Un exgestor de Iberdrola Generación dice que otras firmas también subieron la luz

José Luis Rapún, exresponsable de gestión de activos y operación de Iberdrola Generación, ha declarado este miércoles en la Audiencia Nacional que la compañía eléctrica "no fue la única ni la que más subió el precio de la luz a finales de 2013·. Rapún, que se ha sentado ante el juez como acusado, ha declarado en la segunda sesión del juicio que comenzó este lunes. Ha achacado que el aumento del precio de la luz en el período comprendido entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013 se debió a diversos factores. 

En concreto, Rapún ha aludido a "la mayor demanda por las bajas temperaturas, la escasez hidráulica, la poca aportación de las energías renovables y los elevados costes del suministro de gas por problemas de abastecimiento desde Argelia". Todo ello, ha explicado a preguntas del Fiscal, provocó que "no sólo Iberdrola Generación, sino todas las compañías" tuvieran que elevar el precio de comercialización de la electricidad.

El juzgado central de lo Penal trata de esclarecer si hubo un supuesto delito contra el mercado y los consumidores relacionado con el presunto encarecimiento artificial de la luz en el invierno de 2013, y en la causa figuran como acusados, además de Rapún, la propia Iberdrola Generación y otros tres ejecutivos.

Sistema de fijación de precios de la luz 

Rapún ha reiterado lo que ya declararon este lunes en sede jurídica el exdirector de gestión de energía de Iberdrola Generación Ángel Chiarri, y el que fuera responsable de optimización, gestión de recursos y trading Gregorio Relaño. Todos ellos se han referido al sistema de fijación de precios de la luz, un proceso prácticamente automático que obedece a la introducción de una serie de variables con las que se calcula el resultado final.

Rapún ha reiterado que el precio de la luz es independiente de las previsiones comerciales de la compañía, y ha desvinculado al consejo de administración de Iberdrola Generación de este proceso, que se realiza mediante las propuestas de los operadores que manejan "cientos de herramientas y datos". Del mismo modo, ha asegurado, que el consejo no se dirigió nunca al equipo encargado de calcular el precio y organizar las ofertas, tampoco recibía información detallada del proceso, ya que "se reunía dos o tres veces al año".

En el mismo sentido, el representante legal de Iberdrola Generación ha explicado, a preguntas de la Fiscalía, que se revisaba "todo el proceso de formación de precios", que "no llegaba al consejero delegado porque esto no estaba entre sus funciones", si bien sí existía una persona concreta del departamento de cumplimiento normativo o "compliance", según recoge Efe. 

"No llegaba al consejero delegado porque esto no estaba entre sus funciones"

La Fiscalía sostiene que Iberdrola Generación, "con la finalidad de provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores, ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de oferta y demanda". Tras aquella subida del precio de la luz, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abrió a Iberdrola Generación un expediente administrativo y le impuso una multa de 25 millones de euros -que la compañía ha recurrido-, si bien puntualizó que no se trataba de un ilícito penal.

Para justificar los elevados precios de la luz en aquella semana de 2013, otro de los acusados que ha declarado hoy, Javier Paradinas -que fuera responsable de mercados a corto plazo y operación global-, ha relatado que "el valor del agua llegó a equipararse al valor del gas". Anticorrupción solicita una multa de casi 84,9 millones de euros para Iberdrola Generación España, y dos años de prisión e inhabilitación y multa de 12 meses con una cuota diaria de 400 euros para las personas físicas involucradas en el caso.

En la causa se encuentra personada la organización de consumidores Facua, que ejerce la acusación particular y solicita tres años de cárcel para los directivos y una multa de 107,5 millones de euros para la compañía, equivalente al quíntuple de dicho beneficio.