Las autoridades involucradas en la resolución del Popular se han volcado en valorar y felicitarse sobre lo providencial que resultó contar con una oferta del Santander, sin detallar en exceso la letra pequeña de lo que estaba en juego de fracasar la venta. El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, destapó ayer que el riesgo a quitas en los depósitos era real. Se trata de un asunto controvertido a raíz de las sospechas de que empresas y entes del sector público pudieron recibir algún tipo de chivatazo que les movió a llevarse el dinero del Popular a manos llenas agravando su mortal asfixia.
“Si no hubiera habido un comprador, un banco bastante potente como para hacerse cargo del problema del Popular (con sus activos y sus pasivos), ese banco habría entrado probablemente en liquidación y eso hubiese significado un ‘bail-in’ o pérdida para todos los acreedores y depositantes”, refirió Linde durante su comparecencia en la Comisión que investiga en el Congreso la crisis y el rescate bancario. “Es muy dudoso -relató- que el Fondo de Garantía hubiese tenido fondos suficientes para hacer frente a esos depósitos (...) Una solución alternativa hubiese sido mucho peor en todos los sentidos. El escenario hubiese sido catastrófico para España y para la Economía”.
El vehículo de la banca apenas contaba con 1.600 millones frente a los 71.500 millones gestionados por la entidad. Como el Fondo de Garantía protege el dinero hasta 100.000 euros por titular, el Tesoro hubiese tenido que socorrerle con, al menos, 30.000 millones de euros como había confirmado en algún momento el Ministerio de Economía. Los dueños de los 40.000 millones restantes habrían tenido que esperar, en cambio, a la venta del patrimonio en liquidación para conocer si recuperarían dinero y cuánto, junto al resto de acreedores.
En el rescate ‘bail-in’ las pérdidas son privadas, es decir, son los accionistas, inversores y acreedores los que absorben los quebrantos. En el Popular, propietarios y bonistas corrieron con parte del rescate porque la Junta Europea de Resolución (JUR) amortizó sus más de 3.000 millones de euros en valores de la entidad financiera, si bien la adjudicación al Santander ahorró un maltrago similar a los depositantes.
Aún cuando la regla europea es clara, hay que remontarse a aquellos días de junio para poner en valor la situación y al reconocimiento de Linde. A pesar de las crecientes dudas que rodeaban a la entidad, nadie en la calle -ni sus millones de clientes minoristas- sospechaba del colapso y, sin embargo, el sector público sí retiró en pocos días miles de millones de euros alimentando sospechas sobre acceso a información privilegiada.
El Ayuntamiento de Barcelona confirmó en carta a un inversor afectado por la resolución que sacó 295 millones, casi todo su dinero, la víspera de que el Popular se entregase al Banco de España por miedo a las quitas. En los primeros días de junio salieron además más de 1.000 millones de la Tesorería General de la Seguridad Social, 198 millones del Ejecutivo de Cristina Cifuentes, Sareb acabó de vaciar una cuenta que en marzo tenía 633 millones o la Comunidad Autónoma de Canarias rescató 396 millones, entre otros entes que ‘salvaron’ sus ahorros.
Linde reconoció que, vista los desastrosos derroteros de la entidad y con la información de la que hoy se dispone, fue un error no intervenir y nacionalizar el banco en 2012 cuando surgen los problemas, aunque el diagnóstico de entonces fue radicalmente distinto. Su fragilidad aflora con motivo de los ‘Decretos Guindos’ porque arrojan una factura de 7.700 millones en saneamiento y 1.300 millones en necesidades de capital; que Oliver Wyman elevaría meses después a 3.200 millones.
La consultora clasificó a la entidad en el grupo de las que necesitaban capital pero podían presentar “de modo creíble” un plan privado, refirió Linde. “Nos parecería que la entidad podía resolverlo por su cuenta y si podíamos quitarle peso a la ayuda que se pedía a Europa y el Popular daba garantías de que saldría adelante, era bueno” dejarle resolver de forma autónoma sus dificultades, excusó.
El banco avanza en la aplicación del plan y aprueba el examen de calidad al que el Mecanismo Europeo de Supervisión (MUS) sometió a las 123 entidades principales del Viejo Continente antes de asumir la supervisión dos años después. En 2014 sale sin tacha también en las pruebas de esfuerzo de la EBA y el BCE: “Superaba -recordó- en dos puntos porcentuales el mínimo exigido en capital en el escenario adverso y en tres el escenario central. El resultado no muy brillante, pero aceptable”.
Las alarmas saltan en 2015: “se empezó a apreciar un deterioro apreciable de la cartera de créditos y adjudicados” y en 2016 se comienza a observar un problema de huchas de provisiones, inferiores a la media, lo que provocó que el BCE “instó y aconsejó” ampliar capital. Levantó 2.500 millones en la operación hoy denunciada en los tribunales, de la que Linde subrayó que no requería autorización del supervisor e incluyó en su folleto los dos riesgos advertidos por el MUS: su previsión de presentar 3.400 millones en pérdidas porque precisaba destinar 4.700 millones a saneamientos.
En el arranque de 2017 comienza a fallar la liquidez
Según Linde, cumplía con la solvencia mínima exigible aunque los problemas de liquidez se declaran “ya a comienzos de 2017”, decidiendo a BCE y al Banco de España a tomar el pulso a este indicador “todos los días, y además varias veces” desde finales de marzo. El Banco de España, según desveló, está deseando sacar a la luz todo lo ocurrido aquellos días para despejar las dudas y suspicacias sobre la fatal gestión de una liquidez que acabó por cercenar el futuro del sexto banco nacional, aunque aún no lo permite el BCE.
En su defecto sostuvo que el organismo hizo “todo lo que pudo” sin poder entregar más fondos de los 3.800 millones dispuestos porque carecía de garantías, y que actuó en la concesión de la línea y en la fijación de quitas conforme a la normativa del BCE. Fuentes próximas al antiguo equipo gestor habían defendido, sin embargo, que puso hasta 40.000 millones en activos a disposición como colateral. “Estamos obligados absolutamente a pedir garantías, no podemos dar fondos sin colateral. Sería incurrir en un riesgo inaceptable, no para el Banco de España, sino para el Tesoro”, refirió. La razón es que el dinero no devuelto es quebranto para la institución.
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