Aunque el BBVA y su exempleado Antonio Béjar intentan desligar el asunto de su despido con el caso Villarejo, lo cierto es que lo que ocurrió este viernes en los juzgados de Madrid tiene incidencia directa en el devenir de la investigación penal por los encargos de espionaje presuntamente ilegales del banco. Tanto es así que la defensa legal de la entidad había citado para la vista contra su exdirectivo de Riesgos a los peritos de PwC encargados de elaborar la investigación interna (forensic) sobre los pagos al comisario jubilado.
El banco había sacado la artillería pesada para ganar la batalla legal contra Antonio Béjar, el cual siempre ha mantenido que la entidad prescindió de sus servicios en represalia a sus revelaciones en el caso Tándem. Béjar, que fue imputado junto con otros exaltos cargos de la entidad en una primera ronda de citaciones, se desligó desde un primer momento de la estrategia procesal adoptada por los otros altos cargos y ya desde su primera visita a la Audiencia Nacional decidió declarar por los encargos que costaron al banco 10,3 millones de euros. En ese entonces, el empresario todavía era presidente de Distrito Castellana Norte (DCN). Sin embargo se le cesó de este cargo a finales de julio, coincidiendo con nuevas visitas al juzgado.
Fue entonces cuando Béjar optó por colaborar con la Justicia aportando cantidad de documentos y detallando qué contratos determinados se firmaron con Cenyt, de qué departamentos se emitieron las facturas del banco y, lo más importante, quien estaba detrás de la orden directa de contratación. Sus manifestaciones junto con todo el material entregado por el banco provocó que la Fiscalía Anticorrupción retirara la petición de fianza de 500.000 euros que había solicitado para el exdirectivo de Riesgos, el cual, sufrió en ese momento la primera 'estocada' del BBVA al cesarle de la presidencia de DCN en el momento clave en el que se iba a sellar la operación Chamartín.
Despido que acabó en los juzgados
Apenas dos meses después, ya en septiembre, el banco acabó por dar la puntilla al exdirectivo díscolo acordando su despido procedente, tal y como adelantó este medio. Las razones aportadas por la entidad en la carta de rescisión del contrato fueron dos: por un lado su relación directa con Villarejo y, por otro, la destrucción desde la sede de DCN de documentación relativa a Cenyt y, por tanto, muy ligada a la causa penal en la que también está imputado el banco como persona jurídica. Béjar respondió llevando este asunto a los tribunales asegurando que su despido solo se podía entender como una represalia a la estrategia judicial adoptada. En lo relativo a la destrucción de cerca de una veintena de discos duros, el empresario se limita a asegurar que todo ese material del que se deshizo no guardaba relación alguna con el caso Villarejo.
Y con esas posturas tan encontradas las dos partes llegaron al juicio de este viernes. El Juzgado de lo Social número 12 de Madrid les había convocado a las 9.30 horas para un acto de conformidad con el fin de lograr un acuerdo que evitara la vista. La reunión poco se alargó y la salida de las defensas de la sala donde se iba a celebrar el juicio dejó entrever que no había mucho margen para el acuerdo. Sin embargo, las siguientes dos horas fueron un entrar y salir de los abogados de las partes los cuáles, a su vez, se iban reuniendo con sus diferentes equipos. Finalmente, y aunque la secretaria judicial llegó a pronunciar que daba comienzo la "audiencia pública", las negociaciones salieron adelante.
De este modo, el banco acordó un pago a Béjar de 1,7 millones de euros que se efectuará en abonos de 70.833,33 euros cada mes durante dos años a contar desde el próximo 25 de marzo. Por su parte, el empresario se comprometía a no ejercer competencia desleal contra la entidad ni contra su filial DCN por el plazo también de dos años y, además, aceptó la condición impuesta por la defensa del banco (que ejerce el despacho de Uría Menéndez) de devolver 910.000 euros del monto total percibido si finalmente resulta juzgado y condenado a más de un año de prisión por el caso Tándem.
"Nada que ver con Villarejo"
Aunque las partes insisten en desligar este asunto laboral de la causa penal, la realidad es que se hizo alusión a la misma en el acta de conciliación. Y no solo eso sino que, de haber prosperado la vista, hubieran participado en ella los peritos designados por PwC para elaborar el famoso 'forensic' sobre la relación laboral con Cenyt, la cual se remonta al año 2004 cuando el banco pidió espiar de cerca los movimientos de Sacyr para evitar un asalto al capital. Sea como fuere, dos expertos de la auditora estaban pendientes de participar en la vista contra Béjar, un nombre que sale a relucir en numerosas ocasiones en su investigación, todavía abierta.
Fuentes del caso consultadas por este periódico explican que los peritos se han centrado en todos los trabajos que se encargaron a Villarejo desde 2010, año en que se permite la imputación de las personas jurídicas tras la reforma del Código Penal. De este modo, la investigación interna trata de atribuir los pagos a Villarejo al departamento de Béjar. El área de Riesgos fue la que giró todas las facturas relativas a investigaciones patrimoniales e identificación de clientes morosos con la entidad, tales como los empresarios Fernando Martín (proyecto 'Fish') o Luis Portillo (proyecto 'Gate'). Precisamente ambos fueron algunas de las 'víctimas' de los trabajos parapoliciales del agente secreto para el banco por deudas de 50 y 60 millones, respectivamente.
Con todo, los peritos que iban a comparecer en la vista por el despido, están llamados a declarar este mismo jueves en la Audiencia Nacional para explicar las conclusiones de sus trabajos aportados a la investigación penal. El magistrado al frente del caso Tándem, Manuel García Castellón, acordó esta diligencia tras levantar el secreto de sumario, lo cual indica que los abogados de las partes podrán estar presentes en la testifical que presten el socio responsable de forensic en España de PwC, Javier López Andreo; el senior manager de este departamento, Alberto García Martín, y la gerente del forensic en la auditora, Leyre Zayas.
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