El juez de la Audiencia Nacional encargado de investigar el famoso caso Vitaldent ha propuesto que se juzgue a medio centenar de implicados, entre los que se incluye al antiguo dueño de la compañía, Ernesto Colman, debido a la supuesta comisión de "fraudes masivos" que se cometieron durante varios años, además de las acusaciones por estafa a sus franquiciados.
Tras siete años de investigación en la Audiencia Nacional y un archivo revocado, el juez Manuel García Castellón ha procesado a casi medio centenar de personas por delitos como pertenencia a organización criminal, estafa, delito de apropiación indebida y blanqueo de capitales, según el auto de pase a procedimiento abreviado, al que ha tenido acceso EFE.
Entre los procesados destaca el exdueño de la compañía Ernesto Colman, que pasó 15 meses en prisión preventiva por esta causa, y su "apoderado de confianza" en varias empresas, Bartolo Conte, a quienes el juez sitúa al frente de una "estructura organizada" desde 2005 hasta que comenzó la investigación, según el auto, contra el que cabe recurso.
Un modelo abusivo
El "objetivo final" era "la comisión de fraudes masivos (de índole tributaria y contractual) y el blanqueo de los beneficios" en el marco de una operativa en la que "participaban sociedades franquiciadoras, sociedades franquiciadas y sociedades de asesoría contable, fiscal, laboral y de servicios, con ámbito espacial no circunscrito a España", que se extendía a Holanda, Suiza y Luxemburgo.
Relata el juez en su auto cómo Colman habría creado una "estructura societaria y de franquicias" que dio lugar a "un modelo abusivo que buscaría el enriquecimiento de la organización" a través de diferentes vías, como la imposición de sobrecostes a los franquiciados o "el desvío del canon de publicidad abonado por los franquiciados a otros fines".
A diferencia de lo publicitado, dice el juez, los beneficios o descuentos que obtenía la marca no redundaban en los franquiciados, que se veían obligados a pagar un canon del 11%, lo que se traducía en un incremento en el precio que debían pagar y "en el caso de las prótesis, en una disminución de su calidad".
El juez destaca la existencia de una supuesta contabilidad B que generaba "grandes cantidades de dinero opaco fiscalmente". La forma de operar consistía presuntamente en que cada clínica podía generar en "B" la cantidad mensual elegida, debiendo entregar "el 10% de lo 'ennegrecido' a la organización".
Para ello, explica el auto, se habría establecido "un sistema de recogidas de dinero en efectivo", que se entregaba en metálico en las reuniones anuales de los franquiciados, aunque también se exigiría el pago de 10.000 euros mensuales en efectivo "a las clínicas propias y a algunos franquiciados de confianza".
El juez ha detectado la fijación de precios superiores a los del mercado en algunos productos a través de un programa informático o mediante la prohibición de hacer descuentos "a pacientes diferentes a los autorizados".
Para ilustrar el supuesto sobrecoste, el juez explica que si, por ejemplo, una clínica colocaba 500 coronas sobre implantes, el precio que le cobraba el laboratorio de Vitaldent por la corona era 55.500 euros, mientras que el que hubiera cobrado otro laboratorio descendía 27.500 euros, "de donde se extrae un notable beneficio para la central en perjuicio del franquiciado". También ha constatado la existencia de "franquiciados colaboradores" que habrían cooperado con "la organización criminal" en perjuicio del resto de franquiciados. A cambio "se les establecían mejores condiciones".
Con esta estructura, Colman habría contratado con franquiciados de España, Italia, Polonia y Portugal "condiciones que le permitían obtener grandes beneficios al gestionar todas las fases de formación, publicidad, arrendamiento de locales, material de implantes, proveedores, pago de canon de franquicia", etcétera.
En octubre de 2021 el juez archivó la causa, que surgió de una denuncia de los franquiciados de Vitaldent, al considerar que no había quedado acreditada la estafa, pero dos meses después, la Sala de lo Penal revocó esa decisión al entender que concurrían "sólidos indicios de comisión presuntamente delictiva".
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