La Audiencia Nacional ha acordado que la sanción que se impuso el pasado mes de julio contra Acciona por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sea suspendida de forma cautelar. Esta sanción imponía una multa de 29,4 millones de euros y la prohibición de hacer contratos con la Administración Pública.
Los 29 millones formaban parte de un paquete de sanciones de 203,6 millones de euros que se han impuesto a las principales constructoras del país: Acciona, Dragados de ACS, FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr. La justificación a estas multas se ampara dentro de las alteraciones de las licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil que estas empresas realizaron durante 25 años en nuestro país.
La plenitud de estas empresas ha recurrido dichas sanciones, además de Acciona, OHLA, Sacyr y Ferrovial también han obtenido la cautelar que suspendería las sanciones de 21,5, 16,7 y 38,5 millones respectivamente, dentro de esta perspectiva, se les retirará la prohibición de contratar interpuesta por el regulador. No obstante, las sanciones más grandes destinadas a Dragados y FCC de 57,1 millones y 40,4 millones aún están pendientes de resolución.
Intercambios de información
Desde 1992, estas compañías han mantenido reuniones semanales en las que decidían los contratos públicos con los que podían compartir ciertos trabajos técnicos para una parte de sus ofertas. Desde la CNMC defienden que también se realizaban intercambios de información sobre las estrategias de prestación a los concursos públicos de hospitales, puertos, aeropuertos y carreteras.
Algunas de estas empresas, como ACS, Ferrovial, OHLA o Acciona, también han logrado ya otras suspensiones y anulaciones de otra sanción total de 61 millones de euros, interpuesta en agosto de 2021, por formar parte de un cártel consistente en la alteración de las licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras convocadas por el Ministerio de Fomento desde 2014 a 2018.
Dentro de este procedimiento fueron sancionadas concretamente: API, filial de ACS multada con 11,8 millones, Alvac con 5,8 millones, Ferroser con 5,7 millones, Copasa con 5,6 millones, Elsamex con 4 millones, Innovia con 3,3 millones, Aceinsa con 3,2 millones, Elsan con 3 millones, Acciona con 2,3 millones, Audeca con 2,6 millones y FCC con 8,5 millones.
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