Aena encarga a PwC el peritaje de Áreas en su batalla judicial por los alquileres

Aena no ha dado por perdida la batalla de los alquileres con aquellas tiendas y restaurantes que rechazan el acuerdo ofrecido por el gestor aeroportuario. La compañía semipública tiene abiertos varios frentes judiciales con sus grandes inquilinos. Uno de ellos es el grupo Áreas, controlado por el fondo de inversión Pai Partners y presente en los aeropuertos más atractivos de la red española. En la resolución definitiva del conflicto, que sigue pendiente y está condicionada por la última decisión que tomó el Congreso de los Diputados, jugará un papel fundamental la labor de los peritos de las partes, que tratarán de acreditar de manera solvente los motivos de sus clientes.

Para esta tarea, Aena ha encargado por la vía rápida los servicios de PwC, la big four con la que ya trabaja en otros frentes y fue durante varios años la auditora de sus cuentas. Aunque el acuerdo se firmó en julio, no ha sido hasta este mes de octubre cuando la compañía lo ha hecho público a través de su plataforma de contratación. La multinacional será la encargada de examinar las tiendas de Áreas, cómo han sufrido el golpe del coronavirus y, lo más importante, si la crisis ha sido tan fuerte como para invalidar la propuesta de alquileres de Aena. Frente a la readaptación de las rentas en función de la evolución del tráfico aéreo, la compañía dirigida por Maurici Lucena optaba por rebajar a cero el pago de las obligaciones durante el primer estado de alarma y más tarde cobrar la mitad hasta septiembre de este año. En octubre ya se recuperarían las condiciones anteriores a la pandemia.

Áreas, por su parte, explota en España establecimientos bajo marcas propias y franquicias. En el primer grupo están cadenas como La Pausa, Eating Point o Caffriccioy, mientras que en el segundo tiene a Starbucks, Rodilla, Subway o La Tagliatella. Según la propia compañía, cuenta con 19 concesiones de restauración en aeropuertos en España. Sus puntos de venta se reparten en los aeropuertos de mayor tráfico. Por ejemplo, en Madrid-Barajas cuenta con la marca holandesa La Place, en un establecimiento de 146 metros cuadrados; en Barcelona tiene las marcas Burger King y Exki, y en Málaga tiene al grupo especialista en jamón y tapas MasQMenos y el sushi bar prémium Kirei.

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En los primeros enfrentamientos con los inquilinos rebeldes, Aena encargó esta labor de peritaje a otras firmas. Una de ellas fue la consultora estadounidense Duff & Phelps, quien tuvo que evaluar a fondo las finanzas de la compañía suiza Duffry, conocida popularmente por ser la propietaria de las tiendas libres de impuestos. En sus informes, de acuerdo a la documentación judicial consultada por La Información, se apuntaba que la situación económica era compatible con el pago de sus obligaciones. El auto emitido por el Juzgado 39 de Madrid desestimó algunos datos aportados y llegó a afirmar que "las argumentaciones expuestas nos llevan a concluir que resulta a todas luces inflado el dato de liquidez que apunta esta pericial".

Tanto Áreas como Dufry son dos de los grandes contratos que Aena tiene en juego y suman cientos de millones de euros. El tercero en discordia es Ibersol, dueño de la marca Pan's & Company. Este grupo de origen portugués también ha optado por que sean los tribunales quienes decanten la balanza. En su última comunicación dirigida a inversores el pasado mes de septiembre, se mostraba optimista sobre el futuro de estos contenciosos contra la compañía española después de escuchar la opinión de sus asesores legales. 

Aena, por su parte, sigue defendiendo su propuesta, que supone a renunciar a 800 millones de euros en ingresos, y evidenciando que no se enfrenta a pequeños propietarios incapaces de sostener el envite de la crisis sanitarias, sino a grandes grupos con fuertes fondos de capital riesgo detrás respaldando su actividad. Además de estas características, el presidente Lucena explicó que algunos de ellos "han hecho recientemente operaciones de compra y venta (M&A en la jerga), por lo que entiendo que tienen recursos financieros de sobra para afrontar las obligaciones contractuales".

A la espera del Constitucional

Los distintos enfrentamientos de Aena con sus tiendas están condicionados desde la modificación de parte de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) desde el Senado, primero, y el Congreso de los Diputados, después. Influidos por la Asociación de Comerciantes en Aeropuertos (AEOCA), una mayoría parlamentaria formada por partidos tan opuestos como el Partido Popular y ERC votó a favor de que Aena renegociara sus contratos de alquiler teniendo en cuenta la evolución del tráfico aéreo y la lenta recuperación marcada por los rebrotes.

La medida, que contó con la colaboración de incluso partidos allegados al  Gobierno -Unidas Podemos se abstuvo- y la única oposición del PSOE, supone un serio correctivo para los planes de Aena. Horas después de la votación definitiva en la Cámara Baja, el grupo tuvo que enviar un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En su notificación admitía que la nueva normativa tendría un impacto estimado de aproximadamente 1.500 millones de euros. No obstante, la compañía no se daba de bruces y abría la puerta a recurrir la decisión ante los organismos oportunos, esto es, el Tribunal Constitucional.

Hasta el momento no ha trascendido mayor novedad. De hecho, la cotización de la compañía no ha acusado la modificación regulatoria, sino todo lo contrario. Además, algunas casas de analistas como la de Bankinter mantuvieron la recomendación de comprar porque el impacto de la regulación ya estaba previsto y, en todo caso, se situaba "muy por debajo de los 3.000 millones de euros con los que especulaba". No obstante, Fitch sigue con su perspectiva negativa sobre la compañía aeroportuaria. La agencia de calificación internacional espera ahora que el tráfico se recupere gradualmente y alcance los niveles de 2019 en 2025, en contra de las previsiones anteriores.