La presentación de las cuentas de resultados de 2023 de los cinco principales bancos españoles -BBVA, CaixaBank, Banco Santander, Banco Sabadell y Bankinter- ha avivado la polémica en torno a sus beneficios. Desde el Gobierno, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha aprovechado esta 'semana grande' para insistir en que deben "contribuir más para que la crisis no la paguen los de siempre". La vicepresidenta segunda ha realizado estas declaraciones en la Ciudad del Vaticano tras un encuentro privado con el Papa Francisco. Su intervención ha coincidido en el tiempo con la celebración en Valencia de una rueda de prensa de CaixaBank para dar cuenta a la prensa sobre el balance de su actividad durante el ejercicio pasado.
En conjunto, las citadas entidades han contabilizado un beneficio bruto que se acerca a los 38.800 millones en los últimos doce meses, tal y como ha recordado la propia Díaz. A esta cifra hay que descontar el pago de impuestos, cuyo importe asciende a más de 12.600 millones, de tal manera que el beneficio neto ha sido ligeramente superior a 26.000 millones, un 26% más, influido por el hecho de que
Santander, Bankinter, Sabadell y BBVA han pulverizado marcas récord batiendo, incluso, las expectativas de los analistas. CaixaBank, por su parte, se ha quedado por debajo de los 5.226 millones alcanzados en 2021 debido a la plusvalía de 4.300 derivada de su fusión con Bankia. Sin tener en cuenta este efecto, también habrían sido los mejores doce meses de su historia.
Esto supone que durante el 2023 destinaron casi un tercio de lo que ganaron a cargas tributarias, según los datos recabados por La Información. Unos números que han agravado las diferencias entre la banca y Moncloa en mitad de una batalla cuyo origen se remonta a mediados de 2022, cuando anunciaron la creación de una tasa extraordinaria. El pulso ahora se centra en si finalmente pasará de ser una figura tributaria temporal a permanente, algo que ya tantean desde el Ejecutivo. Con esta posibilidad en el horizonte, las críticas del sector han sido una constante.
Desde la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, que ha instado a seguir dando batalla para eliminar la tasa, al presidente de BBVA, Carlos Torres, que ha tachado de "contraproducente" la medida tributaria, el rechazo es frontal. De su lado, Ana Botín (Banco Santander) ha argumentado que este tipo de gravámenes perjudican la economía. "La mejor manera de elevar la recaudación es conseguir que las empresas crezcan más, que es uno de los grandes retos para Europa", enfatizó en su momento Botín para añadir que el "crecimiento sostenible pasa por el sector privado, que es el que pagando sus impuestos genera los servicios sociales".
Estas críticas se producen después de la ronda de reuniones entre el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y los primeros espadas del sector hace una semana. Tras agendar un encuentro con el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet y el CEO de ING para España y Portugal, Ignacio Juliá, todavía falta por cuadrar agenda con Dancausa. En esta toma de contacto con Cuerpo en su nueva responsabilidad, la banca pidió una revisión del mismo, tal y como publicó este medio. Se escudan en el "carácter discriminatorio" al dejar fuera a aquellas que ingresan menos de 800 millones en margen de intereses y comisiones factor que, a su juicio, deja fuera a las firmas extranjeras que operan en España.
A esto hay que añadir que en la prórroga del tributo se suavizaron las condiciones para las compañías energéticas al permitir deducir inversiones estratégicas relacionadas con proyectos industriales y la descarbonización, mientras quedó intacto para la banca. Por esta razón, Torres (BBVA) ha propuesto la posibilidad de que puedan deducirse la financiación verde. Otra de sus quejas radica en el hecho de que se pueden registrar pérdidas y tener que hacer frente a este desembolso. En este sentido, su entrada en vigor el año pasado restó 1.046 millones a las cinco mencionadas. CaixaBank fue la tuvo que afrontar un importe mayor (373 millones). A esta le siguieron Banco Santander (224), BBVA (215), Banco Sabadell (157) y Bankinter (77). De cara a este 2024, el monto se eleva a 1.408 millones.
Con la mirada puesta en cuándo el BCE iniciará la bajada de los tipos, el sector confía en que este 2024 también será positivo para el negocio bancario con cifras que pueden ser incluso mejores, según han anticipado BBVA, Santander y Sabadell. Sus perspectivas contrastan con la de los analistas que advierten del riesgo de que los ingresos por intereses se aproximan a su techo. De hecho han asegurado que la industria bancaria española será una de las más afectadas por la caída del euríbor desde los máximos de septiembre, dado que la mayoría de las hipotecas están referenciadas a este índice en España. A esto se suman unas perspectivas de estancamiento para el negocio hipotecario en España, que ya se han comenzado a detectar en el tramo final de 2023, situación en la también ha influido el aumento de las amortizaciones hipotecarias.
