Viernes, 16.11.2018 - 20:07 h
Ya lo lograron con las cláusulas suelo

Los 'Arriaga' buscan hacerse de oro (otra vez) gracias al impuesto de las hipotecas

Despachos como Arriaga, Rosales o Triviño crecieron al calor de los casos colectivos contra la banca y se preparan para un aluvión de demandas.

Jesús María Arriaga junto a Casillas, una de las caras visibles de su bufete.
Jesús María Arriaga junto a Casillas, una de las caras visibles de su bufete. / EFE

En mayo de 2013 el Tribunal Supremo dictó una sentencia histórica. Declaraba abusivas las cláusulas suelo que fijaban en las hipotecas no son válidas. Una decisión clave que marcó un antes y un después en el sector de la banca. Y también en el de los bufetes de abogados. Arriaga Asociados era la punta de lanza de estos despachos que buscaban en estos abusos crear negocio. Ahora, esta firma junto con otras como Bufete Rosales o Triviño velan armas ante un posible aluvión de casos con el impuesto de las hipotecas.

Antes de las cláusulas suelo, llegaron las preferentes. En 2011, antes de constituir la sociedad, Jesús María Arriaga se volcó en las acciones preferentes de Bankia. Era sólo el inicio de una carrera fulgurante y de un giro en el modelo de abogacía. Un modelo que ha cambiado lo que siempre se entendió como un bufete de abogados.

El modelo que les ha llevado hasta hoy

Tres son las claves. Por un lado, el uso de la publicidad masiva: sólo en 2016, último ejercicio disponible, los gastos de explotación (al margen del personal) rozaron los 7 millones de euros. En 2015, cuando aterrizó el portero español hoy en el Oporto, Iker Casillas, como imagen de la compañía, se disparó un 215% hasta los 12 millones. A esto suma una presencia física en lugares muy concurridos, como centros comerciales. El despacho cuenta con cerca de medio centenar de oficinas repartidas por toda España, abiertas en los dos últimos años, tras arrancar en el centro comercial Isla Azul de Madrid.

La tercera clave de su modelo tiene que ver con el funcionamiento. Se trata de un proceso sistematizado de la gestión de demandas, con el único objetivo de hacer frente al mayor número de casos posible. Toda una ‘cadena de producción’ que va desde la captación, hasta los recursos, pasando por las vistas orales.

Su modelo de negocio, cobrando un primer pago y luego entre un 10 y un 15% en las sentencias favorables, le ha permitido crecer de manera masiva. En 2016 rozaron los 40 millones de euros de ingresos y en 2017 superaron los 50 millones. Su planteamiento no ha estado exento de crítica, por su excesiva rentabilización (el ingreso medio por empleado no ha dejado de crecer hasta los 117.000 euros).

El impuesto de las hipotecas, otro más

Es la punta de lanza de un grupo de bufetes especializados en estos procesos masivos. Bufete Rosales, Triviño Abogados… Todos tratan de pescar en este río revuelto de la banca, tras las diferentes sentencias judiciales que se han ido sucediendo en el último lustro. Cláusulas suelo, preferentes, hipotecas multidivisa, gastos de la hipoteca, reclamación de la plusvalía… Los frentes son numerosos.

Ahora surge otro con el que se vuelven a frotar las manos: el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. El Tribunal Supremo tiene sobre la mesa una decisión clave: dilucidar si ese gasto debe afrontarlo el banco o el prestatario. Una primera sentencia conocida el pasado 18 de octubre decía que debía ser el primero. Pero el presidente de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha decidido suspender la ejecución de la efectividad de este pronunciamiento a la espera de una sentencia del pleno de la Sala.

Hay mucho en juego. Todos estos bufetes ya se han movilizado. Incluso, algunos como Bufete Rosales, han pasado al ataque. “Es un auténtico pucherazo, una vergüenza y una sinrazón sin precedentes en España”, aseguraba José Plaza Frías, abogado y socio director de este despacho, quien aseguraba que aconseja a sus clientes y a los afectados “que salgan a la calle a protestar, ante las puertas del Supremo, para impedir que se consume una felonía, un atraco a los ciudadanos, con el consentimiento y beneplácito del Gobierno de turno”.

Otros despachos como Triviño Abogados o el propio Arriaga Asociados ya están tratando de captar clientes desde su web. Hay mucho dinero en juego. Las estimaciones van desde los 4.000 a los 9.000 millones de euros de coste para los bancos, que deberán devolver ese dinero a la Hacienda Pública y ésta, a su vez, a los ciudadanos.

Todos miran ahora a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Los 31 magistrados deberán pronunciarse en los próximos días sobre esta sentencia. Mientras esto sucede, los ‘Arriaga’ velan armas ante lo que puede ser una nueva (y jugosa) batalla legal contra la banca.

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