Aena no da por perdida la batalla de los alquileres. El gestor aeroportuario está convencido de poder revertir la situación ante el Tribunal Constitucional, una de las pocas vías posibles para tumbar una normativa impulsada desde el Congreso de los Diputados. El motivo para llevar a cabo esta actuación es el enorme perjuicio económico que el cambio de Ley de Ordenación de Transportes (LOTT) le supone a la compañía: una reducción de ingresos por más de 1.300 millones durante los próximos cuatro años.
El encargado de representar y defender a Aena ante el alto tribunal será Tomás de la Quadra Salcedo, quien fue ministro del Gobierno socialista de Felipe González en sus distintas etapas. Primero ocupó la cartera de Administración Territorial en su primer Gobierno y más tarde ocupó el cargo de la misma responsabilidad para ponerse al frente del Ministerio de Justicia. Entre un cargo y otro estuvo en la presidencia del Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Ejecutivo. Ya como académico ha participado en proyectos de investigación en torno al futuro de la intervención pública en contextos de crisis económica, entre otros temas.
El acuerdo entre el gestor aeroportuario y Tomás de la Quadra se ha llevado a cabo por la vía rápida a través de un contrato negociado sin publicidad, la fórmula más flexible y menos transparente que tiene la administración. Es un contrato por cinco años que variará en función de las diversas actuaciones profesionales que podrán llegar o no a realizarse, explican las fuentes consultadas por La Información. En el sector se le considera como un jurista de renombre. El año pasado recogió el Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio de manos del rey Felipe VI. Licenciado y también Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1968), el exministro tendrá ahora la ardua tarea de pelear distintos recursos de inconstitucionalidad en nombre de Aena.
Es en ese terreno donde entra en juego la nueva ley que modifica la relación contractual de la empresa semipública con sus inquilinos. La normativa marca que Aena debe renegociar estos contratos teniendo en cuenta la caída del tráfico aéreo, habida cuenta de que este factor ha impedido que sus arrendatarios asuman las rentas estipuladas antes de la pandemia. Además de eso, la ley marca que Aena no puede cobrar nada -o devolver el dinero en el caso de ya haberlo hecho- durante la etapa comprendida entre marzo de 2020 y junio de ese mismo año.
Antes de que la Cámara Baja impulsara la nueva normativa con los votos del PP, parte de Vox, ERC y el PNV -PSOE y Unidas Podemos se abstuvieron-, Aena y buena parte de los comercios y restaurantes que operan en sus aeropuertos se habían enfrascado en una batalla legal, en la que los juzgados se habían llenado de peticiones cautelares para impedir que el gestor aeroportuario ejecutara los avales de las tiendas ante el impago de las mensualidades correspondientes tras el coronavirus.
El presidente de la compañía, Maurici Lucena, ya advirtió que utilizaría todos los mecanismos posibles para defenderse. Hay que apuntar que para tumbar una norma aprobada en el Congreso el Tribunal Constitucional es una de las pocas vías abiertas, junto al tribunal de la Unión Europea (TJUE) y el Centro Internacional de Arbitraje (Ciadi). Para acceder a ello tampoco es sencillo, puesto que se necesita recurrir a través del propio Gobierno -máximo accionista de Aena-, los Ejecutivos de las comunidades autónomas, la iniciativa de 50 diputados o senadores o a través del Defensor del Pueblo.
Las empresas esperan
La batalla por conseguir la inconstitucionalidad ha dado sus primeros pasos. La medida más reciente al respecto es un fallo del Juzgado de Instrucción número 21 de Palma de Mallorca, en el que el juez ya tiene en cuenta la nueva ley y señala que "las partes, y en especial Aena, deberán acomodar sus reclamaciones, en virtud de la disposición legal, a lo dispuesto en dicha disposición final séptima", es decir, la enmienda que colaron los partidos en el Congreso para modificar la Ley de Ordenación de Transportes (LOTT).
Otras empresas ya han avisado de estos efectos a sus inversores. Es el caso del grupo luso Ibersol, que estima ahora que ahorrará 80 millones aplicando los nuevos criterios que tienen como factor clave las estimaciones de tráfico, tal y como avanzó el pasado viernes La Información. La empresa cotizada conocida en España por ser la propietaria de la cadena Pans & Company tenía hasta el momento en juego 95 millones en alquileres contra el gestor aeroportuario.
El impacto de la nueva normativa es significativo. Aena notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que con esta nueva ley los ingresos aeroportuarios se reducirían en 1.500 millones de euros, en línea de lo que unos días antes habían vaticinado distintas casas de analistas. Más tarde y con motivo de sus últimos resultados trimestrales, la empresa actualizó la intensidad del golpe y anunció que únicamente había provisionado 30 millones.
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