Técnicos de DCN avalan que Béjar ordenó destruir documentos al estallar el caso

Dos directivos de Distrito Castellana Norte (DCN) y un técnico de la empresa Normadat confirmaron a la Policía a mediados del pasado mes de julio pasado que fue el propio Antonio Béjar, en su calidad de presidente de la compañía inmobiliaria, quien ordenó la destrucción de documentación de la empresa en dos ocasiones, si bien ninguno de ellos vio su contenido, según consta en las actas policiales de esos tres interrogatorios. La destrucción de esos documentos -34 kilos de papel dos discos duros y 19 CD’s- fue la razón por la que los fiscales del caso Tándem llegaron a inculpar al responsable de la empresa y pedir una fianza de medio millón de euros, que luego retiraron, y una de las causas principales por las que fue despedido del banco y de DCN, según consta en la carta de despido del banco.

Una de las claves que planearon el viernes pasado durante la reunión entre Béjar y el BBVA para llegar a un acuerdo laboral que evitase el juicio por el despido fue precisamente la destrucción de esa documentación, que en el banco entendían que se hizo incumpliendo un mandato de no eliminar ninguna prueba documental desde el mes de febrero, toda vez que a primeros de año se inició la investigación interna en la entidad por la posible implicación del caso Villarejo. El banco insiste en que esa orden de Béjar supuso una falta de confianza ante la cúpula de la entidad que le abocaba a al despido procedente, si bien luego todo se solventó con el acuerdo extrajudicial por el que el exdirectivo cobrará una indemnización de 1,7 millones de euros.

Según las declaraciones de los directivos de DCN que avalaron ante la policía la destrucción de todo ese material, una primera parte se produjo en febrero (todo el papel) y una segunda parte, ordenada directamente por el propio Béjar, se hizo entre el 24 y el 25 de junio del año pasado, apenas cuatro días antes de que el juez del caso, Manuel García Castellón, imputara al banco por la vía penal como persona jurídica, tras el anuncio del propio Béjar de que iba a detallar en la Audiencia como era la relación de la entidad con las empresas de Villarejo y a aportar la documentación que obraba en su poder.

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Entre los interrogados, un técnico de sistemas de DCN en julio de 2019 admitió que el propio Béjar le llamó a su despacho para que revisara un disco duro y “un pendrive de color plateado y con tapa metálica”, que luego le pidió que destruyera junto a varios CD’s que le entregó. El técnico contactó para ello con la empresa Normadat, que ya había destruido en febrero anterior los 34 kilos de papel y, tras tener el visto bueno de su director (que también fue interrogado), les encomendó la tarea.

Precisamente la aportación de esas pruebas documentales es lo que hizo que los fiscales retirasen apenas un día laborable después de haberlo pedido, la fianza de medio millón que querían para Béjar, como inculpado en el caso, para dejarlo en libertad provisional. El directivo aseguró en todo momento que el material que mandó destruir era de DCN y no tenía nada que ver con el BBVA y el caso Villarejo, pero fuentes jurídicas de las defensas implicadas en el caso mantienen sus sospechas sobre la veracidad de esos hechos y el rápido cambio de parecer de los fiscales. En uno de los audios que han salido a la luz en el sumario sobre este tema puntual, el fiscal admite que “solicitó en la jornada anterior unas medidas cautelares en relación al investigado” porque en aquel momento la investigación estaba basada por una evidente prueba de que se habían destruido los documentos, “y esos documentos en todo caso parecen haber sido aportados voluntariamente por el investigado”.

Es más, los fiscales aseguran que, “los términos de su declaración, que no pueden estimarse como una colaboración absoluta, pero sí de una relevante colaboración, suponen un compromiso con el procedimiento que implica necesariamente que el riesgo de fuga tenga que ser valorado de otra manera”, de forma que sería suficiente mantener al imputado en libertad provisional, sin la fianza pedida un día antes.

Fuentes de las defensas personadas en el caso aseguran que, aunque la veracidad de esa destrucción de documentos haya quedado saldada en el acuerdo al que se ha llegado con Béjar en el ámbito laboral, el cambio de postura de la Fiscalía en un solo día seguirá siendo una de las claves que van a manejar durante la instrucción de esta pieza del caso Villarejo y ante la hipotética apertura de un juicio oral, para poner en duda la validez de la colaboración de Béjar con la justicia, después de que se hubiera pedido una fianza millonaria para él.

El expresidente de DCN y exdirector de Riesgos del banco ha asegurado en todas sus declaraciones ante el juez que fue la cúpula de la entidad, bajo la batuta del expresidente Francisco González, quien ordenó la contratación de las empresas de Villarejo para investigar a los grandes morosos que les debían dinero en plena crisis inmobiliaria. Frente a ello, la carta de despido de la entidad mantiene que Béjar era el que dirigía los trabajos de Cenyt, verificaba los pagos y mantenía los encargos y el día a día de la relación, a sabiendas de que con la empresa de Villarejo colaboraba la Policía y a espaldas de la cúpula de la entidad, de forma que es en la persona de este exdirectivo donde la entidad centra el posible delito de cohecho.