Aena afirmó que no iba a acatar la modificación de la Ley de Transporte Terrestre y ya ha dado muestras de ello. La compañía presidida por Maurici Lucena ha avanzado en su camino hacia el Tribunal Constitucional, con la interposición de hasta 26 recursos de inconstitucionalidad que tumben la modificación de la disposición transitoria séptima de esta normativa en el Congreso de los Diputados. El cambio adoptado obliga a Aena a reconfigurar los acuerdos con sus inquilinos en función de la evolución del tráfico aéreo y no mediante la propuesta que la propia compañía ofreció a tiendas y restaurantes tras la pandemia del coronavirus.
Los recursos presentados por Aena se están solicitando a cada órgano judicial para que, antes de que resuelva la cuestión de fondo en discusión, plantee una cuestión de inconstitucionalidad al amparo del artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Esta norma marca que un juez -o también una sala- puede considerar que una norma con rango de ley aplicable al caso que se está analizando puede ser contraria a la Constitución. La decisión puede tomarse de oficio o a instancia de parte.
La estrategia de Aena se ha puesto en marcha tras consultar a juristas de prestigio. En concreto, a uno: Tomás de la Quadra, quien fuera ministro del Gobierno socialista de Felipe González en distintas etapas - primero al cargo de la cartera de Administración Territorial y más tarde se puso al frente del Ministerio de Justicia-. La compañía ha firmado con el ex alto cargo un contrato a cinco años, que variará en función de las diversas actuaciones profesionales que podrán llegar a realizarse.
Según explica Aena en su memoria anual, si un órgano judicial accediera a lo solicitado suspenderá la resolución del procedimiento y elevará una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Una vez planteada esta cuestión de inconstitucionalidad, en cualquiera de los procedimientos judiciales pendientes "lo razonable sería que en el resto de juzgados y Tribunales eleven nuevas cuestiones o que los asuntos no se resuelvan hasta que el Constitucional haya decidido", afirma ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Aena está en manos de los jueces porque carece de legitimación para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, a diferencia del Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o un grupo formado por 50 diputados y senadores. "El planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad no es un derecho de la parte que la plantea", explica Aena para defender su estrategia, sobre la que considera que los casos en disputa su planteamiento "estaría sólidamente justificado" este recurso. Hasta el momento, ningún juez ha apreciado cuestión de inconstitucionalidad alguna.
Golpe desde el Congreso
Todo el revuelo generado se debe a la modificación de la disposición adicional séptima de la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre el pasado mes de octubre. Esta norma fue aprobada con los votos del PP, parte de Vox, ERC y el PNV -PSOE y Unidas Podemos se abstuvieron- y ha supuesto para Aena una merma de ingresos de 727 millones en 2021, según las previsiones divulgadas este miércoles por los principales directivos de la compañía. La previsión es que el recorte se agrande en los próximos años hasta sumar 1.300 millones de euros, cifra que en un primer momento era mucho mayor para Aena (1.500 millones de euros) y para los analistas que siguen a la compañía.
Aena asegura que ha recibido más autos favorables que contrarios en su pulso con los inquilinos 'rebeldes'
La nueva ley que marca la negociación de los alquileres ha sido contestada públicamente por Aena en distintas ocasiones. La más sonada la protagonizó el propio Lucena, quien aseguró que la normativa se traduciría en que millones de euros irían a parar directamente a los "bolsillos" de grandes multinacionales controladas por fondos de inversión. El presidente de Aena se refería indirectamente a gigantes como SSP, Áreas, Ibersol y Dufry, cuyos contratos con el gestor aeroportuario son muy significativos -son los propietarios de cadenas como Burger King o Pans & Company-. Las tres empresas han judicializado el conflicto con Aena y han conseguido la paralización de ejecución de los avales de las tiendas y permanecer en ellas.
Pese a estos fallos, Aena indica que el resultado global no es tan desfavorable. Desde la fecha de inicio de la controversia judicial hasta el cierre del ejercicio 2021, Aena ha sido notificada de 56 autos de medidas cautelares, de los cuales 24 son favorables a Aena y 20 son contrarios. El resto (12) contempla un reconocimiento parcial. Todas las desfavorables, además, han sido recurridas en apelación. El número de resoluciones promete con ir subiendo en los próximos meses, después de que grupos como McDonald's, las tiendas del FC Barcelona o de la cadena de ropa Desigual también hayan optado por no acogerse a la oferta que Aena les lanzó tras la llegada de la pandemia.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios