punto de mira la reducción por tributación conjunta del Impuesto sobre la Renta. Hace 15 años la Vicepresidencia Económica de Pedro Solbes ya valoró acabar con un beneficio fiscal que muchos fiscalistas observan como una anomalía del sistema tributario dentro de la Reforma Fiscal aprobada a finales de 2006. En aquella ocasión las objeciones se impusieron a los beneficios potenciales y el Gobierno acabó desistiendo de su idea de liquidar el régimen fiscal con el argumento de "evitar numerosos perjudicados" entre pensionistas con rentas de cuantía reducida y familias numerosas, principalmente.
El equipo de Solbes y de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por aquel entonces secretario de Estado de Hacienda, cayó en la cuenta de que la eliminación de esa reducción tenía efectos particularmente negativos sobre un núcleo muy concreto y muy vulnerable de la población: el de parejas de jubilados que subsistían de una sola pensión, cuya cuantía no era particularmente elevada. Con las arcas rebosantes de recursos fiscales - 2005 y 2006 fueron los primeros años con excedente presupuestario de la historia de España -, el Gobierno valoró más ese coste social que la permanencia en el sistema fiscal de un elemento que veían como obsoleto e impropio de un sistema fiscal moderno.
El análisis sobre este beneficio fiscal realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) hace algo menos de un año y que sostiene la iniciativa del Gobierno por su eliminación ya señalaba que el 48% de los beneficiarios se concentraban en el segmento de mayores de 55 años hecho que atribuía a que en esos hogares la participación laboral de las mujeres es menor y por tanto este esquema garantiza un mejor trato fiscal.
Las razones que veía entonces el equipo de Solbes para remover esa reducción fiscal no se apartan mucho de las que el Gobierno enarbola en esa versión 'light' del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que hizo público este pasado fin de semana. El Ejecutivo de Zapatero, en un giro inusual, incluyó en el preámbulo de la Ley de Reforma Fiscal un párrafo citando los elementos que justificarían la revisión de la reducción por tributación conjunta, sugiriendo ya entonces el argumento rescatado ahora por el Ejecutivo de Pedro Sánchez de que podría inhibir la participación en el mercado de trabajo de las mujeres y también por razones de simplificación en la gestión de los impuestos, en una especie de invitación a futuros gobiernos a abordar este asunto en el futuro.
Ese guante lo ha recogido 15 años después el Gobierno de Pedro Sánchez, que aunque ahora trata de desmarcarse de la idea recoge en el Plan de Recuperación de forma muy clara su intención de replegar de forma paulatina ese régimen fiscal en línea con lo planteado por la Autoridad Fiscal. La Airef concluyó que en los hogares en que se aplica este beneficio fiscal, que supone una reducción de 3.400 euros en la base imponible del IRPF, la mujer es la que menos renta aporta en el 84,3% de los casos y que ese indicador avalaba "la existencia de una distorsión en la oferta laboral de las mujeres casadas comparando los ingresos laborales declarados de mujeres para quienes la tributación conjunta supone un pequeño ahorro fiscal y para las que supone un pequeño coste fiscal".
El organismo evaluador detectaba unas diferencias en los patrones salariales de las mujeres que obtienen una ventaja fiscal de este sistema respecto a las que les supone un pequeño coste fiscal que le conducen a pensar que el incentivo puede actuar no sólo como inhibidor para su actividad laboral sino en ocasiones como posible acicate para ocultar su actividad económica.
En la secuencia de ratificaciones y desmentidos en que se ha enredado el Gobierno en las últimas horas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, subrayó este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que "no hay ningún tipo de compromiso" para eliminar la reducción por tributación conjunta del IRPF, pese a que la referencia explícita al asunto que figura en uno de los anexos del Plan de Recuperación. El argumento de la ministra es que la referencia a esta medida se incluye en el informe de impacto de género del Plan, pero no en la ficha de fiscalidad que es al parecer donde figuran las únicas medidas tributarias que prevén aplicarse pese a que el plan mencione otras diferentes...
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios