La dirección de ArcelorMittal ha propuesto este miércoles a los sindicatos con representación en la empresa un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causas productivas para todos sus centros en España, a excepción de Condesa, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023. La siderúrgica ha aducido la guerra en Ucrania, la caída de la demanda de pedidos, el coste de la energía y el aumento de las importaciones de países extracomunitarios para presentar este expediente, según han indicado fuentes sindicales.
El ERTE será negociado en el seno de una mesa integrada por los sindicatos UGT, CCOO, ELA, LAB y USO, que ha quedado constituida en una reunión celebrada en Etxebarri (Vizcaya). El expediente viene provocado por una situación coyuntural que está provocando que la oferta de acero en el mercado europeo sea muy superior a la demanda que hay interna en el Viejo Continente, ha explicado UGT en una nota que recoge Efe.
"Se está utilizando a los trabajadores como rehenes para conseguir sus fines estratégicos con los diferentes gobiernos a nivel europeo"
Los países importadores no tienen que pagar los mismos peajes en materia medioambiental que los fabricantes europeos y tampoco tienen que cargar con unos costes energéticos tan elevados como los que se está sufriendo en la eurozona en el último año. Por otra parte, la empresa ha explicado que tiene que adaptar la marcha de las instalaciones a la parada de uno de los dos altos hornos de Asturias, lo que va a provocar paradas intermitentes de las instalaciones aguas abajo en la mayoría de las líneas acabadoras.
La empresa, que ha hecho entrega a las organizaciones sindicales de la memoria explicativa y el informe técnico para su análisis, ha propuesto que la vigencia del expediente sea hasta el 31 de diciembre de 2023, dada la incertidumbre que hay en la primera parte del próximo año.
UGT ha expresado sus dudas sobre las causas que la empresa plantea como justificación de este expediente y ha considerado que “se está utilizando a los trabajadores como rehenes para conseguir sus fines estratégicos con los diferentes gobiernos a nivel europeo”.
Por su parte, CCOO ha remarcado que no comparte “los cansinos y anticuados argumentos defendidos por la empresa”, pero ha dicho que estudiará en detalle la documentación entregada para poder valorarla detenidamente. CCOO ha pedido que se minimicen los perjuicios económicos para la plantilla y que se garantice una aplicación equitativa y rigurosa del expediente, “que evite las tropelías cometidas en anteriores ocasiones”.
