Sigue el pulso de Aena contra el Gobierno, su principal accionista, por la negativa a reparar económicamente a la compañía con motivo de la Covid-19. La empresa semipública lo intentó por la vía administrativa y no tuvo más remedio que pasar a la judicial, donde también está encontrando obstáculos para aliviar sus cuentas. El gestor aeroportuario, que sigue defendiendo que el Dora establece mecanismos extraordinarios para compensarle, ha defendido ante los juzgados que la postura que ha adoptado el Ejecutivo le está condenando a un "peregrinaje judicial" que no sabe en qué momento terminará.
Así consta en un reciente auto del Tribunal Supremo del pasado 20 de junio consultado por La Información, en el que se supervisa la causa que se abrió hace ya tres meses. De acuerdo a la documentación mencionada, Aena considera que las diferentes instancias administrativas dependientes del Ministerio de Transportes están alterando el calendario judicial. La última colisión entre la empresa y la Administración se ha producido por decidir qué instancia judicial es la competente para resolver este entuerto.
Aena entiende que el Supremo debe seguir examinando la causa, pero tanto la Abogacía del Estado como el Ministerio Fiscal han presentado alegaciones para retrotraer el proceso y provocar así que empiece de cero en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El origen de esta disputa son los tiempos que se ha marcado el Ejecutivo para contestar a Aena a través de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), primero, y desde la Secretaría General de Transportes, después.
Aena cree que el galimatías judicial que se ha generado puede tener "un alcance indeterminado e inasumible"
En concreto, la DGAC nunca contestó a la reclamación del gestor aeroportuario durante los seis primeros meses tras su solicitud, en 2021, lo que motivó que Aena entendiese que existía silencio administrativo y, por tanto, solo quedaba abierta la vía judicial. Pero iniciado el proceso en el Supremo, la Secretaría General de Transportes sí se pronunció -en sentido negativo- y cambió los planes de Aena. Esto provocó un galimatías que, en opinión de Aena, le está perjudicando hasta llevarle a un "peregrinaje judicial y administrativo de un alcance temporal indeterminado e inasumible".
Pese a sus alegaciones, la Sala del Supremo ha razonado en favor del Abogado del Estado. La resolución: la batalla no se librará en el Supremo y pasará al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJCAM), concretamente a la Sala de lo Contencioso Administrativo. El pulso de la compañía presidida por Maurici Lucena consume de esta forma más tiempo sin apenas avances y a la espera de conocer, al menos, una primera decisión.
Qué hay en juego
Aena busca en los juzgados una reparación de sus cuentas por haber sido gravemente golpeada por la pandemia. La crisis sanitaria le obligó a cerrar sus aeropuertos y más tarde a acometer grandes inversiones para proteger la salud de los viajeros. Conseguir un reequilibrio económico, a su juicio, es posible porque así figura en la Ley 18/2014 que articula el Dora, el documento que regula las inversiones de Aena cada cinco años y que sirve como marco de entendimiento con las aerolíneas que operan en los aeropuertos de su red.
Esta normativa refleja que Aena puede ser compensada por circunstancias excepcionales (artículo 27). El gestor aeroportuario entiende que puede acogerse a este extremo en el antiguo Dora, fijado para el periodo 2017-2021, por los efectos de la crisis del coronavirus. La razón: la ley habla de que las razones quedarán acreditadas cuando se prueben efectos sobre la viabilidad financiera de la red de aeropuertos o, también, reducciones anuales del tráfico de más del 10%.
Aena considera más que acreditadas ambas circunstancias. Solo en el primer año del coronavirus, la compañía pasó de beneficios récord a perder 127 millones de euros y se anotó una caída del tráfico de pasajeros de más del 70%. Por si no fuera suficiente, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) examinó los gastos e ingresos de la compañía y elaboró un informe en el que entendió que el coronavirus le había ocasionado un déficit de tarifas de 1.365 millones en 2020.
En sus últimas cuentas trimestrales, Aena explicó a finales del pasado mes de abril ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su propuesta de modificación del Dora estaba "·en línea" con aquellas que habían sido "adoptadas por los reguladores de diversos países europeos en los que se ha reconocido el desequilibrio económico sufrido por los gestores aeroportuarios con motivo de esta crisis sanitaria".
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