Ábalos no se mueve en la crisis del taxi: "Las competencias son de las CCAA"

No se ha movido ni una coma del mensaje que lleva repitiendo desde haca semanas en plena crisis de las VTC, con la retirada de Uber y Cabify en Barcelona y la huelga de los taxistas en Madrid. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha insistido en el Congreso de los Diputados que las competencias para regular a las licencias de vehículo con conductor (VTC) son de comunidades y ayuntamientos. Sobre la posición de la Comunidad de Madrid, ha advertido: "Si no quieren regular, lo que pasa es que no dejarán [a Uber y Cabify] prestar servicios en la comunidad".

Ábalos ha comparecido este mediodía en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados para explicar la situación del conflicto de los taxis y VTC. En ella ha vuelto a repetir los mismos argumentos: "El Ministerio no se desentiende de la situación". En este sentido, insiste en que el decreto aprobado el pasado mes de septiembre en la Cámara alta -con los votos de Podemos y los partidos nacionalistas- devuelve las competencias a las administraciones regionales y locales. ¿Por qué? "Estas administraciones son las que conocen las necesidades de un territorio", se ha justificado.

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En este contexto, la Comunidad de Madrid, con Ángel Garrido a la cabeza, se ha mostrado muy crítica con su posición en la gestión de la crisis. Y Ábalos ha sido muy claro: "Ya sabíamos que unas comunidades lo iban a asumir y otras no; por eso el decreto nunca obligó ni obliga a regular a las comunidades". A continuación, advierte a Garrido que en caso de que descarten hacerlo, lo único que harán será impedir a las VTC prestar servicios en dicha comunidad. "Les guste o no, está aprobado por esta Cámara y se va a tramitar como proyecto de ley; ahora tienen una oportunidad, aprovéchenla", ha insistido, en clara alusión a que se incluyan enmiendas que cambien esta regulación.

Sobre el origen de este conflicto, el responsable del departamento de Fomento ha culpado al Gobierno de Mariano Rajoy (PP) de dejar abierto un 'agujero' legal por el que se pudieron solicitar miles de licencias en los tribunales de Justicia. En este sentido, recordó que entre julio de 2013, cuando se modificó la Ley de Transportes, hasta noviembre de 2015, cuando se puso en marcha el reglamento para esa normativa, no se hizo nada. "Si no hubieran tardado estos años, estarían en el mercado menos de la mitad de las licencias actuales".

Se pone la venda ante las indemnizaciones

Contra ese decreto aprobado en septiembre pelearán las empresas del sector VTC en los tribunales y reclamarán más de 4.000 millones de euros en indemnizaciones. Ábalos ha insistido en que los cuatro años de 'periodo de gracia' hasta hacer que estos vehículos sólo puedan hacer trayectos interurbanos es un periodo para "procurar esa transición".

Según él, se trata de un "mecanismo de compensación y no es una expropiación". "Hay un cambio de condiciones de la explotación de una autorización; nadie es dueño de una autorización de la administración y hay doctrina jurisprudencial", ha advertido. En este sentido, Fomento entiende que, según los informes de la Abogacía del Estado, para evitar la responsabilidad patrimonial de la administración con ese tiempo "se amortiza la inversión", según aclararon en septiembre.

¿Y entonces qué está haciendo Fomento? "Seguimos trabajando en cuestiones que nos competen", ha apuntado. En este sentido, insiste en que el registro de servicios de VTC está "en las últimas fases de prueba", mientras que el régimen sancionador de las VTC se aprobará "próximamente" mediante proyecto de ley en el Consejo de Ministros.