Es uno de los flecos abiertos de ACS y FCC en América Latina. Las dos constructoras españolas mantienen una disputa con Perú por las obras del metro de Lima, en las que participan a través de una sociedad conjunta con dos compañías italianas. Unas obras que acumulan retrasos y que han llevado ante una Corte de Arbitraje internacional. Y la reclamación que solicitan ha ido en aumento en los últimos meses, según detalla la compañía presidida por Florentino Pérez en su informe de 2017.
Se trata de la sociedad Metro de Lima Línea 2, donde Iridium Concesiones de Infraestructuras, filial de ACS, controla el 25% del accionariado. En enero de 2017, el consorcio presentó una solicitud de arbitraje contra la República de Perú ante el Ciadi, el organismo encargado del arbitraje entre Estados. En un primer momento, las empresas constructoras reclamaron 260 millones de dólares.
A cierre de 2017, en cambio, esa reclamación por "daños y perjuicios" se ha elevado y ya es "superior a los 400 millones de dólares", el equivalente a 327 millones de euros al cambio actual, según consta en el informe de ACS. Una indemnización que se solicitó el 23 de enero de 2018.
Las compañías acudieron al Ciadi al entender que Perú llevó a cabo un "incumplimiento grave" del contrato de concesión por no entregar los terrenos en los plazos y condiciones marcados y, por otro lado, por la "falta de aprobación" y "aprobación tardía" de los estudios de ingeniería de la obra. FCC en su informe anual no da detalles sobre el pleito por el Metro de Lima, donde asume una participación efectiva en el consorcio del 18,25%.
Hasta julio de 2019
ACS explica en el informe anual que, además de la indemnización de 400 millones de dólares, se ha solicitado una ampliación del plazo de ejecución de las obras del metro de Lima. También, que la suma que solicita a la Corte de Arbitraje "incluye daños que afectan a distintas partes intervinientes en el proyecto (grupo constructor, proveedor de material rodante, etc.) cuya legitimación para exigirlos podría ser cuestionada", argumenta ACS.
No va a ser un proceso rápido, porque la constructora asume que "estima que el laudo arbitral podría emitirse en julio de 2019".
Hoy, el metro de Lima, se ha convertido en un dolor de cabeza para las constructoras implicadas pero, hace cuatro años, fue un contrato de relumbrón para las compañías españolas, valorado en 3.900 millones de euros. Conllevaba la construcción de 35 kilómetros de túneles y otras tantas estaciones de metro, además de la operación del mismo por un periodo de 30 años.
ACS también explica que, para hacer frente a los litigios y posibles responsabilidades que pueda tener por delante cuenta con una 'hucha' de provisiones de 893 millones de euros. De ellos, 347,9 millones los atribuye a la corporación. Dentro de esos litigios incluye, por ejemplo, el expediente abierto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a su filial Dragados por "prácticas restrictivas a la competencia en relación al negocio de construcciones modulares". Se enfrentaría a una multa de 8,6 millones, recurrida ante la Audiencia Nacional. "La dirección del grupo estima que su posible efecto no sería significativo", asume ACS.
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