La declaración del exministro de Industria José Manuel Soria en el juicio contra Iberdrola Generación por posible manipulación del precio de la luz durante las últimas semanas de hace 2013, se ha aplazado 'sine die'. La cusa, los problemas de agenda alegados por el político, según recoge la agencia Efe. Quien sí acudirá mañana a la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares (Madrid) es el que fuera secretario de Estado de Industria, Alberto Nadal, citado, al igual que Soria, como testigo.
El juzgado central de lo Penal trata de esclarecer si hubo un supuesto delito contra el mercado y los consumidores relacionado con el presunto encarecimiento artificial de la luz en el invierno de 2013, y en la causa figuran como acusados Iberdrola Generación y cuatro de sus entonces directivos y empleados. El incremento de precios registrado en el mercado mayorista en el mes de diciembre repercutió en la subasta Cesur para el suministro a tarifa, que cerró con un incremento del componente energético del 25,6% que hubiera supuesto una subida de la luz de más del 10%.
En aquel contexto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidió no validar la subasta, lo que llevó al Gobierno a suspender su aplicación y fijar un repunte del 2,3% en la tarifa para el primer trimestre del año. La Fiscalía sostiene que Iberdrola Generación, "con la finalidad de provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores, ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de oferta y demanda".
Subida del precio de la luz
Tras aquella subida del precio de la luz, la CNMC abrió a Iberdrola Generación un expediente administrativo y le impuso una multa de 25 millones de euros -que la compañía ha recurrido-, si bien puntualizó que no se trataba de un ilícito penal. Anticorrupción solicita una multa de casi 84,9 millones de euros para Iberdrola Generación España, y dos años de prisión e inhabilitación y multa de 12 meses con una cuota diaria de 400 euros para las personas físicas involucradas en el caso.
En la causa se encuentra personada la organización de consumidores Facua, que ejerce la acusación particular y solicita tres años de cárcel para los directivos y una multa de 107,5 millones de euros para la compañía, equivalente al quíntuple de dicho beneficio.
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